Sara Noemí Mata


Participación ciudadana y prevención de delitos
04/Marzo/2013

Auspiciado por el gobierno municipal y con recursos del Fondo para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) correspondientes al ejercicio del 2012, mañana martes se realizará el primer foro de Participación ciudadana en la prevención del delito.

La jornada incluye una conferencia con el especialista Ernesto López Portillo y en seguida cuatro paneles simultáneos que versarán sobre las políticas públicas en materia de participación ciudadana en gobiernos estatales, cultura de la legalidad, el tema que da título al Foro y finalmente la Presentación del Programa municipal de prevención social del delito de la presente administración.

En diversos ámbitos como el educativo, el ambiental o el del combate a la corrupción, la participación ciudadana se ha incorporado como la clave de una gestión pública legítima y eficaz de cualquier autoridad. Sin embargo, pocas veces hablamos entre nosotros mismos qué significa para cada actor, el gubernamental, el legislativo y los propios ciudadanos la acción de participar; quizá un foro como el que se anuncia sea ocasión de hacerlo.

Frente a definiciones de carácter jurídico de la participación ciudadana que ponen el acento en el derecho a tomar parte de las decisiones del poder público que le afectan a los ciudadanos, o en la que pone el énfasis en la facultad revisora que los ciudadanos poseen frente a sus gobernantes, me adhiero a la definición de participación que considera a ésta como la capacidad de contribuir sin obstáculos en todas las dimensiones de la vida de la comunidad y el país, asumiendo que este asunto de la seguridad pública, es uno de los componentes de la política, con afectaciones importantes en la vida económica, social y cultural.

Pensar la participación ciudadana como una capacidad para contribuir, implica que debe haber un marco legal que posibilite esa contribución, pero sobre todo, unas habilidades personales y colectivas, y un conjunto de herramientas que permita que la aportación se verifique; además, identifica obstáculos a la participación que, la definición no lo dice, pero no son únicamente legales, ni de legitimidad discursiva de parte del aparato burocrático; pueden ser incluso de la condición de género, de la situación económica de una comunidad o hasta del contexto geográfico de algún grupo social lo que limite su capacidad de contribución, de participación ciudadana.

Además, el foco en la contribución ciudadana obligaría a que los procedimientos y los mecanismos para captarla, la procesaran y gestionaran con igual o mayor cuidado de que no perdiera su carácter de aporte significativo y decisorio. Tiene también la ventaja de que, quizá por su familiaridad con el tributo o el impuesto, puede rastrearse su impacto en la realidad a la que se pide incorporar y no solamente quedar para el registro mediático o la foto de una evento social.

Así podríamos preguntarnos: ¿cuáles de nuestras acciones de participación ciudadana han contribuido a qué en materia de seguridad pública? ¿Cuáles de las que contemplan los planes y programas en la materia inciden a qué decisiones de política?, ¿qué impide que nuestra contribución, la de nuestros vecinos u organizaciones en las que militamos se entregue en el momento y forma oportuna?

La capacidad de contribuir en cualquier sociedad no es pareja, pero este enfoque nos debiera prevenir de un piso mínimo para poder hacerlo, o de algunos mecanismos para que haya grupos de influencia dominante y otros en la más completa marginalidad de la participación cívica; además, si bien la definición no lo aporta, parece claro que al ser una capacidad, consiste en un conjunto de habilidades y competencias que difícilmente se desarrollan individualmente, sino que se construyen en la interacción social y la educación consciente de los ciudadanos de su acción (o inacción) política.

Cocinado ya el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer

El pasado miércoles se aprobó por unanimidad en el Cabildo a las próximas integrantes del Consejo Directivo del IMM y está previsto que hoy les tomen la protesta en un acto protocolario encabezado por la Alcaldesa Bárbara Botello.

El actual cabildo aumentó en una las integrantes provenientes de la sociedad civil, que pasan de 6 a 7 y conserva una presencia masculina en dicho órgano directivo. Así, además de las dos regidoras (Bety Manrique y Vero García Barrios), los representantes de Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social y el DIF, serán consejeras directivas: Esperanza González (AMMJE), Guadalupe Fernández (Centro de DH Hermanas Mirabal), Ma. De la luz Manríquez (UIA León), Ana Laura Reyes Rivera (Consultoría contra la violencia de género), Laura Villanueva Franco (Instituto Lux y propuesta fallida del PVEM para ser consejera electoral en el IEEG, en 2011), Virginia Magaña (La Salle Bajío) y Alberto Cabrera (La Salle Bajío).

Si el caso sigue el guión que funcionó en la integración del Consejo del Instituto Cultural, este medio día las consejeras serán invitadas a seguir en sesión después del acto protocolario y saldrá una única propuesta para nombrar a las nuevas Presidenta y Tesorera, designadas en realidad por la alcaldesa, y luego propondrán elegir a la nueva directora de la institución, en la persona de la activista por los derechos femeninos, Graciela Nieto.

Sin preguntas, sin evaluación de por medio de la anterior -¿todavía?- directora Ana María Jiménez, sin mediar contacto con sus pares consejeras ciudadanas del Consejo saliente, sin reparar apenas en el ejercicio simulado de una de sus facultades clave (la elección del Director del organismo), las nuevas consejeras aprobarán lo informado en su invitación al Consejo. Otro (no) cambio tranquilo.

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