Sara Noemí Mata


Otros agandalles
15/Abril/2013

Hace una semana escribí sobre el uso abusivo e impune que la empresa de calzado Flexi hace de la vía pública para estacionamiento “privado” al frente de su complejo fabril. En las redes sociales donde comparto el artículo y en el periódico a.m. se recogieron el enojo y ejemplos de diversos ciudadanos en diversas partes de nuestra ciudad, que viven la usurpación cotidiana del espacio público a cargo de vecinos en lo individual o pequeñas y medianas empresas.

Hoy propongo analizar otro ángulo de la problemática del estacionamiento público y en vía pública. Me refiero al que propician las propias autoridades municipales con el agandalle que iniciaron administraciones panista anteriores y ha continuado la priísta actual de algunas calles céntricas que no permitían estacionamiento en vía pública pero que por artes de la señalética de Tránsito, un día amanecieron con exclusividad para el estacionamiento de vehículos oficiales y de prensa.

La adjudicación de estas calles -Motolinía y Juárez, por citar algunas- empezó con el espacio para unos tres o cuatro vehículos para el estacionamiento no prolongado, pero al paso de las semanas los límites de tiempo y espacio se han ido alargando y los habitantes de otras calles temen que la colonización de autos oficiales los alcance.

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha aprobado una forma diferente de abuso en contra de los ciudadanos automovilistas: a partir de este año se cobra a 7.50 pesos la hora de estacionamiento en el conjunto donde se ubica el IMPLAN, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sobre el bulevar Torres Landa, cerca del cruce con Francisco Villa.

¿Por qué sostengo que se trata de un abuso? Primero, porque el sitio es un lugar al que el ciudadano o contratista del municipio acude por una necesidad en que habitualmente uno no controla el tiempo que deberá permanecer en determinado trámite o gestión y en que no hay en los alrededores opciones de estacionamiento. Además, la tarifa que se ha impuesto sólo se aplica a los usuarios-ciudadanos, pues los burócratas disfrutan del servicio sin costo a través de una tarjeta. A estas alturas ya es más caro acudir a una oficina de gobierno que gastar unas horas en Plaza Mayor.

Informada por el personal que maneja las plumas de acceso en este lugar, el estacionamiento citado puede albergar hasta 290 vehículos y es previsible que al menos la mitad sea ocupada por funcionarios en vehículos propios u oficiales. Este conjunto que alguna vez se pensó como una delegación administrativa y al que le faltan una amplia área para seguir construyendo, siempre había funcionado con un limitado estacionamiento empedrado con lugares reservados para burócratas y un gran terregal para los coches de los ciudadanos. Luego se anunció inversión pública para “dignificar” el estacionamiento. La tierra aplanada se convirtió en una playa de asfalto y no les alcanzó para reforestar el lugar. Luego se puso la caseta; meses después las plumas y, por fin, el esquema de cobro. O sea: dinero público para construirlo y dinero del público para mantenerlo.

Cabe decir, que a pesar de la concentración de edificios públicos, en el lugar rara vez hay saturación del estacionamiento -ya he dicho que la dotación de terreno es muy amplia- por lo que el uno percibe que el cobro no es para regular un espacio limitado o competido, para brindar un servicio adicional -seguridad para el auto, sombra para el que espera- sino para amolar a los ciudadanos cautivos. Ni siquiera cabe, como se puede adelantar, una estrategia recaudatoria: ¿sirve cobrar la entrada a un lugar en que la mitad o más de los usuarios estarán exentos?, ¿a cuánto tendrán que ir escalando las tarifas de este estacionamiento para que se cubra el subsidio al aparcamiento de los coches oficiales?

Al final, lo que está detrás de esta errática y omisa colección de posiciones de las autoridades municipales frente al tema del estacionamiento público y en vía pública es la ausencia de una visión estratégica del espacio público y de una política coherente sobre cómo intervenir en la conflictiva que de suyo comporta; así como mitigar o, si se pudiera combatir, los impactos que la automovilización tiene sobre nuestro entorno urbano.

Quiero ser enfática: en mi opinión es retrógado y atentatorio contra el disfrute del espacio público y la respetuosa convivencia de peatones y automovilistas, de visitantes y residentes de una determinada zona, pugnar porque todo el estacionamiento en vía pública sea gratuito o porque el tenedor de un negocio deba garantizar el estacionamiento sin costo para sus clientes o visitantes. Pero no hay que perder las proporciones y los contextos: mientras el Municipio no se toma la molestia de sacar cuentas con el Señor Plascencia por usufructuar durante años una franja competida de vía pública para estacionamiento, le resulta fácil imponer una cuota a los ciudadanos que deben acudir y estacionarse ante sus oficinas de Torres Landa a tramitar un permiso oficial o presentar una queja, con lo cual los convierte de ciudadanos en vulgares clientes a los que hay que sacarles lo más que se pueda.

Si el gobierno municipal no empieza por asumir que estacionarse cuesta lo mismo si se va en un auto particular que en uno oficial y debe erogar por ello igual –en tiempo, dinero y esfuerzo- que lo que paga un ciudadano, temo que no se modificarán las políticas para el estacionamiento público y en vía pública y, lo peor, seguirá vaciándose de sentido toda la retórica de la movilidad integral y la vivificación del espacio público urbano.

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