Sara Noemí Mata


El "otro" Observatorio ciudadano
05/Noviembre/2012

En memoria de
Emilio Hernández
Periodista, maestro y amigo

En mi pasada colaboración hablé de asumir que el costo del proyecto del Observatorio Ciudadano de León (OCL), tal como lo concibió y vendió la Fundación Internacional para Gobiernos Confiables (FIDEGOC) a la administración sheffieldista tuvo un precio total para el erario municipal de 15.5 millones de pesos del erario municipal. De mi análisis desprendí los 2.2 millones del Subdidio para la seguridad de los municipios (SUBSEMUN), para el Sistema Integral de Gobernanza Urbana (SIGU), por razones que explico a continuación.

Este monto si bien fue entregado por el Municipio y los productos del OCL se devuelven a él, el recurso proviene de un fondo federal específico, con reglas de operación que se aplican a nivel nacional y con una definición de “productos entregables” que no podían ser reducidos o aumentados por el gobierno local, sino determinados de antemano por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Esto hace una diferencia importante frente a los otros 6 millones que en el trienio pasado recibió el OCL del Municipio, que fueron a título de donativo.

La semana pasada, obnubilados por las informaciones y aclaraciones sobre los contratos de FIDEGOC que se virtieron, quedó sin mayor relieve la presentación final que el OCL hizo del proyecto de Observatorio de Seguridad, SIGU. Personalmente no pude acudir a la presentación pública de sus resultados, pero he descargado los documentos en la página www.ocl-sigu.org.mx y ratifico una riqueza de información que hay que poner en movimiento.

Lo primero a destacar es el haberse completado el objetivo de levantar en cosa de ocho meses, un sistema de información consistente en 103 indicadores de la generación, manifestación y atención a la violencia y la seguridad ciudadanas, al tiempo de generar algunos análisis iniciales sobre dichos indicadores y elaborarse diez “propuestas de urgente aplicación en el municipio”.

Hace apenas un año, el OCL recibió la solicitud directa del alcalde Sheffield de ocuparse de aplicación de este proyecto de SUBSEMUN. El tiempo de aplicación ha sido récord porque el contrato se firmó en diciembre de 2011 y los trabajos iniciaron propiamente en enero de este año; quizá con base a esos eficaces resultados, se logró ampliar los 800 mil pesos del primer contrato de SUBSEMUN al OCL, a los 2.2 millones que finalmente ha aplicado.

Quiero recordar que una condición que el OCL puso en su momento para asumir el proyecto SIGU, pese a la premura y lo incierto de su continuidad, fue que los resultados que obtuvieran debían ser difundidos públicamente y no quedarse en carpetas con sellos de recibido en las oficinas de los funcionarios salientes o entrantes, como lo habría hecho cualquier consultoría privada o hasta dependencias paramunicipales que igualmente manejan muchísima información valiosa sobre nuestra realidad leonesa.

Este esfuerzo de comunicación sobre la diferencias que marcan el desarrollo de los leoneses, y en especial su exposición a la violencia e inseguridad, no debe quedar desaprovechado. Es necesario que se le décontinuidad a la información sistematizada y organizada sobre el territorio como lo tenemos ahora.

Hace unos días, la alcaldesa Bárbara Botello decía que no quería que el OCL “nada más” le procesara la información que ya daba el INEGI, sino que ocupaba que le dieran propuestas de solución. Ahí tiene lo que pide, pero falta más. Ahora requerimos que ella y el resto de nuestros ediles se comprometan a completar la información faltante: en lo personal identifico que no se pudieron reportar los indicadores de menores atendidos por maltrato infantil, víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual que el DIF municipal y la Procuraduría Estatal debieron proporcionar, ni los totales de intervención de la policía municipal. Y lo más importante, garantizar el respaldo informativo de las instancias locales, pues la del INEGI ya se tiene, de esta forma en que es útil a los ciudadanos.

Ciertos indicadores requieren de una construcción más detallada, como la accidentalidad vial, pues ahora sólo se señalan los cruceros más conflictivos. La necesidad de ahondar más en este indicador radica en que el informe presentado por el OCL muestra que ésta es una de las tres causas principales que provocan muertes en niños jóvenes 15 a 29 años y por ello deberíamos tener una idea más clara de dónde ocurren estas muertes y cómo se pueden evitar. Otra indicador muy grave y sobre el que se requieren datos adicionales es el del suicidio, porque el indicador que presenta el SIGU se realiza sólo sobre los suicidios consumados, cuya tasa es mucho mayor a la nacional pero que si completa con las tentativas seguramente dimensionaremos mejor este tipo de violencia que afecta a los jóvenes leoneses.

Simplemente, si tomamos los indicadores de rezago y desatención escolar, las muertes y lesiones por accidentalidad vial y los suicidios de niños y jóvenes tenermos ya una triada de asuntos que debieran mucho más que preocuparnos: ocuparnos.

Honrar la precisión

En medio de una semana de aclaraciones sobre los contratos de FIDEGOC leí, atrabuída a Carlos Medina, la declaración de que todos los consejeros del OCL sabíamos de la actividad y contratos que la Fundación que preside tenía con el Municipio a propósito de la instrumentación del Observatorio Ciudadano. Debido a que fui Consejera Directiva del OCL de enero de 2010 a enero de 2012, tal como lo afirmé hace una semana en este espacio, quiero ratificar que en todo ese tiempo, ni en reuniones formales del OCL, ni informales que tuvimos entre integrantes de dicho proyecto, tuve conocimiento exacto ni aproximado del tipo de contratos, asesorías y costos de los mismos que FIDEGOC sostenía con el Municipio.

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