Sara Noemí Mata


Castigar o corregir
25/Marzo/2013

Por estos días he vuelto a leer a Antonio Azuela de la Cueva, uno de los autores académicos que encuentro esencial para quien se quiere orientar en los disputados debates de lo público, en especial, del derecho en su relación con la ciudad y el medio ambiente.

He vuelto a su libro “Visionarios y pragmáticos: una aproximación sociológica al derecho ambiental”, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Fontamara, porque, sin ser ecologista, de una u otra forma me veo muy implicada, emocional, racional y profesionalmente en los cotidianos e incesantes conflictos ambientales que nos rodean.

Un fin de semana recorro, por invitación de activistas ambientales, los nuevos desarrollos residenciales de alto valor que se desplantan en la zona norte de León por La Patiña y la salida a Lagos, desmontando la vegetación propia y sustituyéndola por amplias avenidas con especies ornamentales muy diferentes de las originarias. Otro día, un amigo me comparte sus registros fotográficos de la contaminación por quemas que descargan las ladrilleras cercanas a su colonia y quizá a esa misma hora, un grupo de vecinas de una jacaranda en una avenida de la ciudad se disponen a velar en la calle para impedir que la poden con violencia o de plano, la talen. Cualquier otro día, cuando vuelvo a casa, veo que la arbolada cerrada que cubría los bordes del arroyo La Tinaja, en el centro del bulevar La Luz, se adelgaza paulatinamente porque se abren conjuntos comerciales sobre las márgenes.

Un buen colega defensor de los árboles me dijo hace unos días con absoluta decepción: “Qué se puede dialogar con el Director de Medio ambiente si el otro día declaró con todas sus letras que él no estaba obligado por ley a consultar a los vecinos o ciudadanos para autorizar una tala de árboles”. Las palabras citadas no fueron sacadas de contexto; la declaración del funcionario Fidel García Granados era exacta y verdadera; por otro lado, la reacción anímica y política de los defensores de los árboles no era extrema sino consecuente con su modo de pensar.

Sobre ello analiza Antonio Azuela al identificar en el campo ambiental dos posiciones sobre las que se mueven todos los actores. Por una parte, a la “disposición visionaria” se adscriben quienes consideran el ambiente como parte de una visión más amplia de la sociedad y la naturaleza por lo que se involucran en iniciativas de gestión siempre que se articulen a un cambio social global. Enfrente están los actores de “disposición pragmática” quienes admiten una definición acotada de lo ambiental y consideran su acción en función de los efectos prácticos considerados aceptables a partir de discursos científicos, económicos o tecnológicos. Todos los actores del campo ambiental, actúan en función de su posición visionaria o pragmática, pero especialmente cuando se trata de discutir una nueva ley o reglamento, o de aplicarlo.

A los grupos ecologistas hemos de situarlos entre los visionarios y a los administradores de las normas ambientales entre los pragmáticos; sin embargo, en la redacción de las normas ambientales también podemos rastrear enunciados del tipo primero o segundo según el momento en que se produjeron o las batallas simbólicas que uno u otro “bando” ganaron en la redacción de normas.

Con la ley en medio, lo que tenemos progresivamente en los conflictos ambientales de la ciudad es un colectivo de ciudadanos, activistas ambientales y organizaciones ecologistas cada vez más frustrados por lo que pueden lograr en la defensa del derecho a un ambiente sano y agradable y a un conjunto de autoridades agobiadas por la exigencia de cumplimiento de normas y procedimientos administrativos para los cuales no parecen tener la capacidad humana y presupuestal de enfrentar.

Una vía para superar esta insatisfacción permanente en casi cualquiera de los conflictos ambientales que nos brotan, consiste en recuperar algunas partes del análisis de Azuela, que él no pretende predicar como tales pero yo interpreto aplicables. La primera sería “restablecer la conexión entre lo que dicen las leyes, reglamentos, sentencias de los jueces, (los dictámenes administrativos) con las expectativas que en un principio las motivaron”. Por ejemplo las sanciones reparadoras del daño de una tala de árboles consistentes en reponer en efectivo o especie los árboles multiplicados por cinco por cada ejemplar talado, se presenta como ineficaz para restituir la afectación específica ocasionada a una zona habitada o insensible al tiempo que tomó el crecimiento de ciertos árboles o el cuidado que los grupos de vecinos empeñaron en su conservación.

Segundo: Bajar las expectativas sobre la ley y los reglamentos, para solucionar los intereses ambientales a fin de no poner en entredicho la legitimidad misma del derecho.

Tercero: Aceptar la “indeterminación” del derecho en la sociedad actual, es decir que es imposible normar tooooodos los posibles problemas o supuestos de crisis ambientales, que como ciudadanos interesados esperamos que se incluyan en las normas y aumentar las habilidades de los burócratas para lidiar con vacios normativos para que no devengan vacíos de autoridad y acción pública.

Cuarto: Aceptar, como parte del problema ambiental, la fragmentación institucional que cruza todo el campo ambiental, y

Quinto: Recuperar la importancia de la argumentación en la aplicación de las normas y procedimientos ambientales. Esta es quizá la clave para que visionarios y pragmáticos defensores del ambiente puedan seguir creyendo que la ley constituye un camino productivo para un mundo y ciudad mejores.

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