Sara Noemí Mata


Enrejados
19/Marzo/2012

Vivo en uno de esos fraccionamientos de interés social en la periferia de León en que la sensación de inseguridad se intenta paliar con rejas en las calles, casetas de registro de acceso y guardias haciendo rondines.

Es increíble pero en un desarrollo de unas 1,500 viviendas que se organizan en torno a una sola calle principal hay siete casetas de seguridad y unas diez empresas o núcleos de vigilantes habilitados por los vecinos.

La calle donde resido se había salvado de ese influjo hasta que padecimos –durante seis meses- problemas de alumbrado por encontrarnos en una sección no municipalizada de la colonia.

A oscuras, la confianza para salir de casa minó y aunque la mayor parte de los robos a casa habitación ocurren a la luz del día, empujó a algunas decenas de mis vecinos a cooperarse para instalar las rejas.

Apenas tocaron a mi puerta para pedir la cooperación, expresé a mis vecinas –las mujeres suelen encabezar este tipo de iniciativas de organización comunitaria- que no creía que las rejas sirvieran para hacer más seguro y habitable nuestra colonia pero reconocía que, si ése era un elemento dinamizador de la organización de los habitantes, estaría colaborando.

Acompañar la organización vecinal en este proceso me ha mostrado la verdadera oscuridad en la que estamos inmersos los habitantes de León para participar en la seguridad pública, pues no hay en el contacto con los “agentes” o representantes de Desarrollo Social del Municipio, ni con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal una oferta de modelo o de herramientas de intervención vecinal en materia de seguridad. Mencionaré algunos signos de dichas carencias:

Las casetas de vigilancia requieren para su instalación de la emisión de un permiso por parte de Desarrollo Urbano en que para nada interviene la Secretaría de Seguridad ni las áreas de Prevención del delito. Aunque el artículo 157 del Código Urbano establece diversos requisitos, además de los propios de permisos de construcción, su aplicación se flexibiliza pues los funcionarios dicen atender la “demanda o presión social” y hay no pocos casos en que se tolera la arbitrariedad de los vecinos organizados hasta que no haya un afectado lo suficientemente molesto para protestar.

Los controles de acceso se multiplican y expanden con ellos valores contrarios a una convivencia civilizada, que como son el respeto al libre tránsito y la exclusión por apariencia de extraños o pobres. En no pocas juntas de vecinos que me han tocado, es común que los sospechosos de ladrones, “los que amenazan nuestra seguridad”, sean las personas que van de casa en casa ofreciendo servicios como lavar el coche o cortar el pasto, los que recolectan residuos valorizables o incluso los jóvenes que se reúnen a “no hacer nada” o a noviar en los parajes oscuros de nuestras calles.

Hay incongruencia en que Desarrollo Urbano autorice instalación de casetas, plumas y rejas porque los vecinos “lo piden” aduciendo que han sufrido innumerables robos sin siquiera verificar si la problemática de seguridad es ésa, o si los vecinos afectados presentaron una denuncia que busque a los responsables y los castigue. Podrán decirme que ésa no es tarea de dicha dependencia, y lo creo, pero lo que intento mostrar es que en materia de seguridad municipal no hay una mirada ni acción articuladora de los problemas cotidianos, reales o de percepción, que enfrentan los leoneses.

Otro gran vacío es cómo y para qué mantener la proliferación de estas infraestructuras de seguridad, pues aunque sean financiadas por los vecinos al estar en vía pública, por ley pertenecen al Municipio. Desarrollo Urbano pide que tengan servicio sanitario conectado al drenaje y con toma independiente de agua y luz, lo cual es elemental si dichas casetas tienen habitantes permanentes. La contraparte problemática es que los costos de conexión a SAPAL y las tarifas que aplica CFE a este tipo de instalaciones son altos en cuanto al contrato de agua y exorbitantes en cuanto al consumo de luz, pues CFE aplica una tarifa comercial cuando es obvio que esa instalación tiene un consumo ni siquiera equiparable con el habitacional y por supuesto no comercial. Con ello, la invitación a pasar la energía y el agua de una vivienda cercana está latente e inatendida por nuestras autoridades.

Vayamos ahora a la calidad laboral de los vigilantes que están detrás de nuestras miles de casetas y rejas. A un lado de la explosión de empresas privadas de seguridad sobre la que han alertado los regidores priístas, tenemos un numeroso grupo de simi-policías, guardias habilitados que no pueden contar con una seguridad social elemental. Si ése va a ser el modelo para brindar seguridad a los leoneses ¿no es hora de que el municipio busque un estatus o mecanismo para que los mismos accedan, por ejemplo, al Seguro Popular? Esto debido a que los comités de colonos, si bien son una forma organizativa legal y reconocida por el Municipio están lejos de adquirir y responder a las obligaciones formales de un patrón.

Una carencia importante en torno a esta tendencia a instalar casetas o plumas en nuestras zonas habitacionales es educar a los ciudadanos a una participación transparente, que rinda cuentas y reconozca las diferencias. El manejo de las cuotas vecinales para pagar la seguridad desgasta y desmotiva la participación comunitaria porque nadie nos ha enseñado algunas técnicas o herramientas para manejar “el dinero de todos” y es común que reproduzcamos la desconfianza y opacidad que nos lastima de nuestros gobernantes.

Empecemos por los mecanismos de fijar las cuotas. ¿La cantidad debe fijarse por votación de vecinos, por lo que indica el mercado de las empresas de seguridad, por la capacidad económica de los residentes o por una combinación de las anteriores? ¿Debemos aceptar que haya vecinos que no paguen igual que todos? La verdad es que no sabemos y esa deliberación –cuando la hay- genera innumerables roces entre vecinos y alimenta la falacia de que la aportación en dinero es la prueba del compromiso de participación comunal.

Mención aparte merece la forma de gastar lo aportado y de comunicar a los vecinos el manejo financiero de la colonia. Los montos no son despreciables y menos debería serlo la atención que podría ponerle el municipio para dotar a los líderes vecinales de unas ciertas competencias que redunden en mayor formación para actuar democráticamente en el espacio público.

DEJANOS TU COMENTARIO
1456374297.png
1321493145.gif
1381429645.jpg
1321493278.png
1321493200.png