Sara Noemí Mata


Democracia indígena
07/Mayo/2012

Toda contienda electoral nos pone frente a las cuestiones que no nos satisface de nuestra democracia.

Al estrenarse en unas elecciones generales varios aspectos de nuestra ley electoral, en estas elecciones han saltado muchas críticas: a los tiempos de campaña, el inicio escalonado del proselitismo, el periodo de intercampaña, a la espotización de los mensajes políticos, la obligatoriedad o no de participar en debates y su difusión; en unas semanas veremos intensificada la judicialización de las campañas (procedimientos ante los órganos electorales por presuntas violaciones a la ley por parte de los candidatos), la lupa se pondrá en los sistemas de procesamiento de resultados y en qué lugares y elecciones habrá de aplicarse el “voto x voto” debido a resultados cerrados. Sobre este primer nivel de crítica a nuestro sistema electoral están algunos debates de la mayor importancia, tales como si la última reforma electoral favoreció la competencia entre candidatos o tiende a reforzar la correlación de fuerzas políticas previa; sobre si la equidad que buscamos en la contienda entre candidatos aplana las opciones políticas y priva a los electores de elementos para dimensionar las diferencias; también se ha puesto sobre la mesa si es democrático o eficaz para la competencia electoral la limitación de la libertad de expresión de ciudadanos y organizaciones para contratar espacios en los medios de comunicación masiva para apoyar o desacreditar a algún candidato como se podía hacer en el pasado. Pero hay otro nivel de reflexión de nuestro sistema electoral que puede parecer mas abstracto pero que urge abordar con la llaneza con que desatamos nuestras charlas políticas familiares o entre amigos y con la insistencia con que los periodistas hacen crítica política.

Me refiero a una cuestión esencial con dos ramificaciones importantes: nuestro sistema de representación política (quién y por qué se reconoce en los diputados y senadores de nuestro Congreso general, en los Diputados locales y los integrantes de los Ayuntamientos), la representación equitativa por género y la participación de los indígenas en el sistema político.

La calidad y fidelidad de nuestra representación política consiste en lograr con el voto y otros mecanismos democráticos unos representantes populares que den cuenta de nuestras diferencias regionales y garanticen la atención a los problemas más profundos y persistentes de nuestra sociedad a partir de contar con políticos realmente vinculados con sus electores directos tanto como con los grupos de poder y los desposeídos de todo. Gran parte de nuestra insatisfacción democrática surge, creo, no de contar con elecciones más o menos confiables y equitativas, sino de que a pesar de su costo, elevado en todos aspectos, nos arroja una y otra vez, una clase política primero que nada reproductora de sus privilegios y enseguida garante de la corrupción e ineficacia estructural que como país nos corroe. En estas elecciones esa insatisfacción democrática de la que hablo ha está muy presente, pero solo hemos tenido una oportunidad de detenernos en una de sus ramificaciones importantes, la de la participación de mujeres en la contienda; esto fue cuando el IFE tuvo que aplicar el criterio del Tribunal Electoral y obligar a los partidos a registrar candidatas cumpliendo la cuota de género (mínimo 40% de mujeres postuladas a un cargo). Aunque fue superficialmente expuesto por los medios de comunicación, la trascendencia del hecho consistió en afirmar que no se puede producir una representación política democrática sin la presencia -idealmente paritaria- de las mujeres, aunque se pase por un proceso partidista interno formal y legal en el que no resulten candidatas mujeres.

Admitámoslo: el principio de participación equitativa de las mujeres en la oportunidad de ser votadas se resolvió contra el tiempo y casi sin modificar cuestiones culturales y prácticas y visiones políticas al interior de los partidos para garantizar la inclusión de mujeres en las candidaturas, pero si este criterio de interpretación legal se fortalece, también llegará el tiempo en que los partidos políticos, y las mujeres en su interior, lo vuelvan operativo.

La segunda ramificación problemática de nuestro sistema de representación política está en los modos, cuantía y relevancia de la participación política de los indígenas. Reducidos como hemos hecho a una raíz cultural y a una minoría social con fuertes y ancestrales carencias, a los indígenas de México destinamos nuestros más hondos discursos nacionalistas y acaso una porción de los programas asistenciales para los pobres. En materia de garantías, el reconocimiento y aplicación de los derechos indígenas fue más tardío aún que el derecho de participación política de las mujeres; además, su configuración se hizo sobre la idea de pueblos originarios, con soberanía sobre sus tierras y la posibilidad de ser gobernados por “usos y costumbres”. En suma, para el contexto mexicano los derechos indígenas se proyectaron sobre una sociedad ruralizada, cohesionada a partir de la gestión de los bienes comunales y reproducción de las tradiciones culturales y religiosas. En materia de representación política, se resolvió respetar las formas tradicionales de autogobierno a fin de que fueran esas autoridades las que entraran en contacto y gestión con la representación política general. El problema surge cuando reconocemos que hay numerosos grupos indígenas fuera de sus territorios originales, con pocas posibilidades de reproducir sus tradiciones y conservar su lengua y sin modo de que sus autoridades tradicionales les representen. En León, por ejemplo, existe desde hace al menos dos décadas una reconocible población indígena perteneciente principalmente a cinco culturas: náhuatl, otomí, purépecha, mixteco y mazahua. Si ellos emigraron a esta, o cualquier ciudad, fue por necesidades materiales pero NO para abandonar su condición identaria y cultural que ya se les reconoce pero que ni en su contexto originario, ni menos en el urbanizado, tienen garantizado. La cuestión de los derechos indígenas, la diversidad cultural y política que simbolizan y materializan no termina de armonizar con nuestro sistema democrático, ni el que comienza con las elecciones ni el que le sigue en el ejercicio ordinario del poder político de las ciudades donde hoy habitan. Para profundizar en el análisis de este problema viene hoy a León, Magdalena Gómez, especialista en el tema de indígenas, diversidad cultural y democracia; ella es abogada e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.
Citado a las 10 horas en la Sala 1 de la Feria Nacional del Libro (FeNal) este evento de promoción de la cultura democrática reconoce en nuestra ciudad prácticas políticas que limitan la participación libre y autónoma de la población en situación de mayor vulnerabilidad social, sea por su condición de pobreza, migración o etnicidad; éstas se presentan con especial fuerza en las épocas electorales a través del clientelismo político, la inducción, coacción y compra de votos, minando las condiciones para una participación permanente y plena de los indígenas en nuestra sociedad.

De hecho, la segunda actividad de la Jornada consiste en un taller dirigido a indígenas leoneses denominado “El derecho a un voto libre en 2012”, con la participación de Daniela Ramos, Ana Mendoza y Mónica Martínez del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE.

Muchas cuestiones hay por afinar o revolucionar en nuestro sistema electoral y de partidos que producen una representación política que satisface solo a quienes cada tres o seis años se hacen con el cargo y la dieta. Muchos en “el otro lado”, hemos concluido que no hay democracia sin elecciones, pero hacer elecciones no basta para arribar a un sistema democrático.

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