Sara Noemí Mata


Sin plan para la basura
17/Octubre/2011

A la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa,
formador de lectores, periodistas y ciudadanos.

La crisis que vive el sistema municipal de recolección de basura desde hace algunos días tiene muchas aristas de análisis; abordaré hoy algunas.

Lo primero que debemos establecer es que el municipio se ha tardado en ejecutar una política comprensible y eficaz en la materia y por años se ha dedicado simplemente a administrar los contratos de recolección de desechos y el contrato de confinamiento en el relleno sanitario. Los sucesivos Ayuntamientos y Administraciones municipales han brillado por su cortedad de miras y su escaso entendimiento en la gestión integral de los desechos sólidos urbanos. Un dato ejemplificador es que el actual Cabildo otorgó la autorización a una empresa para funcionar como Centro único de acopio de desechos reciclables prácticamente a ciegas o francamente distraído de lo que significaba la aprobación realizada en la sesión del 25 de agosto pasado. Tan es así que los partidos opositores con asiento en el Ayuntamiento, PVEM y PRI, vistos los efectos de su autorización sin preguntas, han dicho que “los chamaquearon” y pidieron que se revierta el contrato que ellos mismos aprobaron sin reservas.

La forma en que se instrumentó el cambio a un Centro único de acopio de desechos es otra muestra de que la creación del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) no hizo otra cosa mas que separar las áreas administrativas que desde antes se encargaban de la supervisión a las rutas de la basura y del trato con los concesionarios del relleno para fundirlas en una nueva entidad paramunicipal sin espacio para elaborar una política, financiera, urbanística y ambientalmente, sustentable en materia de desechos.

En las múltiples declaraciones que Antonio Guerrero el director del SIAP, el alcalde Sheffield y de la Secretaría del Ayuntamiento han hecho sobre el caso, se evidencia que las argumentaciones para centralizar el acopio de los reciclables ya separados por los pepenadores no son claras, ni se han jerarquizado o proyectado con otras acciones.

Supuesto 1: La basura una vez puesta en la calle es propiedad municipal y por ende el gobierno puede decretar a dónde se lleva y cuánto se paga por ella. El supuesto es correcto pero la determinación defectuosa. La basura puesta en la calle no tiene ningún valor, lo que la valoriza y le da precio es el trabajo que decenas de personas realizan para separar ciertos desechos que tienen actualmente posibilidad de reciclaje. La medida instaurada por el municipio es errónea porque ignora toda la cadena de valor que pueden tener nuestras basuras y los diferentes mercados que cada parte de la industria ha generado; esto lo lleva a determinar que con un centro único de acopio se va a ganar más sin asegurarse si con ello se va a reciclar más o va a poder incidir en el resto de la cadena y del negocio.

Supuesto 2: Como los desechos son propiedad municipal los que la seleccionan están obligados a reportarle las ganancias al dueño. El supuesto nuevamente es cierto pero desastrosa la forma en que el SIAP ha decidido recuperar la plusvalía que los pepenadores dan a los desechos. En lugar de hacerlos socios, la autoridad los convierte en casi delincuentes por “robar” la basura que van separando por las calles de la ciudad. En el negocio de los desechos, los pepenadores son el primer eslabón de una cadena -probablemente no la que más gana- pero indispensable para que el resto se active: los acopiadores de gran volumen, los procesadores especializados y las empresas que finalmente la transforman en algo útil como textiles, embalajes, fibras.

Supuesto 3: Autorizamos a la empresa Lyrba para convertirse en centro único de acopio de materiales reciclables para recuperar una parte del dinero que el municipio gasta en la recolección. Más que un supuesto, es un buen deseo pues el contrato con Lyrba no se pactó sobre una cuota mensual para que la empresa le retribuya al gobierno sobre lo acopiado. Más que cálculos realistas sobre lo que el Centro único reportará a las arcas municipales hay tanteos que hablan de que el municipio obtendría un 10% de los 100 millones mensuales que cuesta la recolección. Supuestamente Lyrba regresará el 50% de las ganancias sobre el volumen de lo acopiado, pero como en el mismo acto se castiga el incentivo principal para que los pepenadores multipliquen su actividad, es decir, el precio del material que rescatan, realmente no es claro cómo se va a medir un éxito o fracaso en este proyecto.

Supuesto 4. El SIAP ejecutó el Centro único de acopio porque tenía muchas quejas ciudadanas por la proliferación de lugares de concentración de basuras en cualquier rumbo de la ciudad. El supuesto es real pero no puedo calificar la respuesta gubernamental más que como una finta. Si decenas de centros de venta de reciclables han proliferado sin permisos es por la benevolencia o complicidad de los responsables de verificación normativa. Nuestras autoridades nos han acostumbrado, en todos los planos, a la irregularidad para que cuando ésta sea abrumadora nos ofrezcan como solución un programa de regularización que contemple una rebaja en las normas que los infractores urbanos, ambientales o fiscales, o bien, nos digan que ellos conocen “al único” que puede y quiere cumplir las normas. Para el caso de los acopiadores de desechos parece que el municipio ha aplicado la segunda opción.

Supuesto 5. La oposición en el municipio va a revertir esta medida porque hay sospechas de adjudicación interesada del contrato -único y Express- a Lyrba y por los efectos negativos que va a tener en las familias de los pepenadores. Esta es una apuesta de pronóstico reservado pero me apena que la acción de nuestros representantes opositores en el Cabildo esté montada sobre dos de las líneas típicas de impugnación de las acciones de gobierno que salen mal: la sospecha por una legalidad que ellos validaron hace menos de un mes y la siempre rentable defensa de ocasión de los pepenadores. Para nuestro infortunio esta táctica no va a hacer avanzar lo que debiera ser una política central para una ciudad del tamaño y retos en materia ambiental como lo es León.

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