Sara Noemí Mata


Parir la paridad
03/Diciembre/2012

Esta semana se presentó públicamente la Red Guanajuatense por la Paridad conformada por un grupo de 30 mujeres y hombres que participamos como consejeras y consejeros ciudadanos en el IFE en el pasado proceso electoral y que, ahora que nuestra función está en receso, nos conformamos y cooperamos a diferentes niveles en este esfuerzo por garantizar los derechos políticos de las mujeres.

¿Qué busca esta Red? Como su nombre lo expresa, busca ¿la paridad que no es otra cosa más que materializar en mecanismos jurídicos el principio de la igualdad de hombres y mujeres, fundamento de la vida política y social que se quiere democrática.

Ocurre que esta igualdad está consagrada en nuestra Carta Magna, en numerosos tratados y convenciones internacionales de los que México hace parte y ha tenido avances en la legislación electoral federal, pero está muy desdibujada en las leyes locales y es espíritu muerto en las prácticas de los partidos políticos y los órganos electorales locales en Guanajuato.

Las cuotas de género o las reglas de paridad tienen numerosos detractores y críticos; se dice que si hombres y mujeres son iguales, estos mecanismos legales dan privilegios a las mujeres para acceder a las candidaturas y que a los puestos de representación política deben de llegar las personas más capaces sin importar el género.

La realidad es que la violencia y discriminación estructural que viven las mujeres guanajuatenses se expresa en una invisibilización sistemática de lo que impide que su liderazgo y participación en la vida política se exprese con la fuerza y creatividad con que se reconoce en la vida familiar o social comunitaria.

Socialmente hemos ido aceptando el atraso en que nos encontramos las mujeres reflejado en las cifras más actuales: en las elecciones del 2012 a nivel federal se vio reflejada la aplicación de la cuota de género en el registro de candidaturas con un 37% de Diputadas (185 de 500) y en la Cámara de Senadores se alcanzó el 32.8% de Senadoras (42 de un total de 128), mientras que en el Congreso Local sólo el 19% resultaron Diputadas electas y apenas dos de 46 Ayuntamientos (4.3%) son presididos por una mujer.

La propuesta de una Ley de Paridad para el Estado de Guanajuato, que por cierto ya tiene sus símiles en estados como Zacatecas, Sinaloa y Sonora, será un punto de quiebre de tal atraso e invisibilización. En concreto, busca que para los cargos de elección popular cada partido postule para los 22 distritos de mayoría relativa 11 candidatas mujeres y 11 candidatos hombres y que las listas para las candidaturas plurinominales se integren de forma alternada una mujer y un hombre sucesivamente, siendo las suplencias del mismo género de la persona titular.

Se pide a su vez, garantizar la representación proporcional de género que consiste en que una vez que en los distritos de mayoría relativa se hayan definido por los resultados de la elección, se revisará el porcentaje de hombres y mujeres que ocuparán las 22 curules, y si en su mayoría son mujeres, entonces se tomarán los primeros hombres de la lista plurinominal para que se integren al Congreso; si los 22 distritos en su mayoría son hombres los que ganaron entonces de la lista plurinominal se integrarán las mujeres al Congreso, esto con la finalidad de garantizar la igualdad sustantiva o igualdad de hecho en los resultados y no sólo en las candidaturas.

La propuesta de Ley de Paridad también tiene otro destinatario masculinizado hasta el extremo, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEEG. En su Consejo General no hay ninguna mujer y la última integración de consejos distritales y municipales tuvo precisamente ese sello discriminatorio hacia las mujeres.

Por lo anterior, la Red Guanajuatense por la Paridad pide:

1° Paridad en la integración del Consejo General del IEEG.

2° La creación de una Dirección de Paridad cuyo encargo será transversalizar la perspectiva de género en el IEEG.

3° La creación y trabajo de una Comisión de Género con participación de las consejeras y los consejeros del Consejo General, así como de las y los representantes de los partidos políticos.

4º Al menos el 10% de los fondos públicos destinados a la promoción del liderazgo político de las mujeres

5° La formulación de un Plan de formación en perspectiva de género y derechos políticos de las mujeres, para garantizar la formación de las mujeres tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil.

La discriminación contra la mujer, tal como ha sido definida por Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) firmada por México, denota “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

Quizá las leyes electorales guanajuatenses o las prácticas de los partidos de privilegiar la selección de sus candidatos por convenciones, designación o por encuestas, no han buscado que la mujer no participe o no alcance un espacio en la representación popular, pero hoy el resultado más evidente es ése y toca luchar contra él.

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