Sara Noemí Mata


¿Pobres o delincuentes?
06/Febrero/2012

La semana pasada el Consejo Directivo del Sistema Integral de Aseo Público, SIAP, celebró una sesión extraordinaria donde presentó el sistema de control de las unidades que recolectan diariamente los desechos en nuestros domicilios.

El sistema reporta en tiempo real, basado en GPS y montado en web, la localización de los camiones de la basura y genera alertas cuando uno de ellos se sale de ruta o se detiene excesivamente, pues lo primero puede suponer que descarga materiales reciclables fuera del único lugar permitido y lo segundo que genera una ineficiencia cuyo costo de combustible y de mal servicio se carga al sistema completo. Según la información presentada, este sistema está permitiendo, por primera vez, un conocimiento detallado del cumplimiento de las rutas de recolección y, por ende, un control confiable de que los materiales separados por los pepenadores entra al Centro único de acopio Lyrba y le reporta beneficios al Municipio.

Pese a ello, los ingresos por concepto de reciclables han resultado modestos y muy alejados de lo que el propio SIAP proyectaba recibir cuando logró que el Ayuntamiento aprobara el Centro único Lyrba, en agosto pasado. Aproximadamente, se están recibiendo 500 mil pesos mensuales cuando se estimaba que por esta vía el Municipio iba a recuperar entre 1 y 1.3 millones de pesos al mes.

Al término de la sesión tuve oportunidad de conversar con Manuel González, Director del SIAP, junto con otros ciudadanos que acudimos a observar la sesión pública. Fue notorio el cambio de actitud que muestra este funcionario con respecto de su antecesor en relación a dialogar con ciudadanos; varios puntos de esa plática son interesantes y quiero compartirlo con los lectores de este espacio.

Manuel González nos expuso su postura en contra de los llamados pepenadores libres, los que realizan la separación de desechos de entre las bolsas que saca la gente de sus casas y antes de que pase el camión recolector. Ellos están encareciendo la recolección porque abren las bolsas, sacan lo que les interesa pero no vuelven a anudarlas y, en algunos casos, incluso las rompen y dejan esparcidos los desechos; esto obliga, a decir del funcionario, a que los empleados de las rutas tengan que usar pala o recogedor para levantar las basuras con lo cual emplean más tiempo y esfuerzo.

Además, explicó Manuel González, aunque por toda la ciudad se vean familias enteras realizando esta actividad, están controlados y explotados por “mafias” que son las que en realidad ganan con lo que ellos rescatan, además de que les exigen montos de material y ganancia para dejarlos trabajar y se escudan en ellos para cometer robos de autopartes mientras van haciendo el recorrido hormiga por las colonias. “Por eso su actividad la hacen en la noche y hasta tienen camionetas con los que les van recogiendo los materiales”, comentó.

De un diagnóstico así es fácil desprender lo que el funcionario vislumbra como escenario ideal: el que nadie tocara la basura puesta en la calle a riesgo de ser sancionado con fuertes multas como, según él, ya se hace en varias ciudades del mundo, a fin de que la basura llegara a una planta de separación que industrialice el proceso.

No sé si con éxito, pero en el diálogo le hicimos ver al funcionario lo improbado y excluyente de su visión. Habemos quienes no creemos que los pepenadores libres son lacras sociales que hay que desterrar de nuestras calles a punta de multas y amenazas de detención por “robarle” los desechos al Municipio. Quienes alguna vez hemos conversado con estos pepenadores, percibimos que realizan una actividad lícita –hoy por hoy no está tipificado como delito ni como falta administrativa el recolectar desechos de la vía pública- que les reporte un ingreso para el sostenimiento de sus familias. Quizá formen parte de redes o cadenas de explotación de la misma basura en la que tengan que entregar ganancias o sujetarse a reglas “extralegales” que todo negocio lucrativo informal tiende a generar; probablemente algunos hasta toleren o participen de actividades ilegales como el robo de ocasión por las viviendas que recorren.

En cualquier caso, insistimos a Manuel Gómez, son ciudadanos leoneses que están tratando de conseguirse el disfrute de ciertos derechos mínimos que de otra forma nadie les garantiza, como el alimentarse, pagar un doctor o dar escuela a sus hijos, al tiempo que le proporcionan un servicio a la comunidad que estrictamente la ciudad no les paga: ellos hurgan en la basura desechos que todos los habitantes debiéramos disponer separados e incorporan a la cadena de reciclaje material que muy probablemente iría al confinamiento dadas las limitaciones de nuestro sistema municipal de recolección.

En resumen, son pobres pero no delincuentes; ciertamente su condición de marginalidad los acerca a ser capturados por redes de explotación o delincuencia, pero mal hacemos, las autoridades y el público, si nos tragamos la versión de que hay que combatirlos o acotar su actividad.

Su presencia se parece a la de los jóvenes llamados “ninis”: al no tener escuela ni empleo, es fácil que sean captados por redes de complicidad con delincuentes o que incluso se les reclute como distribuidores de droga o sicarios; igual pasa con adictos que a menudo caen en redes de narcotráfico o con los grupos sociales más pobres y sin educación que son presa fácil del corporativismo y compra de voto en época electoral.

La respuestas de política pública en cualquier ámbito, sin exceptuar el de los desechos urbanos, no pueden venir en el sentido de criminalizar a los pobres, por ejemplo, pidiendo o aplicando multas contra los pepenadores libres, sino precisamente en rescatar a quienes por su condición de marginalidad están más cerca de redes de explotación. Esto es posible si el SIAP y el Ayuntamiento, en conjunto con organizaciones sociales y la academia, idearan un mecanismo para formalizar y organizar la participación económica de los pepenadores libres, por ejemplo a través de cooperativas, o haciéndolos socios del sistema en lugar de verlos con desconfianza o achacarles a priori los sobrecostos o pérdidas económicas del sistema de recolección.

Éste caso nos muestra cómo la forma en que vemos el problema y lo diagnosticamos, condiciona las soluciones que ofrecemos; ojalá que para el caso de la basura en León no subsista la idea de equiparar a los pobres y marginados con delincuentes en acto, o en potencia.

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