Sara Noemí Mata


Candidaturas independientes
02/Abril/2012

El jueves pasado en los diferentes distritos electorales federales -en León hay 3 y en todo el Estado 14- sesionamos para aprobar las candidaturas a una diputación federal. Los partidos políticos pueden realizar este trámite en cada Distrito o directamente en el Consejo General del IFE y la mayoría de las dirigencias partidistas opta por hacerlo centralizadamente.

En el Distrito 6 con cabecera en León, del que soy parte como Consejera electoral, sólo el Partido Nueva Alianza registró su fórmula de candidatas, mujeres por cierto; pero ahí también recibimos una solicitud presentada por los ciudadanos Felipe Ruiz Galván y Pedro Lemus Díaz en el que pedían el registro como candidatos independientes.

La solicitud de registro estuvo fundamentada en el artículo 8º Constitucional (Derecho de petición) y aunque claramente contraviene con los requisitos que el COFIPE establece para que los Consejos Distritales procedamos a su aprobación, la argumentación de los ciudadanos solicitantes fue elocuente y digna de tomarse en cuenta.

Básicamente, los ciudadanos mencionados pedían que el Consejo Distrital privilegiara la interpretación de la Constitución que en su artículo 35 establece el Derecho a ser votado, basados en el principio pro-persona que se consagra en el artículo 1º Constitucional para el tema de los Derechos Humanos, frente al artículo 218 del COFIPE que recorta ésa garantía de todos los mexicanos al establecer que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Como ciudadana y consejera electoral me parece notable la determinación de muchos, cientos o miles de mexicanos por hacer válidos sus derechos consagrados en nuestra Constitución y que no se resignan a verlos plasmados en la, a veces mal llamada, Carta Magna y minimizados en las leyes secundarias o en las prácticas cotidianas de nuestras instituciones. Creo que el valor de ciudadanos como éstos, es lo que históricamente ha transformado y mejorará nuestra democracia.

Dije en la sesión que me llamaba la atención que la solicitud de registro como candidatos de los ciudadanos independientes contuviera los datos esenciales que solicita el COFIPE, los mismos que expusieron las candidatas del partido que solicitó su registro ante nuestro Consejo y que fue aprobado. Lo único que los distingue es la adscripción a un partido político. Resalto esto porque la igualdad ciudadana y el derecho a ser votados se quiebra frente al sistema de partidos con el que está construido nuestro sistema electoral.

Diferí, sin embargo, en una afirmación de los solicitantes independientes: "de negárseme el registro como candidato independiente implicaría una actuación de ese H. Consejo Distrital violatoria de los derechos humanos". Tal afirmación me incumbe y pienso que es incorrecta. Todo derecho debe ser reglamentado; el de ser votado no es la excepción. Incuso compartiendo en lo general la argumentación respecto a la interpretación del principio pro-persona que rige para toda la materia de los derechos humanos, en los que incluimos los derechos políticos, tengo claro que mi función en este Consejo del IFE no permite espacio para la interpretación que piden los ciudadanos sin partido; en cualquier caso, la norma que viola o constriñe el derecho a ser votado es el COFIPE, no quienes nos corresponde vigilar su aplicación.

Como Felipe Ruiz y Pedro Lemus, como muchos otros ciudadanos organizados para pedir una reforma política cuando aún era tiempo de que aplicara a estas elecciones, sabemos que el derecho a ser votados en nuestro país, en nuestro Estado, en nuestra ciudad y en nuestro Distrito 6 es como una casa que tiene muchas puertas para entrar; estas puertas son los partidos políticos pero ellos han echado llave por dentro y tienen la prerrogativa de decir quién entra.

Creo que sería incorrecto pedirle, decirle o ayudarle a los ciudadanos sin partido que quieren ser votados, que rompan la ventana y entren a la casa entre cristales rotos.

Como consejeros del IFE eso nos acercaría a un delito, pero más allá de la grave implicación personal, me preocupa más imaginar qué harán enseguida los ciudadanos sin partido a quienes un consejo distrital o un consejo municipal les diera un hipotético registro como candidatos: ¿con qué recursos harían campaña?, ¿cómo se les podría dar acceso a los tiempos oficiales de los medios de comunicación?, ¿cómo se plasmarían los principios de equidad de género que hoy se exigen a las candidaturas partidistas?

Hoy por hoy todos los instrumentos legales de la contienda electoral tampoco se pondrían a disposición de las candidaturas independientes, no porque a los integrantes del IFE les falte disposición sino porque las reglas están escritas y más allá de la posibilidad del registro como candidatos sin partido, está por construirse -y reconstruirse- una buena parte del edificio que alberga el derecho de las y los mexicanos a votar y ser votados, al tiempo de que conservemos los principios de equidad, legalidad y transparencia, fiscalidad del gasto en campañas, entre otros que ha costado mucho construir a través de los años, de varios procesos electorales y muchas iniciativas y ciudadanos involucrados.

Creo compartir con los solicitantes de una candidatura independiente el anhelo de mejorar nuestra democracia. Saludo su esfuerzo sobre todo porque lo están haciendo en red con ciudadanos de diversas extracciones políticas y geográficas para señalar la arrogancia violatoria de derechos ciudadanos que sostiene nuestro sistema de partidos y porque son generosos en ir a correr un trámite que saben casi perdido pero que ayuda a sostener la esperanza de una reforma política.

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