Sara Noemí Mata


Comisionados sindicales
17/Septiembre/2012

He conocido a unos pocos de los miles que existen en el país. Son maestros pero no enseñan ni atienden alumnos. Algunos se titularon de profesores y llaman “compañeros” a sus representados, pero sus lealtades no son hacia éstos, sino a los líderes superiores. Tienen plaza de maestros pero sus obligaciones e ingresos poco tienen que ver con que la calidad de la educación pública en México progrese: son los comisionados sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE.

Cada año del presupuesto para la educación, el gobierno destina miles de millones de pesos para pagar las comisiones sindicales, es decir, el dinero de todos se utiliza para pagar al personal que realiza actividades de un patrón singular y poderoso: el SNTE.

Diversas organizaciones e investigadores de la educación, en especial las aglutinadas en Mexicanos Primero, han documentado que en el país existen alrededor de 22,353 comisionados sindicales, que cuestan $1,700’000,000 de pesos del presupuesto público, cada año.

La cúpula sindical del SNTE ha negado tal cifra e indica que hay entre 55 y 100 comisionados por cada una de las 52 secciones sindicales, más 38 comisionados del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato comandado por Elba Esther Gordillo; esto es, en el más moderado de los escenarios, entre 2,900 y 5,200 maestros a quienes se les paga un sueldo pero que se les concede que no trabajen en cuestiones educativas.

La función de dichos maestros es legítima y necesaria en la organización de los trabajadores de la educación, pero es racionalmente insostenible que sus labores las tengamos que pagar todos, cuando el servicio es directamente para la cuestión sindical que cuenta con recursos propios de las cuotas que cada trabajador aporta. Esta práctica es un engranaje más de los sistemas sindicales que no se precian de su calidad democrática o actuar trasparente: como ni sus sueldos salen de las cuotas sindicales, es decir, de lo aportado por sus representados, es común que los comisionados sindicales se sientan más comprometidos con el líder superior, con el que les concedió la comisión que los sacó del aula, o con quien les abre la puerta a prebendas –políticas y económicas- mayores que las que un salón de clases otorga.

Como tantos abusos que se comenten en el país, a costa de los dineros públicos, éste de los comisionados sindicales del SNTE es legal: los arreglos institucionales y políticos han permitido por décadas que se vea como natural y obligado que el número de comisionados crezca y se asigne sólo a criterio y necesidad de las cúpulas sindicales. Pero lo legal no le quita lo injusto y, por tal motivo, un colectivo de 103 organizaciones civiles han lanzado la campaña “Fin al abuso” que consiste en exigir a las autoridades federales actuales y a las electas que entran en funciones en diciembre próximo, que se prohíba el pago de las comisiones sindicales con recursos públicos.

Amparados en el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución, miles de ciudadanos estamos escribiendo al actual Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a Enrique Peña Nieto, Presidente electo; al Diputado del PRI, Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y al Senador panista Ernesto Cordero, que es Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que a partir del presupuesto de egresos del año entrante, el dinero que se entrega al pago de los comisionados sindicales se utilice para la capacitación y para un plan de estímulos en beneficio de los buenos maestros que sí están frente al salón de clases.

No es fácil ser maestro en nuestro país. Hace poco escuché el relato angustioso y agotador de una maestra que atiende un grupo de sexto de primaria en una zona marginada de la ciudad. Ahí no se trata sólo de saber enseñar las lecciones o de tener la capacidad de organizar el trabajo docente; implica contar con el respaldo y competencia para lidiar con infantes desatendidos, con jóvenes retadores, con escolares a quienes su entorno de violencia complica más sortear sus deficiencias educativas. Para los maestros que educan en las situaciones más difíciles, las más adversas físicas y emocionalmente, ni el sistema educativo ni los representantes sindicales tienen una respuesta o un apoyo suplementario. Hemos tolerado muchos agravios e injusticias que impiden que lo verdaderamente importante en el sistema educativo se atienda y mejore. Las comisiones sindicales del SNTE pagadas con presupuesto público es uno de esos abusos contra los que se puede luchar. Entra a www.finalabuso.org y firma la exigencia; luego, mantente vigilante de su cumplimiento por parte de tus recién electos gobernantes.

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