Sara Noemí Mata


Con su venia, señor Presidente
31/Octubre/2011
La maleabilidad y especialización del lenguaje es uno de los mayores adelantos de la cultura y del ser humano. Cuando un niño va adquiriendo el lenguaje sus progresos se miden precisamente por el número de vocablos que incorpora a su habla cotidiana, por la pertinencia de su uso y por la asertividad con que va encadenando voces para expresar cada vez con mayor detalle sus deseos, observaciones o necesidades.

La escuela basa su principal aporte en perfeccionar las habilidades relacionadas con el lenguaje e incluso si uno llega a cursar una licenciatura o un posgrado, en buena medida, el logro educativo se registra si uno ha aprehendido los conceptos y terminología con los que se habla en tal o cual disciplina y si los aplica con corrección para describir un problema o para ofrecer soluciones.

El uso de un lenguaje especializado es también un mecanismo de exclusión que en muchos ámbitos se usa para que el otro no entienda de lo que uno habla, para dotarse a sí mismo de un estatus superior y, en definitiva, para señalar que quien no habla como uno, carece de la facultad para tomar parte de la decisión que se está tomando.

Todas las profesiones generan sus propios códigos, arman términos que les dan identidad y adoptan las palabras y fórmulas que los distinguen. Los policías, los médicos, los meteorólogos, los abogados, todos. La cosa está muy bien hasta que cada cual tiene necesidad de comunicarse con quienes no son sus pares, con el resto de los mortales.

En mi experiencia, si se me permite la generalización, todos, excepto los abogados, hacen un esfuerzo por traducir su lenguaje al habla cotidiana, a la forma de hablar de la gente común; nuevamente, esto sería anécdota si no fuera porque nuestra vida pública, nuestras instituciones y representantes de las cuestiones políticas y de gobierno están enfermas de formalismos que vacían de contenido las cuestiones sobre las que el público debiéramos estar atentos y las llenan de repeticiones y expresiones que dejan fuera de lugar a los propios protagonistas: nuestros políticos. Voy a referirme a unos casos que los ilustran lo que he expuesto y que me preocupan; han ocurrido en el seno del Ayuntamiento: uno, el más reciente, fue la autorización dada a una empresa para funcionar como Centro Único de acopio de materiales reciclables. En la sesión de Ayuntamiento del 25 de agosto, como en otras que me ha tocado asistir, escuché impávida cómo el dictamen de la Comisión de regidores respectiva pedía firmar el contrato que unos días después los mismos ediles refutarían por sus consecuencias. La verdad es que ese asunto, como todos los que se presentan en el Cabildo están redactados para que sólo los que están en la mesa y han tenido a la vista los expedientes completos puedan saber de que se trata y lo voten.

La forma en que se presentan los “puntos de acuerdo” del Ayuntamiento normalmente se estructuran para destacar que los regidores están facultados a tomar una decisión, pero no para explicitar en qué consiste su dictamen, qué y quiénes se ven involucrados, o qué consecuencias traerá para la colectividad. Los observadores de las sesiones públicas de nuestro máximo órgano de gobierno local –seamos ciudadanos o periodistas- estamos acostumbrados al rezo monótono de un rosario de artículos en que “se fundamenta” la decisión, pero los detalles centrales se omiten de la lectura porque se asume que vienen en “los anexos”.

Los formulismos legales diluyen a tal grado la trascendencia de los asuntos tratados que cada que un regidor concluye la lectura de su dictamen lo rubrica con la frase “es cuanto señor presidente” para avisarles a sus compañeros que ya terminó. No podría ser de otra forma ante exposiciones tan planas y con el contenido tan escondido; incluso un duende podría revolver los artículos y leyes citados como fundamento u omitir párrafos centrales de una aprobación y nadie repararía en su error porque, de hecho, estos documentos están pensados por abogados para que funcionen únicamente en el plano de los papeles, no en el de la argumentación clara y la rendición de cuentas viva.

Otro ejemplo: en la misma sesión del 25 de agosto referida por el contrato “sorpresivo” en el tema de la basura, el líder de los regidores del PRI se detuvo en un dictamen que pretendía pasar como todos, corridito y sin preguntas. Consistía en autorizar el pago a un particular para que pusiera mantas de “clausurado” a unos 34 anuncios que deben ser retirados, luego de un largo proceso administrativo, por no cumplir con las normas urbanas. El regidor Ramírez impugnaba principalmente los costos que se autorizaba pagar, pues ya en la Comisión había expuesto que los costos eran superiores frente a otras cotizaciones del mercado. Su compañero priísta, el regidor Cobián preguntó otra cuestión elemental: ¿por qué se van a poner mantas de clausurado a anuncios que se van a retirar? Ni el dictamen ni el resto de regidores panistas que avalaban este “punto de acuerdo” dieron una respuesta satisfactoria. Hace unos días comencé a ver las mantas materia de aquella sesión. Están en amarillo y dicen “clausurado”; luego, con letritas ilegibles a la altura de cualquier peatón o automovilista, rezan, ¡cómo no!, “el fundamento legal” de la clausura. Si el precio era elevado en la autorización, con el colgado de las mantas se ratifica el desperdicio. Los anuncios no señalan al responsable y ni siquiera detallan que serán retirados, lo cual es en esencia la verdadera sanción de debía ser comunicada. Me pregunto por qué mis ediles no se preguntan sobre las consecuencias extralegales –en el buen sentido del término, no me refiero a ilegales- de sus aprobaciones, sobre lo que va a pasar en lo práctico luego de que ellos voten algo. La verdad es que los ediles no se lo preguntaron cuando vendieron el área verde de Villas del Juncal; no se preguntaron por qué pagar tan caro un terreno vecino al Parque Metropolitano cuando lo autorizaron a inicios de la administración, o no se preguntan cada que autorizan cambios de uso de suelo o autorizaciones a empresas de seguridad. Cada día nuestras autoridades, las populares y las designadas, celebran reuniones públicas pero éstas están envueltas en un lenguaje abogadil y en decenas de formalismos legales que las están volviendo peligrosas, porque excluyen de su cabal entendimiento a los ciudadanos comunes y porque están permitiendo que se cuelen asuntos poco transparentes.

“Es cuanto, señor lector”, lo cual quiere decir: es todo, hasta aquí llegué, tan-tan, fin.
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