Sara Noemí Mata


Mujeres al poder
04/Febrero/2013

Cuando las mujeres expresan, verbal o tácitamente, que desean acceder al poder político, no pocos hombres llegan al borde de un ataque de nervios. No se dice, pero la igualdad entre hombres y mujeres es un principio alto y feliz, hasta que una de las partes exige que se le vaya poniendo comprobaciones numéricas.

Nuestro mexicano y machista sentido común aplaude la igualdad constitucional de los géneros, pero ve con desconfianza, sospecha o franca agresión cuando se pide que en las candidaturas a puestos de elección popular se garantice un paritario reparto de oportunidades competitivas entre hombres y mujeres.

Así ha funcionado nuestra competencia electoral en las últimas dos décadas pero cada vez es menos sostenible llamar democracia a ese territorio excluyente de mujeres, especialmente cuando nos fijamos en las diferencias de género en las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los Ayuntamientos y las diputaciones locales.

Según una reveladora recopilación realizada por integrantes de la Red Guanajuatense por la Paridad, en los últimos seis trienios de administraciones municipales (1997-2015), de 276 presidencias municipales en disputa, sólo 12 han sido ganadas por mujeres, es decir un 4% del total. Sólo los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Santa Catarina, Yuriria y León, han tenido una alcaldesa, mientras que Pueblo Nuevo ha visto electa en dos ocasiones a una mujer para la Presidencia Municipal.

La desproporción por género de síndicos y regidores puede juzgarse menos grave en términos absolutos, pero esto sería engañoso simplemente porque hay muchos más puestos de elección en estos cargos, es decir, que incluso cuando la cancha de juego es más grande, el sistema no está hecho para que quepan mujeres o para hacer viable su participación. Por ejemplo, hay 17 municipios que en los últimos tres sexenios no han elegido nunca a una síndica propietaria mujer y otros 17 en que en sólo una ocasión lo ha hecho.

En las regidurías la presencia de mujeres se ha dado sobre todo en las suplencias y es notable que los municipios en que la participación de mujeres como regidoras propietarias es Nmejorm sean aquellos en que apenas un tercio del total de cargos en disputa los hayan logrado mujeres; éstos son Irapuato, Acámbaro, Jerécuaro, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Miguel Allende, Juventino Rosas y Valle de Santiago.

¿Quién debería cambiar esta realidad? Muchos actores, pero hay algunos que no lo han intentado nunca. Uno de ellos es el propio órgano electoral local. En los 18 años que lleva organizando elecciones el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), su Consejo General no ha contado nunca con una mujer como consejera propietaria o supernumeraria y aunque estos nombramientos los hacen los propios partidos políticos desde el Congreso o el Ejecutivo, es indicativo de esta carencia en visión de género el que la integración de los órganos electorales municipales y distritales en los procesos electorales tampoco se hayan distinguido por integrar mujeres en número significativo; vaya, incluso la elaboración de la estadística que hemos comentado líneas arriba fue dificultosa porque el IEEG no se ha tomado la molestia de clasificar los cargos electos -menos las candidaturas registradas- según el género de quienes los ocupen y aunque existe el histórico de los nombres, para un investigador resulta difícil descifrar si Trinidad, Izbet, Mayorico o Yoary, son hombres o mujeres.

Otros actores que no han sido muy activos en modificar esta realidad discriminatoria para la participación política de las mujeres son los legisladores y gobernadores que han contado con la mayoría o la titularidad del poder iniciador de cambios legales y también la primera minoría.

El empuje de estos cambios ha venido de los movimientos feministas y colectivos de mujeres y en este 2013 no es la excepción. La Red Guanajuatense por la Paridad, integrada por una treintena de consejeras y consejeros electorales del IFE en el último proceso, nos hemos propuesto que para las próximas elecciones, se establezca en una ley específica o en una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, la paridad por género tanto en las candidaturas uninominales como en la plurinominales (donde ya existe una fórmula afirmativa para la presencia de mujeres) de todos los cargos en disputa, y antes, en la conformación de los órganos electorales y en la asignación de presupuestos específicos para la promoción política de la mujer tanto en las prerrogativas de los partidos políticos como en los que ejerce como capacitación el órgano electoral.

La propuesta de una ley de paridad ha sido acogida y presentada formalmente al Congreso local por la diputada del PRD, Guadalupe Torres, pero también han expresado su interés y apoyo dos diputadas del PRI, Erika Arroyo y Yulma Rocha y otros legisladores del PAN. No es lo único que hay que lograr, ni lo último y ojalá logremos que más personas interesadas o molestas con la política y los partidos entiendan que este esfuerzo puede significar un cambio de fondo en lo que no nos satisface aún de nuestra democracia.

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