Sara Noemí Mata


Un momento de evaluación
Primera parte
13/Febrero/2012
Hace más de dos años, cuando el actual alcalde panista de León, Ricardo Sheffield propuso crear un Observatorio Ciudadano que “vigilara el cumplimiento de sus promesas de campaña y transparentara las acciones de gobierno”, Propuesta Cívica, la asociación civil en la que colaboro, decidió monitorear el desarrollo de este proyecto.

En el último trimestre de 2009 solicitamos información, tuvimos reuniones con los sucesivos encargados de desarrollar esta idea y analizamos los resultados de experiencias similares. Al iniciar el 2010 conocimos la convocatoria publicada por el gobierno municipal y, en lo personal, fui invitada a participar en el Consejo Directivo. En enero de 2012, al cumplir dos años de este ejercicio ciudadano he comunicado a mis compañeros del OCL concluir mi colaboración y en este espacio quiero compartir algunas reflexiones y aprendizajes que este proyecto me arroja.

Como recordarán, el OCL se creó a instancias del gobierno pero adoptó la figura jurídica de Asociación Civil; durante sus dos primeros años ha recibido presupuesto municipal para la aplicación de una herramienta llamada IWA-4 (por sus siglas en inglés) cercana a las normas de calidad ISO pero integrando indicadores de la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suministrada por la Fundación para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC).

Después de dos años de aplicación en igual número de verificaciones, creo tener a la vista las limitaciones de la herramienta consistentes en que incorpora a un mismo nivel, subindicadores parametrizados, otros de existencia de leyes o planes o datos sobre la gestión; en suma, el IWA busca certificar “la confiabilidad de un gobierno” más que la eficacia en asuntos neurálgicos del desarrollo de la sociedad y el disfrute efectivo de los derechos elementales de los ciudadanos.

Otras limitaciones vienen de la autoría y derechos sobre la herramienta misma. Ésta ha sido elaborada por FIDEGOC, en una red mundial de organizaciones dedicadas a la certificación de ISO´s, que mantiene control sobre los términos en que se redacta cada subindicador y sus evidencias de verificación, sobre la eliminación o adiciónn de alguna temática o sobre el enfoque con que se aborda otra ya existente. Por poner un ejemplo personal: traté, sin éxito, que los subindicadores relativos al “acceso a la justicia” se refirieran a cuestiones de fondo sobre el castigo de los delitos o la reparación a las víctimas en lugar de, como dice la herramienta, pedir como evidencia los mapas para llegar a los juzgados y su difusión pública. Otro ejemplo se da en subindicadores parametrizados, como el que retrata el índice de hacinamiento; la herramienta lo define como “habitantes por vivienda”, cuando cualquiera sabe que no es lo mismo que una familia de 6 miembros vivan en un pie de casa de 30 m2 que en una residencia de 120 m2; por limitaciones analíticas o de consenso con las instancias ante las que se verifica esto, el subindicador no se cambió.

De lo anterior se desprende uno de los rasgos que, desde mi punto de vista, condicionan la independencia del propio OCL. Me refiero al papel preponderante de otra A.C., la FIDEGOC; en todo tiempo, ésta actúa como asesor del Municipio, en teoría para lograr que “los procesos internos de las dependencias” se alineen a los resultados que pide la herramienta IWA, pero a la vez asesora al OCL y es árbitro en las verificaciones. Adicionalmente, en el reglamento interno del Observatorio FIDEGOC ganó una posición en un Consejo de honor que llevará los trabajos electivos de nuevos miembros directivos del OCL.

Otro de los grandes retos que el Observatorio ha tenido ante si desde su creación fue el de la sustentabilidad económica; este desafío conlleva un debate en que se enfrentan dos posiciones: dinero público o dinero privado; ¿es posible construir independencia operativa y simbólica si nuestra manutención viene del presupuesto municipal?, ¿es viable en nuestra sociedad mantener un proyecto como este, exclusivamente con dinero privado?

En los dos años que participé con el OCL se intentaron las dos vías de financiamiento, con más éxito la primera que la segunda, pero sin resolver esencialmente si hay forma de borrar el “pecado original” de haber recibido recurso público para el arranque del proyecto o si no es muy descarado afirmar que “si las autoridades nos pidieron estar aquí, que se responsabilicen de los costos”.

El OCL ha transitado de la idea de “tener un capital semilla” con dinero público para el primer año, al presupuesto “para la consolidación” en el segundo año y la incertidumbre en este tercer ejercicio. En el transcurso se han expresado dos propuestas interesantes para una financiación pública más permanente: la primera sería que un porcentaje del dinero obtenido del impuesto al 2% sobre nóminas o una fracción de cada entrada pagada en la Feria Estatal de León se destinara al Observatorio.

En lo personal, creo que ambas son adecuadas si se realizan con la idea de crear un fondo público específico para que las organizaciones civiles ejerzan labores de observación, evaluación y control social de la gestión pública, no sólo del Ejecutivo y no sólo del nivel municipal. En caso de lograrse, y no porque el OCL sea el promovente, hay que tener claro que si el Observatorio conserva su figura de A.C., es decir, de entidad privada, debiera de entrar a un concurso para obtener tales recursos, pues pese a su prominencia en este trienio, no es la única que realiza labores de observación o promoción de la participación ciudadana en la localidad.

En mi opinión, ha sido el direccionamiento del dinero público a partir del interés personal de un alcalde lo que ha alimentado la percepción de parcialidad o no independencia, pese a que el OCL ha actuado con una razonable y constante revisión de autonomía en sus decisiones y posicionamientos respecto del propio municipio.

En la colaboración de la próxima semana continuaré con este tema.

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