Sara Noemí Mata


¿6 de septiembre o 2 de diciembre?
30/Julio/2012
Cierro con esta colaboración mi balance sobre el tema electoral a un mes de que tuvimos nuestra cita con las urnas y a la distancia de otro mes en que tendremos la calificación definitiva de las mismas.

Preguntaba en mi pasado artículo si podemos respondernos con honestidad, y más allá de preferencias y fobias políticas personales, si es dable aceptar los resultados electorales, en especial los presidenciales, aceptando que en alguna medida estuvieron cruzados por prácticas de compra y coacción a votantes.

En lo personal, y con el limitado conocimiento que tengo en litigios electorales, me parece muy difícil probar la magnitud de la compra de votos; no tengo duda de lo extendido y organizados que fueron los operativos de presión y coacción de electores, pero la determinación de en cuáles casillas, distritos o zonas fue determinante para los resultados, o en qué porcentajes de votación incidieron o en cuántos votantes aproximados hicieron mella se me hace punto menos que imposible de probar con exactitud.

Lo que sí está más a la vista son los gastos fuera de los topes autorizados o el financiamiento ilegal. Mucho se ha dicho dichas infracciones no alcanzan más que multas millonarias para los partidos pero no para anular elecciones.

Creo que hay que exigir y estar pendientes de los expedientes de las demandas y la determinación del Tribunal. Si algo positivo en el mundo de papel y formalismos que envuelve al proceso electoral gestionado por el IFE es que es viable repasar, releer, revisar los argumentos legales y operativos con que se toman ciertas decisiones trascendentes.

Creo que eso mismo debemos aplicar a la esperada sentencia del Tribunal y ser muy exigentes con una concordancia entre las pruebas que le aporten y las sanciones que aplique. No es cosa de sentarnos a ver pasar el calendario, sino de comenzar a entender cómo es que otras elecciones, a partir de la reforma electoral última, se han anulado y repuesto a partir de faltas que incluso podríamos cuestionar de si sesgaron el resultado de una elección; o de aquellas que habiendo sido concurrentes, fueron anuladas unas y dejadas firmes otras. Es el caso de la pasada elección michoacana, donde a partir de probar que un boxeador usó un emblema partidista en días de veda electoral y de que un partido realizó compra de anuncios en medios de comunicación, anuló la elección municipal de Morelia pero dejó firme la de Gobernador.

Otra acción que puede iniciar ya pero de la que no debemos esperar resultados sobre las pasadas elecciones, sino sobre las venideras, es la exigencia al IFE de que atienda las múltiples evidencias de las prácticas que rodean a la emisión del voto que no permiten una emisión libre y razonada del sufragio entre amplias zonas del territorio y grupos de población.

Infortunadamente, no sólo dinero público ocupan los partidos para organizar sus operativos de coacción a votantes. Un caso que me tocó atestiguar el pasado 1 de julio, fue que los representantes de casilla del PRI estaban instruidos a realizar dos recolecciones (a las 11 y 13 hrs) de las listas nominales de electores con los nombres marcados de los que ya hubieran votado, fundamentalmente para identificar a los que aún no habían acudido a las casillas, para con sus claves de elector captadas durante el proselitismo con regalos, el mismo día de la jornada los promotores de tal o cual campaña les recordaran su compromiso de voto.

Todos sabemos que los cuadernillos con el listado nominal de electores se les entrega a todos los partidos políticos para dar transparencia y certeza de que quien llega a emitir su voto y presenta su credencial para votar es el mismo que está empadronado y con su IFE actualizada. Es una garantía para los partidos políticos y para la propia jornada electoral, pero de ningún modo ese instrumento de listado nominal con los nombres, fotos y domicilios de cada uno de los electores es para que los partidos hagan proselitismo el día de la elección, cosa que está prohibida realizar de cualquier forma.

Probablemente esta práctica de usar el listado nominal de casilla para ir a buscar a ciudadanos que no han acudido a votar no sólo la haya ejecutado el PRI-PVEM, (es de quien me consta y como tal lo puse en conocimiento de la FEPADE) o si todos los partidos políticos la realicen; pero me señala esa grandes zonas en que el IFE tiene que empeñarse para “blindar el proceso electoral” no únicamente desde el punto de vista de los partidos, sino primordialmente de la libertad de los ciudadanos para elegir.

Lamentable o afortunadamente la democracia y el dinero no parecen ser amigos y un sistema de partidos fuerte pero sin transparencia ni control de los ciudadanos como el que tenemos, no podrá ser virtuoso; esto debemos recordárnoslo continuamente y trabajar por cambiarlo, tan vigorosamente como la indignación que nos produce la compra del voto. Antes y después del 6 de septiembre. Antes después del 2 de diciembre.

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