Sara Noemí Mata


Regalos y votos
07/Junio/2012

Nuestra democracia formal es tan avanzada que ha sido puesta de ejemplo en otros países e incluso la ONU ha invitado a funcionarios electorales mexicanos instruir a autoridades y sociedades de lejanos países sobre los procesos electorales.

En materia de regalos para hacer proselitismo y estrategias para conquistar voluntades tenemos nuestra historia aparte, llena de innovaciones y creatividad que lamentablemente no buscan ensanchar la promoción de una adhesión razonada y libre sino acercarse con cautela a los lindes de la compra y coacción del voto.

En las últimas semanas, con miembros de la organización Propuesta Cívica, hemos trabajado un taller participativo de prevención de la compra y coacción del voto con grupos de mujeres de zonas populares. Los relatos surgen espontáneos:

En tal comunidad ya fueron los partidos a preguntar a la gente qué quería: ¿láminas para techar? ¿cemento? En otra colonia popular el partido equis llega con alguna señora líder y le pide reunir a otras diez o quince mujeres y prestar su casa para emitir el mensaje político de un candidato presidencial; como premio le regalan un tostador de pan. Variantes de esta forma de proselitismo es que la promotora contratada del voto convoca a los y las participantes atraídos por participar en la rifa de un horno de microondas o una plancha al final de una plática proselitista a domicilio.

Estos encuentros tienen en común que las exposiciones son exaltadas a favor del candidato en cuestión a quien se le presenta como el gran resolvedor de las necesidades de las presentes y en que se toman para registro de las asistentes datos de sus credenciales de votar; en ocasiones les recogen momentáneamente su identificación del IFE, en teoría para organizar la rifa del electrodoméstico, cuidando los partidos políticos de regresarles su identificación antes de terminar el acto.

Descrita así la estrategia parece retomar los mecanismos de venta de productos por catálogos, especialmente cosméticos, cuyas promotoras hacen demostraciones en un domicilio y obtienen algún bono si el encuentro reporta equis cantidad de ventas. Debemos asumir que hasta ese momento no hay compra de voto pero, con alta probabilidad, el mecanismo de coacción ha sido echado a andar.

En otra campaña, ahora a nivel estatal, el candidato a Gobernador del PRI anuncia el reparto de una “tarjeta de beneficios” entre la población más empobrecida de Guanajuato. Entrecomillo lo de “beneficios” porque la tarjeta en realidad es servicio telefónico de larga distancia vía Internet (VozIP) cuyos costos son mucho más bajos que los de las redes tradicionales de telefonía y que, seguramente, contratados por mayoreo se abaratan aún más. Y lo de los beneficios son promesas de acceso a programas sociales si el candidato resulta ganador.

El PRI le llama en Guanajuato “La Benefactora” pero es prácticamente el mismo producto proselitista usado en elecciones locales recientes en Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Edomex y Michoacán. Incluso los folletos con el catálogo de programas sociales sobre los que el votante elige para acceder en un futuro están organizados en los mismos temas y las claves son iguales a la tarjeta “La Efe” usada por el PRI en Michoacán.

El PAN, que ha usado este tipo de tarjetas en otras elecciones, aquí pone cara de sorpresa, la descalifica con el mote de populista y hasta pone a sus abogados a estudiar cómo impugnarla.

Es parte de la escenificación del momento electoral y pone el acento en lo que quizá es el aspecto elemental que el PRI ha cuidado: que su costo esté dentro de los gastos de campaña.

El PAN calcula que cada una de las 500 mil tarjetas del PRI costará unos 30 pesos (lo que implicaría un gasto de 15 millones de pesos, de los 24.5 millones de tope que les fijó el IEEG) y el PRI responde que no sobrepasará los 2.4 millones. Quizá incluso sea menos, pues el mismo partido contrató el mismo número de tarjetas con idéntico servicio en septiembre de 2011 para promover a su candidato michoacano a la gubernatura, por un millón 218 mil pesos, IVA incluido; es decir, un valor unitario por tarjeta de 2 pesos con 43 centavos.

La legalidad de esta modalidad del proselitismo ya también está juzgada. La Sala Superior del Tribunal Electoral estableció en los juicios SUP-JRC-0006-012 y Acumulados (la sentencia íntegra que analiza toda la elección a gobernador de Michoacán puede descargarse en www.te.gob.mx) que tarjetas como la de Juani no violaban la ley pues las encuadraron en el tipo de “propaganda utilitaria”, como quien regala camisetas, gorras, mandiles o plumas.

El engaño se borda sobre la idea de que tener esa tarjeta asegura o da ventajas para acceder a programas sociales, cuando sabemos que ninguno de éstos deben condicionarse a una afiliación política o territorial. Cuando hay limitantes para acceder a los programas sociales, deben hacerse por la condición de marginación o con base en reglas de operación que, si bien muchos programas sociales, sobre todo los de nivel estatal y municipal aún no tienen, resulta elemental que no puedan ligarse a la preferencia electoral, que se supone secreta.

Los regalos de toda cuantía y envoltura, y ahora las “tarjetas de beneficios”, son mecanismos para simbolizar “el compromiso” del candidato, para materializar de algún modo la “promesa de apoyo”, pero sobre todo para propiciar la coacción del voto, facilitar la presión sobre el votante que ya ha recibido algo, así sea una baratija de tres pesos o una promesa del montón.

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