Sara Noemí Mata


Convenios y contratos
12/Noviembre/2012

Decantados como están los cuestionamientos políticos y mediáticos desatados a partir de haberse hecho público los montos recibidos por la Fundación Internacional para Gobiernos Confiables (FIDEGOC) para la instrumentación del Observatorio Ciudadano de León (OCL) he podido consultar los contratos y convenios a través de los cuales se canalizaron dichos recursos públicos y voy a compartir con los lectores algunos detalles.

Como compartí un periodo importante de la organización interna del OCL con muchos ciudadanos y ciudadanas que aún colaboran ahí, quiero decirles a ell@s que no es mi intención atizar el fuego de una escandalera mediática ruidosa y para muchos poco edificante, sino aportar unos aprendizajes que aún podemos sacar de esta trama que involuntariamente nos, les, involucró.

Lo hago hasta ahora porque antes no había conocido de primera mano estos documentos; a pesar de que este tema permaneció en medios por casi dos semanas, el pasaje estuvo lleno de declaraciones pero no de papeles que mostraran cómo y a título de qué FIDEGOC había recibido en el mismo lapso -2.5 años- incluso más dinero público que el OCL para toda su operación.

Los documentos son de consulta pública pues el ciudadano Jesús Vilches los obtuvo a través de la ley de acceso a la información; consisten en cinco “contratos de prestación de servicios” y un “convenio de apoyo económico” que totalizan 8 millones 189 mil pesos a favor de FIDEGOC.

El primer contrato por un monto de 225 mil pesos implicaba la “elaboración de un diagnóstico institucional con base en el IWA” y fue firmado el 1 de diciembre de 2009, cuando el OCL aún no existía. En 2010 celebraron el segundo contrato, el 30 de abril, por 2 millones 88 mil pesos para “Diseñar e implementar un sistema integral de gestión de la calidad basado en IWA (…) Participar y obtener en su caso el reconocimiento internacional de gobierno confiable del World Council of Quality” y el 21 de septiembre por 300 mil pesos para “Diseñar, planear y organizar el lanzamiento del Centro de Innovación Microsoft-Fidegoc”. Como contexto hay que recordar que este centro se ubicó aledaño a las oficinas del OCL y supuestamente iba a desarrollar software que resolviera necesidades específicas de la gestión de servicios públicos y del contacto ciudadano-gobierno.

Para 2011 sólo aparece un contrato con FIDEGOC pero es por el monto más alto: 2 millones 940 mil pesos; resumidamente el objeto fue “la implementación de planes de acción para la mejora continua y mejores prácticas. Seguimiento a la segunda y tercera verificaciones del OCL (y ) preparación para el reconocimiento internacional de la calidad”.

En 2012 se registran un contrato y un convenio. El primero, de fecha 2 de abril y monto por un millón 724 mil pesos, pretendía dar seguimiento a “la implementación del sistema de calidad con el objeto de reconocer a este gobierno como confiable (…) Localizar las 39 mejores prácticas del gobierno y priorizar las 3 de aplicación municipal”; el segundo, bajo figura jurídica de convenio en lugar de contrato, se firmó unos cuantos días después, el 18 de abril y por 912 mil pesos amparó al FIDEGOC para “Desarrollar la 1a Cumbre de la Red mundial para la calidad en gobiernos”.

Hay que notar que la fecha en que fue firmado el último contrato Municipio-FIDEGOC ya había concluido la tercera y última verificación del OCL por lo que la materia, quizá más laboriosa de la asesoría de la Fundación, había pasado. También es notorio que la última ministración de recursos municipales se haya dado con la figura de convenio para la organización de un evento especializado sin más entregables que el evento mismo.

A mi ver, lo más significativo es que en los tres años en que FIDEGOC se contrata con el Municipio con la bandera del IWA-OCL, la constante es la promesa de que la administración shefieldista obtendría “un reconocimiento internacional de gobierno confiable”. En la lógica de FIDEGOC dicho reconocimiento podría ser otorgado por alguna entidad internacional de calidad cuando, bajo el aval del OCL y de la propia Fundación, el Municipio registrara en las verificaciones los 39 indicadores “en verde”. Este hecho estuvo lejos de ocurrir y recuerdo con nitidez que cuando el asunto se nos planteó en reuniones del Consejo Directivo del OCL, la mayoría establecimos que como ciudadanos no veíamos sentido en ser un aval para que el municipio pudiera obtener un certificado ISO, calidad, gobierno confiable o como se le quisiera llamar, sino en promover la organización social para una auténtica rendición de cuentas y para que ésta contribuyera a una mayor eficacia gubernamental.

De revisar los contratos y convenios comentados concluyo que como ciudadanos debemos ser más exigentes con nuestro Cabildo a la hora de soltar dinero público pues se trasluce una arbitrariedad en quién recibe recursos, para qué objetivos y si lo hace amparado en convenios más que en contratos.

Queda tarea para ciudadanos y periodistas recordarnos revisar con regularidad los convenios y contratos de cuantía menor, que a menudo pasa desapercibida, pero que sumados, pueden significar canalizaciones incluso mayores que a título de subsidio se entregan a entidades paramunicipales o a programas sociales.

Finalmente creo que como ciudadanos, creyentes o militantes de la organización civil, ésta o cualquier otra, debemos estar más atentos a las agendas detrás de los proyectos que abanderamos y reconocer y hablar abiertamente sobre los sesgos o limitantes que conllevan; no creo que esto nos quite fuerza o unidad aunque por temporadas así parezca.

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