Sara Noemí Mata


La corrupción tiene permiso
07/Noviembre/2011

Hace poco escribí que la corrupción me parecía un monstruo de diez cabezas, de veinte manos y de un par de veloces pies. Apenas alguien se disponía a documentar y señalar a los corruptos, éstos ya habían echado a correr y salido del alcance.

Después de la “resolución” que el Congreso de Guanajuato dio a la auditoría al DIF Estatal el pasado jueves, creo que más que pies, la corrupción tiene unas grandes aletas y una piel resbalosa con la que se torna inasible; también la imagino con largos y suaves tentáculos con los que nos ahoga sin que podamos zafarnos, a veces sin reparar cómo nos abraza.

Seguí con sumo interés la sesión del Congreso por medio electrónico, como antes conocí y respaldé la iniciativa ciudadana para que las denuncias de corrupción en el DIF Estatal ventiladas en periódicos se investigaran penalmente y se señalaran responsables. No conozco quien se pueda sentir sereno y confiado con lo ocurrido en este caso: los representantes del PAN-gobierno no pudieron sostener con claridad que no hubo irregularidades en el DIF Estatal. Ellos las minimizaron en lo político y en las consecuencias legales, y quisieron convencernos que actuaron “con responsabilidad” valiéndose de las pobres armas que las leyes les dan y las lealtades políticas les quitan.

Del bando opositor priista hay que lamentar que su desarrollo esté más en la retórica que en el afilamiento de preguntas y trabajo político y técnico en materia de contraloría para contrarrestar a la mayoría panista. Entiendo que se haya tratado de apabullar a los diputados presentándoles el informe de la auditoría y emplazándolos para dictaminar con premura, pero francamente no capté si para el PRI la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización fue integral y adecuada, y que el PAN la estaba diluyendo en el dictamen, o si, por el contrario, fue una farsa de revisión de la que no podían salir sanciones ponderadas y correcciones administrativas.

Como, para colmo, ni el resultado de la auditoría ni el dictamen puesto a votación son documentos que los ciudadanos podamos conocer íntegros previo a la discusión, nos hemos de quedar con las expresiones políticas de uno y otro lado, y también con el silencio vergonzoso y las cantinflescas explicaciones de esos diputados minoritarios del PT-Convergencia, el Verde, el PANAL y el PRD que votaron con la mayoría panista, como si hiciera falta.

La sesión del Congreso del jueves ejemplifica la frustración constante que nos reporta nuestra vida democrática: nos muestra que ni el poder político ni los ciudadanos tenemos instrumentos eficaces para detectar oportunamente la corrupción y castigarla; porque hemos construido un sistema de rendición de cuentas en que una parte le estorba a la otra, y aquella trabaja para el anquilosamiento de ésta. Ni los órganos técnicos ni los mecanismos de transparencia son suficientes para que haya consecuencias evidentes y ejemplares contra quienes tuercen la ley, le dan la vuelta a los procedimientos administrativos o se burlan de una ética elemental del servicio público.

Hay que hacerles entender a nuestros políticos que no importa que el monto de lo gastado o solicitado en préstamo indebidamente sea de 150 mil pesos o de 30 mil millones (como se imputa al gobierno priísta de Coahuila), que sean 51 los equipos de cómputo que no se registraron en el inventario de la institución o que en el camino de una compra a los almacenes se haya extraviado un acelerador lineal de precio millonario (como se ha develado que ocurrió en la gestión priísta de Oaxaca) o se haya permitido la putrefacción de alimentos y la pérdida de donativos. Las acciones corruptas tienen diferente calibre y nivel de responsabilidad cuando se analizan y castigan pero se equiparan en la impunidad que gozan.

Dice el Gobernador en un desplegado que los ciudadanos podemos estar tranquilos de que no hubo desvío de recursos en el DIF Estatal. Eso ya no pasa ni como acto de fe hacia sus afectos políticos. No era el desvío de recursos la única modalidad de corrupción por la que se investigó al DIF y por los hilachos de averiguación que pudimos conocer está claro que las irregularidades pululaban y podían retar la imaginación de personajes como Ulises Ruiz o de Humberto Moreira.

Se cierra aparentemente un caso más de corrupción sin castigo. Me siento decepcionada y animada a la vez. Frustra sentir las limitaciones de nuestros órganos de representación política y resulta francamente entristecedor las polarizaciones que nuestros periodistas y medios de comunicación adoptan ante casos como éste. Empero, el ánimo viene de la enorme veta que tenemos como ciudadanos para entender al monstruo de diez cabezas, veinte manos, grandes aletas y piel resbalosa.

Sobre los hechos escribió Miguel Zacarías, reconocido analista político local: “El PAN parece estarla librando en el terreno de las instituciones. Su mayoría, su autoblindaje le ha ayudado a sacar adelante estos temas y minimizar los daños en cuanto al impacto directo en los involucrados y las instituciones”. La historia nos ha mostrado que no hay blindaje a la corrupción y que la minimización del daño político más que del propio poder viene de los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos que prefieren dar vuelta a la página, olvidar el asunto o chacotear sobre temas más amables antes que profundizar en lo que apenas nos asomamos.

No se trata de esperar a cobrar esta factura en época electoral: ahora mismo hay que revisar el dictamen que los diputados “dispensaron de su lectura”; hay que clavarse en el reporte de la auditoría aunque tengamos que contratar a un traductor contable y hay que decirnos lo que varios políticos, medios y periodistas prefirieron callar.

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