Sara Noemí Mata


Los otros secuestrados
26/Diciembre/2011

La comparación que voy a hacer puede parecer molesta para algunos o exagerada para otros. A los únicos a los que adelanto una disculpa es a quienes personalmente han vivido un secuestro porque dirán, con razón, que esa experiencia no es comparable con ningún otro sufrimiento.

Mi comparación, de hecho, no apunta a lo sensible, a los sentimientos personales involucrados en la vivencia de un secuestro, sino a las condicionantes políticas y legales que configuran una similitud entre vivir un secuestro y ser un habitante de una colonia no municipalizada.

Vivo en uno de esos fraccionamientos que han cumplido con todos los requisitos de la normalidad urbanística: pagan su impuesto raíz, liquidan mes a mes sus servicios públicos, pero llegado un momento atrapa a sus habitantes como rehenes.

En mi colonia tenemos problemas de alumbrado público desde mediados del año. Los síntomas comenzaron por lámparas que se apagaban al azar, unas horas, luego unos días, luego semanas; algunas se reencendían pero luego de un tiempo toda una sección de la colonia quedó en penumbra.

Los vecinos confiábamos en hacer el reporte correspondiente al número de reporte ciudadano, 062, cuyas amables telefonistas prometían atender “en tres días”. Al notar que los problemas persistían, el seguimiento de tales reportes registraban, sin comunicarle al que lo había hecho, que en esas calles no se podían atender quejas porque “no estaba municipalizado”.

La peregrinación de los vecinos organizados en el comité de colonos “reconocido” por el municipio se dirigió entonces a la Dirección de Desarrollo Urbano. Aún dirigía esa dependencia la arquitecta Morfín que nos recibió con cajas destempladas. Dijo simplemente que no podían obligar ni presionar de ningún modo efectivo al desarrollador del fraccionamiento, la empresa VGI, porque las leyes y reglamentos no les daban facultad clara para ello.

Parafraseando a la ex funcionaria en aquel encuentro, el desarrollador puede iniciar mil veces los trámites de entrega del fraccionamiento al municipio, pero si los abandona, si no los concluye, no pasa nada, simplemente vuelve a pagar por el inicio del trámite y la autoridad municipal no puede obligarlo a que concluya. El gobierno municipal sí puede hacerles saber que hay ciudadanos quejándose porque ellos no están prestando los servicios públicos a que están obligados, pero hasta ahí. Quise saber si podían ejecutar la fianza que legalmente un desarrollador inmobiliario deposita en teoría para garantizar las obras de urbanización que le toca realizar. Su franqueza me pasmó: esa colonia ya tiene más de cinco años, seguramente la fianza no está actualizada (ya no garantiza el valor actual de los posibles perjuicios en lo no entregado a la autoridad) y aunque fuera reciente, hay fianzas de dos años que Desarrollo Urbano no puede cobrar. Pues entonces debe haber algún modo de detener los permisos de venta de casas que la misma empresa sigue teniendo en otros fraccionamientos o tramitando para nuevos negocios en la ciudad, dije esperanzada. Menos, descartó la ex funcionaria, Los permisos que ya tiene no se les pueden afectar aunque ellos no cumplan en otro lado, y si están tramitando permisos nuevos pueden hacerlo con otra razón social (aunque el nombre o marca empresarial no cambie) y aunque la autoridad sepa que son los mismos no puede evitarles nuevos permisos si es que integran un expediente nuevo.

Pasando las semanas, el lío legal de mi colonia se complicó. La Dirección de Mantenimiento Vial, dependiente de Obras Públicas, otorgó permiso a la empresa Gas Natural para introducir su red de distribución justamente en las calles que componen la sección no municipalizada de la colonia. Al abrir calles y romper pavimentos, la empresa energética dañó alguna instalación del alumbrado lo que terminó por dejar a obscuras esa parte de nuestra colonia.

La molestia vecinal se incrementó pues mientras la Dirección de Alumbrado Público, también dependiente de Obras Públicas, se lava las manos frente a los ciudadanos aduciendo que no puede intervenir en un área que no ha sido entregada a su responsabilidad, otra área de la misma Dirección interpreta que tiene facultades para dar permisos en lo que técnica y legalmente se sigue considerando una “zona privada”.

Según Desarrollo Urbano, los desarrolladores son los responsables de brindar los servicios públicos en las varias colonias no municipalizadas, y es aquí donde explico mi paralelismo inicial con el secuestro. Los habitantes de las colonias no municipalizadas vivimos privados de uno o varios de nuestros derechos a un servicio público, por un particular más o menos identificable, y nos dedicamos a probarle a la autoridad municipal que el desarrollador inmobiliario está en falta. Los funcionarios de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas actúan como los policías cómplices de un secuestro: su negligencia para investigar y asentar las amenazas constantes a la seguridad de los habitantes por la carencia de alumbrado, seguridad pública o limpia se esconden en interpretaciones de uno o varios reglamentos que les permite bordear una interpretación legal, o la contraria, con tal de eximirse de responsabilidad en que el desarrollador libre sin sanción su delito, o incluso, para que no se les configure delito.

Como a los familiares de los secuestrados, a los habitantes de las colonias no municipalizadas se les envía a recabar información a una dependencia y a otra, a hacer antesala ante un funcionario y otro; ambos estamos esperando que entre ellos se pongan de acuerdo y actúen coordinadamente para liberar al privado de sus derechos. Pero nada: como las policías, unos llenan un formato, aquellos giran un oficio, unos más prometen, con la mano en el pecho, de que harán todo lo que esté en sus manos para ayudar; todos juran que a la siguiente cita habrá resultados o que ellos mismos nos llamarán para anunciarnos alguna buena noticia pero a la vuelta de las semanas la situación de los secuestrados sigue igual y lo único que ganan las víctimas es descubrir que hay nuevos involucrados en la trama y que los intereses de uno implicarán a otros, pero ninguno se pondrá a jugar en beneficio del sujeto de los derechos, que somos los ciudadanos, y adoptará el papel de garante de dichos derechos.Por parte de los secuestradores también hay similitudes. A los desarrolladores de vivienda los mueve la ganancia a costa de los que al principio eran sus clientes, pero terminan siendo sus rehenes. Aunque no pidan “rescate”, su pago está en la reproducción misma de la práctica abusiva, delictuosa. Mientras la impunidad de la omisión a sus obligaciones siga, como sin castigo están la mayoría de los secuestros, ellos no tendrán ningún incentivo de parar la privación de derechos a que someten a cientos de ciudadanos inocentes. Como el negocio de urbanización trunca o sin entregar al gobierno no tiene consecuencias en la venta de casas en cualquier otro fraccionamiento, ni en ningún otro aspecto financiero de los inmobiliarios, los habitantes de las colonias no municipalizadas seguiremos engrosando la cifra negra cuya denuncia no es escuchada ni atendida.

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