Sara Noemí Mata


Democratizar la democracia
12/Marzo/2012

Tenemos unas semanas con un debate electoral de bajo perfil que debiera ser de la atención de muchos más periodistas, ciudadanos y políticos. Se trata de las cuotas de género en las candidaturas que se presentarán a contender en las próximas elecciones del 1 de julio.

Las cuotas de género son una forma de discriminación positiva que se pueden establecer a diversos ámbitos de las cuestiones públicas como los presupuestos, nombramientos de funcionarios de alto nivel gubernamental, presencia en puestos directivos de empresas, a fin de asegurar que un determinado porcentaje de los puestos o plazas de poder o decisión sean competidas u ocupadas por mujeres. Este mecanismo suele pensarse de aplicación temporal pero necesaria, a modo de equilibrar o compensar los obstáculos culturales y sociales que impiden o dificultan una participación equitativa de ellas frente a los hombres.

En nuestras leyes electorales, la participación política de las mujeres se ha contemplado como un ideal de nuestra democracia y progresivamente desde 1996 se han incluido las cuotas de género en las candidaturas. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, de ese año, por ejemplo, pedía a los partidos políticos considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% de un mismo género. Luego en 2002, el ordenamiento de género alcanzó a las listas de representación proporcional (las plurinominales) y estableció por primera ocasión un sistema de sanciones a quien infringiera el dispositivo. En el COFIPE reformado en 2008, que ya operó en 2009 y es el vigente para estas elecciones, la cuota de género se incrementó al fijarse, en integrar, al menos el 40% de candidatos de un mismo género procurando llegar a la paridad.

Este principio legal tenía algunos hoyos por los que se escurría el objetivo primordial de haberse legislado. Lo principal fue que para satisfacer la cuota de género contaban por igual las postulaciones como propietarios que como suplentes. Resultado de una cultura política dominada por hombres, a las mujeres se les dejaba en las suplencias y muy pocas llegaban realmente al Congreso.

Luego, en 2009, el episodio de “las Juanitas” nos mostró la creatividad machista para burlar nuevamente las cuotas de género, y el principio que las sostiene que es la participación efectiva de las mujeres, al inscribir como candidatas propietarias a mujeres con acuerdos políticos previos para que al llegar al cargo, éstas renunciaran a favor de sus suplentes hombres.

A ese detalle impreciso de nuestro vigente COFIPE hay que agregar otra imperfección que hasta hace muy poco permitía a los partidos políticos ignorar el cumplimiento de las cuotas de género. Se trata del párrafo 2 del artículo 219 que exceptúa de las cuotas de género “las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”. Decimos que hasta hace poco, pues la normativa de la elección en todos sus aspectos, es completada por los Acuerdos del Consejo General del IFE y por las sentencias del Tribunal Electoral Federal. De hecho, el debate reciente por las cuotas de género en las candidaturas se ha activado precisamente por los resultados de la sentencia JDC-12624/2011 y acumulados, que un grupo de diez mujeres, de tres diferentes partidos políticos y algunas sin afiliación, obtuvieron en un juicio de protección de derechos políticos promovido y ganado a finales del año pasado.

Lo relevante de esta sentencia nos fue explicado con amplitud en el Foro Democracia, derechos políticos de las mujeres y justifica electoral, organizado por consejeras del IFE el pasado jueves, y consiste en que el Tribunal Electoral no ha dejado excepciones -y ha resuelto las que podían interpretarse a partir del texto legal y de los acuerdos del IFE-, en el sentido de la obligación de los partidos políticos de respetar las cuotas de género.

La sentencia dice: “En caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático (…) en todo caso deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente (…)”; y sobre las candidaturas plurinominales establece: “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género”.

Las cuotas de género son ahora de cumplimiento tajante, como debió haber sido desde hace más de quince años que comenzaron a introducirse en nuestros textos electorales, y preocupa grandemente a los partidos porque su no cumplimiento llevaría hasta la cancelación del registro de las candidaturas.

Se ha mencionado que el PAN es el partido más liado con la sentencia JDC-12624/2011 y acumulados, porque es el único que ha concluido sus procesos internos de selección de candidatos y, aunque no ha llegado el plazo de registro oficial, no cumple con la cuota de género. Esto ha dado pie a que nuestros analistas periodísticos hagan eco de las preocupaciones de políticos que traslucen con nitidez la cultura dominante en que no se preguntan cómo hacer efectivo acaso el único candado a favor del derecho de participación política de las mujeres sino en cómo seguir sin cambios.

¿Se les despoja a los hombres de una candidatura que ganaron democráticamente? ¿Se les regala a las mujeres una candidatura que no pueden ganar con votos? Pareciera que están en pugna dos principios democráticos: el de la elección directa para ganar una candidatura y las candidaturas por cuota de género. Desde un punto de vista machista podríamos decir que sí y por casi dos décadas ganó una interpretación que ponía en segundo lugar la necesidad de la participación de las mujeres en la lucha por el poder.

Esa interpretación se ha subvertido: la sentencia JDC-12624/2011 y acumulados nos viene a decir que no hay democracia sin mujeres, aunque la señora se vista de votos y legalidad.

Lo cierto es que todos los partidos políticos conocían la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2011 antes de iniciar cualquiera de sus procesos internos de candidatos al 2012. La mayoría prefirió ignorarla o apostar a que se revertiría con incidentes legales posteriores. Esto no ha ocurrido, ni ocurrirá, por lo que ahora estudian qué hacer para cumplir. En mi opinión, no caben las quejas de los partidos que piden que la autoridad electoral (IFE o Tribunal) les diga cómo ajustar su democracia interna para concebir y verificar la participación de las mujeres. Eso entra en la libertad y responsabilidad de los propios partidos, sus militantes y dirigentes.

Lo único que pedimos muchas mujeres, incluso las que no tenemos actividad partidista, es que no intenten nuevas formas de fraude a la ley, hoyos en la norma o rodeos a los principios democráticos. A veces contra el tiempo, también salen cosas buenas.

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