Sara Noemí Mata


Fuera de lugar
07/Enero/2013

Desde que en la campaña electoral vi colgados espectaculares con su promoción fuera de la demarcación del distrito por el que competía, la candidatura de Liz Vargas no me dio buena espina. Debiendo buscar electores al nororiente del bulevar López Mateos que comprende el Distrito 03, sus promocionales pendían frente al Arco de la Calzada o más al sur, en los terrenos del Distrito 06.

Supuse que su soltura de recursos personales o su inexperiencia en la competencia electoral le llevaban a incurrir en esos deslices, pero había que esperar algo más de aquella ciudadana no integrante del PAN pero amiga del ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Liz Vargas se metió a la contienda electoral gracias a los acomodos obligados (originalmente competía en ese distrito el ex secretario de Salud, Armando Aguirre) para que dicho partido cumpliera con la cuota de género de candidaturas federales.

En menos de tres meses tenemos a la vista el desatino de esta designación. La diputada-ciudadana gestionó y obtuvo 3.1 millones de pesos del presupuesto para pagar la impresión de un libro sobre gastronomía, según ha dicho, pasión personal y área de negocios de la novel legisladora quien en el sexenio olivista vio florecer su escuela, Politécnico de Guanajuato, sobre el bulevar aeropuerto, donde se imparten carreras relacionadas a la industria de la hospitalidad. El detalle es que la partida era para ayudarle a la escuela de la diputada a pagar y distribuir ediciones de lujo del título Aromas y sabores por los caminos de Guanajuato.

Este hecho fue conocido desde hace un par de semanas que quedó aprobado el presupuesto federal y aunque hace unos días Liz Vargas ha reculado en su determinación por llevarlo a cabo, asombra que ni ella ni su partido asuman que el intento representó no sólo un error político sino un conflicto de interés que es el primer paso para la corrupción.

La diputada insiste en decirnos que ella es honesta, que nunca ha tomado algo que no le corresponde y que en definitiva no pretendió que los 3.1 millones de pesos aprobados entraran en sus bolsillos.

Concediendo que todo ello es cierto, estaríamos ante la pregunta de si el conflicto de interés es una simple percepción de sus críticos, de los opositores a su partido, de periodistas insidiosos o de ciudadanos eternamente desconfiados. Considero que no. El libro de marras es un título ya completamente editado e impreso por la empresa de la diputada ( el libro está para salir y se pretendía con ese recurso terminar de pagar la impresión, declaró ayer la protagonista de esta historia), así que por más que nos endulce sus intenciones con que la obra tendría un impacto económico para el Estado, que sería un instrumento de promoción turística o hasta de declaratoria de patrimonio inmaterial de la UNESCO, es claro que dicho producto no se encuentra en relación con ningún proyecto de las secretarias de Educación o Turismo, ni local ni federal.

Extrañamente para su extracción empresarial, la diputada panista soslaya que el lucro no es solamente económico, por lo que, asumiendo como cierto que su escuela ha pagado ya una parte de la impresión del libro y aunque éste no fuera a tener un precio de venta sino que se entregaría en cortesías a bibliotecas o empresarios restauranteros, resulta obvio que los resultados de posicionamiento institucional que la obra acarrearía serían esencialmente para la propia empresa o persona de la legisladora.

Al desenfado y facilidad con que Liz Vargas buscó y logró recursos públicos para su proyecto se suman dos asuntos que debieran preocuparnos aún más. Gracias a este episodio se nos ha revelado que CONACYT aportó 1.1 millones de pesos para realizar, la investigación antropológica y trabajo de campo que culminó en el libro. Ha dicho la diputada que este recurso se logró gracias a la aprobación de Arturo Lara, ex rector de la Universidad de Guanajuato, quien en las elecciones fue, como Liz Vargas, candidato externo del PAN a diputado federal. Aunque este pasaje no ha sido reconstruido con detalle, se entiende que al ser el Politécnico de Guanajuato una institución de carácter profesionalizante que no tiene investigadores ni persigue producir conocimiento pero pretendía acceder a los recursos federales de ciencia y tecnología, digamos que rentó a investigadores de la UG, con la venia de su propio rector. ¿Cuántos otros proyectos de ciencia logró respaldar Arturo Lara en ese 2008 para los cuerpos académicos de la principal universidad pública estatal?, ¿qué capacidades académicas o de infraestructura le redituó a la UG respaldar a Liz Vargas en esta indagatoria científica?

El segundo asunto es cómo una propuesta tan personal, tan poco ligada a programa o proyecto oficial alguno no tuvo dificultades para obtener un monto de dinero público que para otras necesidades sociales puede tomar años en lograr suficiencia presupuestaria. La diputada ha dicho: ?Pregunté, corrió por todos los protocolos. Esto nos muestra que el proceso presupuestario en realidad no cuenta con procedimientos blindados para las ocurrencias, no hay controles intrapartidistas, ni a nivel general del poder legislativo, para estas aprobaciones extravagantes; como no las hubo con los abusos y desordenes administrativos que en la administración olivista permitieron que el DIF estatal contratara a parientes del gobernador o se entregaran contratos sin licitación a amigos políticos y a sobreprecios. Lo complejo de la corrupción es que casi siempre se presenta vestida de legalidad y cualquier día, otro legislador más previsor que Liz Vargas- puede apoyar la construcción de una obra vial que más que solucionar necesidades sociales detona plusvalías para intereses inmobiliarios de su empresas, o un gobernador puede empeñarse en un proyecto de seguridad especializadísimo que por detrás quiere entregar en contratos a algún compadre o socio.

Al final, no ha sido el conocimiento de la legisladora y sus asesores sobre el conflicto de interés que debiera limitar sus actuaciones, ni los controles legales, políticos o partidistas para contener este tipo de iniciativas, sino el escarnio público sobre la despreocupación e inconsciencia ética de la diputada lo que la ha hecho parar.

Dice Liz Vargas: No quiero que existan dudas sobre mi honorabilidad, no tengo nada que esconder, (…) soy una persona de principios); a estas alturas mi principal duda no es sobre la honestidad o valores que profesa la diputada-ciudadana sino de su competencia para ser precisamente lo que es, una diputada federal, encargada de revisar y votar leyes de asuntos de gran complejidad, de contar con elementos para entender políticas públicas que se apuntalan precisamente con marcos normativos y asignaciones presupuestales y de revisar el correcto manejo del dinero público.

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