Sara Noemí Mata


IMPLAN, gloria pasada
01/Octubre/2012

Hace exactamente una semana, en que esta columna se ausentó de su espacio habitual, se celebró la renovación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y se cambiaron los cargos de Presidente y Tesorero.

De entre los más de veinte consejos ciudadanos, consultivos o de entidades paramunicipales, el del IMPLAN es de los pocos en que su reglamento contempla una renovación escalonada lo que ha consolidado el trabajo colegiado y fortalecido la autonomía de la propia institución. Por circunstancias de renovaciones previas, el calendario del cambio de consejeros en el IMPLAN, al igual que en el IMUVI como excepciones notables, viene a realizarse cuando un Ayuntamiento está de salida y realiza estos nombramientos como una herencia al siguiente cabildo, en lugar de ser la administración entrante la que organiza el reparto de estas posiciones relevantes en la administración pública paramunicipal.

La renovación de esta ocasión se realizó con la normalidad que es esperada cuando nuestras instituciones y marcos normativos funcionan; pero el asentamiento de los mismos muestra limitantes reglamentarias y políticas que tenemos diagnosticadas desde hace tiempo pero que no sabemos si la alternancia política del municipio, y sus actores relevantes, están determinados a abordarla.

Los nuevos consejeros del IMPLAN exhiben un perfil muy similar al de quienes les han antecedido: empresarios y profesionistas colegiados, con el matiz propio de los círculos predilectos del acalde que los postula. Quizá lo diferente es que el nuevo Presidente del IMPLAN, Ignacio Ramírez, según su propio relato en la sesión de asunción, realizó una campaña o labor de convencimiento entre sus compañeros para que lo eligieran, cuando en otras renovaciones a los consejeros simplemente se les comunicaba quién era el indicado por el Alcalde para asumir el liderazgo del Consejo.

La verdad es que ni uno ni otro de los procedimientos están contemplados en el Reglamento de la institución y este vacío permite tanto las decisiones autoritarias en que el Alcalde decide, como procesos manipulables de consulta interna entre nuevos y experimentados consejeros que están en desigual conocimiento de la normatividad municipal y la propia de la institución.

No estoy en posibilidad de juzgar si la elección de los nuevos Presidente y Tesorero, respectivamente Ignacio Ramírez y Alejandro García Sainz, fue una simulación cuidadosa de una designación por parte del Alcalde saliente, o de algún otro actor de poder, o fue un auténtico ejercicio de decisión colegiada en el que privó el conocimiento de las trayectorias de cada consejero y de la proyección de liderazgo que cada uno podía ofrecer. Reitero que tenemos que cambiar la norma para dar unas condiciones elementales en que los principios para una participación democrática florezcan y no queden en alegorías literarias de discursos oficiales.

Por ahora atiendo a las palabras expresadas por Ignacio Ramírez en la sesión pasada: dijo que pretende impulsar el enfoque económico y social en las tareas de planeación, también dijo que se necesita más investigación para conocer lo que la aplicación de los planes detona.

En lo primero, creo, hay una crítica implícita a lo que ha hecho el IMPLAN hasta ahora. A lo largo de más de dos décadas se han adoptado discursos en voga del urbanismo, como la planeación estratégica, la construcción de visiones de largo plazo, la sustentabilidad o la planeación participativa, pero al final los instrumentos de los planes son los tradicionales, es decir, la aplicación de cartas de uso de suelo y zonificaciones que la administración del IMPLAN maneja como su principal recurso de poder.

A menudo se presume como una virtud de esta dependencia que se trate de un “organismo técnico con autonomía” que sólo se dedica a planear y trascender las visiones de corto plazo de las administraciones trianuales. En mi opinión este es un refugio complaciente de la burocracia planeadora que se resiste a aceptar el carácter netamente político de la planeación y se aviene a desvincular la planeación urbana de la gestión de los principales resortes del hacer de la ciudad, como son las direcciones de desarrollo urbano, la entidad de vivienda, el transporte y las áreas que atienden la conflictividad social y la actividad económica. Esta disociación si bien permite al IMPLAN seguir viviendo de sus glorias pasadas, reeditando en cada oportunidad el discurso de haber sido “el primer instituto de planeación municipal del país” o el recibir cada cuanto a autoridades de otras latitudes que vienen a aprender de la experiencia local, nos va a seguir conduciendo a una ciudad con espléndidos y coherentes sistemas viales pero con miles de habitantes sin el disfrute esencial de su derecho a la ciudad.

En este contexto me parece lamentable la ratificación de la directora, Arquitecta Graciela Amaro, no porque desconozca la institución y sus procesos, sino porque su principal cualidad es administrar la medianía, seguir haciendo igual lo que por años se ha hecho con una negación a colaborar francamente con organizaciones sociales, controlar hasta donde pueda la información sobre los escritorios de sus colaboradores y sin plantar cara cuando otros actores de la ciudad –llámese constructores, alcaldes con planes propios, terratenientes urbanos o burócratas de áreas diversas- desafían en el discurso y en los hechos, lo que nuestros flamantes planes urbanos y visiones estratégicas postulan.

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