Sara Noemí Mata


Valores Deportivos
12/Diciembre/2011

Hace unos días, la revista Proceso publicó un reportaje que dio cuenta de la renuncia de la Consejera de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), Paulina Villalobos González, en protesta por la contratación de Francisco Rueda, instructor de la clavadista Laura Sánchez.

En el No. 1831 del 4 de Diciembre (no hay versión electrónica del contenido) la periodista Verónica Espinosa reconstruye la irregularidad en la contratación de Rueda: en una junta de la Comisión de Becas del COMUDE donde participaban tres consejeros, uno de ellos Paulina Villalobos, se hizo aparecer en la minuta que dicha contratación se había avalado por cuatro votos a favor y uno en contra.

Contactada por quien esto escribe para comprender de primera mano las inconformidades expresadas en el semanario, Paulina Villalobos corroboró su molestia porque el máximo organismo deportivo de León desestimó los antecedentes de comportamiento indebido atribuidos al entrenador y validó su contratación.

La historia de este personaje, que puede encontrarse en diversas publicaciones en Internet, se resume así: en el año 2004, siendo ya entrenador de la deportista en formación -y entonces menor de edad- Laura Sánchez, fue acusado por los padres de ésta de “estupro”, una variante de abuso sexual a menores en que se utiliza la seducción o el engaño para lograr el consentimiento de la víctima; el caso fue investigado por la Federación Mexicana de Natación que lo inhabilitó de por vida. A la postre, Rueda se divorció de su anterior esposa y contrajo matrimonio con su pupila.

Según información recabada por personal de COMUDE, el entrenador Rueda apeló civilmente la resolución de la instancia federada y, a punto de ganarles el litigio y obligar al pago de una millonaria compensación, la Federación decidió pactar con él para que se desistiera de la demanda. Así, lo que era una inhabilitación de por vida para emplearse como entrenador pareció diluirse en los hechos, pues antes de llegar a Guanajuato estuvo adscrito y contratado por los gobiernos de Veracruz y Baja California.

El caso interesa por los traspiés en la formalidad y certeza con que debe manejarse un Consejo Directivo ciudadano y por los valores encontrados que se esgrimen en la decisión de contratar o no a una persona con estos antecedentes.

Respecto a lo primero, la irregularidad cometida por COMUDE fue “truquear” la minuta de la sesión de la Comisión de Becas del 3 de Noviembre, donde de tres participantes se hizo aparecer como que estuvieron presentes cinco consejeros. Aunque no se omitió el voto en contra de la consejera Villalobos, el hecho parece minimizar una postura crítica, contraria a la propuesta de la dirección institucional, e incurre en una ilegalidad clara que es hacer votar a los ausentes.

Ciertamente yo no cuento con una copia de dicha minuta, pero la consejera Paulina Villalobos, con quien me entrevisté, sí, y la misma le fue proporcionada adjunta al material con que se desarrollaría la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 15 de Noviembre, que integran 14 miembros, 11 de ellos ciudadanos.

Debido a que no pude acudir como observadora a dicha Sesión ordinaria, el pasado jueves fui a COMUDE para preguntar a su presidenta, ciudadana Ángeles Cortés, su posición sobre lo ocurrido. Ella dijo estar en disposición de conversar conmigo pero pidió que le pusiera por escrito mis preguntas y le dejara los teléfonos donde me contactaría. No lo hizo.

Su silencio me muestra las dificultades de abordar el fondo de un caso como el presente. Pareciera que no toca o no sabemos cómo dilucidar si es adecuado, recomendable o no, la contratación como entrenador de una persona con antecedentes de comportamiento sexual indebido hacia una de sus pupilas.

Una línea de pensamiento desarrolla que se trata de “conductas que pertenecen a su vida privada”, pues aunque la chica era menor de edad, ellos terminaron casándose y por tanto no nos concierne, ni afecta a su actuación como servidor público si se le contrata como entrenador y selectivo de una disciplina deportiva.

Otra idea que justifica a esta separación de lo público y lo privado se basa en argumentar que la denuncia pública que señaló al entrenador Rueda hace casi una década, no recibió condena en juzgados penales o civiles y que la sanción de una instancia privada, como a últimos términos viene siendo una federación deportiva, puede perderse en los vericuetos de negociaciones particulares en que se privilegian los acuerdos monetarios, y no el actuar ético de entrenadores de niños y jóvenes.

Además, vivimos un país donde la sanción legal a cualquier tipo de delitos, pero en especial a los de índole sexual y de abuso a menores y mujeres, permite a cualquier culpable pasar por inocente y a un inocente pleno, en ocasiones, no poder deshacerse de una imputación extralegal, incluso más allá de los años de condena que la ley contempla para un delito así y disfrutar el derecho al buen nombre y al trabajo. Esta es una gran injusticia que se comente en asuntos particulares, como pudiéramos pensar que es el caso Rueda, pero lamentablemente sus consecuencias injustas se ceban en la sociedad toda como también se ejemplifica en que nuestro máximo organismo deportivo no pueda dilucidar con justicia, transparencia y responsabilidad sobre contratar o no a Francisco Rueda, más allá de evidencias legales que no se tienen a la vista.

Pero quizá los valores que se encuentran más en pugna en esta trama son los que tienen que ver con la formación deportiva competitiva que debe ganar medallas, destacar a la ciudad y dar satisfacciones al gran público que espera actuaciones sobresalientes de sus deportistas de élite. Pareciera que éstos valores pueden y deben derribar –con razones o pifias- cualquier objeción que se les presente, como la duda razonable que presentó la consejera Villalobos sobre la trayectoria del entrenador Rueda. La respuesta simbólica que se nos da es que vale más una promesa de medalla olímpica.

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