Sara Noemí Mata


Lo que sabemos de prevención del delito y otras violencias
22/Enero/2013

La disputa mediática que a finales del año pasado abrió la administración de Bárbara Botello en contra del Observatorio ciudadano de León (OCL) tuvo la semana pasada uno de los cierres que se esperaba: anunció la alcaldesa priísta que, palabras más o menos, las labores de auditoría ciudadana que venía realizando el organismo creado a instancias de su predecesor Ricardo Sheffield, ahora será contratado a otra asociación civil llamada Asociación de municipios de México, AMMAC.

Aunque por un monto mucho menor al que se entregó al OCL a lo largo de tres años y bajo una metodología muy diferente que se intuye es básicamente evaluación estadística y de gabinete, la alcaldesa ha eludido decir lo que al interior y exterior del OCL se da como un hecho: que de su administración no tendrán más apoyo económico para la aplicación del IWA-4 que hace tres años se propuso conducir, sea a través de convenios, contratos o donativos.

Sin embargo, una incertidumbre ha quedado abierta. Consiste en saber si mantendrá la tónica de no colaboración con el OCL para mantener vivo el proyecto del Observatorio de Seguridad (SIGU, por sus siglas de Sistema Integral de Gobernanza Urbana) que durante dos años recibió recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) una aportación federal cuya contratación recae en el Cabildo.

Durante 2011 y 2012 el SIGU-OCL recibió 2.2 millones de pesos con los cuales se creó un sistema de 103 indicadores sobre la generación, manifestación y atención de las violencias y los delitos en el municipio, que tuvo varias presentaciones públicas y de hecho, sus resultados se encuentran a la consulta en www.ocl-sigu.org.mx

Me parece un esfuerzo notable lo que el equipo de Margarita Ortega logró realizar en poco más de un año para integrar la información que solicitaba el SIGU; con información pública ya generada pero sistematizada con un enfoque de prevención de las violencias, los reportes del SIGU y su aplicación en mapas son de lo más útil que podamos tener a la mano para efectivamente hacer una evaluación periódica de los avances en la seguridad pública municipal y para intentar comparativas con municipios cercanos o similares en cuanto a tamaño o problemáticas determinadas, pues al ser el SIGU un proyecto del catálogo de SUBSEMUN, varios municipios aplicaron la misma metodología.

Mantener vivo al SIGU implica, en mi punto de vista, alimentarlo con recursos económicos, con información de dependencias clave (Dirección de Seguridad, Tránsito Municipal, DIF) y un compromiso de atender sus recomendaciones o diagnósticos. Requiere que la alcaldesa y los integrantes del OCL que quedaron muy crispados por decenas de declaraciones en medios durante semanas, sobrepongan sus diferencias y, sobre ello, que el Cabildo en pleno haga una diferenciación elemental de dos proyectos que se contrataron al OCL con recursos públicos pero que perseguían objetivos diferentes y también tuvieron personal directivo y operativo de muy distinta capacitación y competencias: el IWA-4 y el SIGU fueron cosas muy distintas y sus resultados están a la vista.

Paradójicamente, de todos los proyectos pagados con el SUBSEMUN durante 2011 y 2012, (en 2010, aunque ya existía este fondo federal, no se destinaba ningún peso a labores preventivas), el SIGU es el único cuyos resultados se conocen pública y permanentemente más allá de que de algunos otros, poquísimos, en algún momento tuvimos noticia por alguna nota periodística.

A través de transparencia, obtuve la relación de proyectos contratados por León en estos años y aunque el monto global varió modestamente, de 23.5 millones en 2011 a 26 millones de pesos en 2012, queda claro que tenemos mucho conocimiento escondido que se ha contratado a dependencias municipales, pero principalmente a asociaciones civiles y personas físicas.

Por ejemplo, de los 12 proyectos del catálogo SUBSEMUN por los que se bajó recurso en 2011 se amplió a 14 en 2012 pero repitieron o se les dio continuidad a seis más que probablemente rindieron buenos resultados como el SIGU.

En esta materia, el OCL no fue privilegiada en la contratación de servicios, pues otras A.C.´s como Servicios Educativos del Bajío (SEBAJ), universidades como la de Guanajuato, paramunicipales como el DIF, el Instituto de la Mujer o la Academia Metropolitana y aún personas físicas ejercieron contratos de similar o mayor cuantía que el que produjo el SIGU.

De hecho, para el primer trimestre de 2013 se siguen aplicando recursos de SUBSEMUN 2012 que ya la administración priísta lo tocó “rescatar” y aplicar. Entre ellos está la próxima instalación de cinco centros de hijos de madres solteras y padres que trabajan que por su situación de no atención filial incrementa su riesgo de caer en drogas o pandillas (contratado a cinco diferentes asociaciones civiles), la realización de un Foro de prevención del delito (que también organizará otra A.C.) en marzo y el programa Búho para jóvenes de zonas marginadas a cargo de otras dos A.C.

Como es casi obvio de una información preliminar como la obtenida, quedan varias dudas sobre la idoneidad o procedimientos que se siguieron al contratar a ciertas personas físicas para elaborar modelos de atención o impartir capacitaciones a funcionarios públicos; o cómo se seleccionó a estudiantes y promotores comunitarios en ambos ejercicios para convertirse en líderes de prevención en sus comunidades (32 personas el primer año y 40 el segundo) o porqué se volvió a fondear con casi 3 millones de pesos un fideicomiso que se supone lleva varias administraciones en liquidación, me refiero al asociado con la extinta Dirección de promoción juvenil, hoy Instituto Municipal de la Juventud.

Para el 2013 el panorama con SUBSEMUN es incierto. A decir de Moisés Herrera, director de Prevención del Delito en el municipio, en el presupuesto federal la alcaldesa “apartó” la misma bolsa de recursos para León, pero como a la fecha no están publicadas las reglas de operación del mismo, se desconoce si el catálogo de proyectos se mantendrá y cuánto variarán sus montos.

En lo que llegan estas definiciones nacionales, nuestros regidores y alcaldesa harían un gran aporte a los ciudadanos si propician poner a la vista de todos el conocimiento que en estos años se ha producido sobre la violencia y los delitos que padecen los leoneses, si procuran el diálogo entre los que produjeron o ejecutaron proyectos de prevención y los líderes y protagonistas de las poblaciones objetivo, de los medios y de otras organizaciones sociales que de modo diverso atienden muchas de las manifestaciones o causas de dicha violencia e inseguridad.

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