Sara Noemí Mata


Vivir en condominio
11/Julio/2011
Vivo en las cercanías de una zona popular conocida en León como “Los Ángeles”, en la intersección de los bulevares Francisco Villa y Valtierra. Es un fraccionamiento de Infonavit construido hace más de dos décadas con la idea de que la vivienda unifamiliar no estuviera cada una en un predio, sino que se construyeran entre una y tres casas-departamentos por edificio.

La disposición de las construcciones rompía además con la cuadriculación habitual de las calles por las que pasan coches: a éstos se les dejaba en los contornos y se accedía, en caso de que el edificio propio no tuviera vista a la calle, por andadores empedrados que tenían jardineras y espacios de convivencia.

Era un ejercicio de vivienda en condominio que aún hoy resulta atractivo: no son los edificios multifamiliares con que se había ejecutado la vivienda popular en los años setenta ni la solución por excelencia de la vivienda unifamiliar en un predio que ha regido por décadas en nuestro país y a la que en buena medida debemos la expansión de nuestras ciudades y la creación de más y más suelo para los usos urbanos. Tampoco era la simulación legal de un condominio como recientemente los desarrolladores inmobiliarios acostumbran hacer para hacer vivienda unifamiliar en predios de menos de seis metros de frente.

La zona habitacional de “Los Ángeles” era una solución intermedia que de algún modo compensaba los -ya para entonces- reducidos espacios de la vivienda con unos generosos espacios abiertos.

Lamentablemente en nuestro contexto ha privado una concepción limitada de la política de vivienda y se piensa que este problema se soluciona con dotar de casas a las familias trabajadoras y más o menos asegurarse que la sigan pagando por unos treinta años. Este tipo de fraccionamientos fueron dejados al infortunio de sucesivas crisis económicas, al descampado de un marco legal e institucional que promoviera su mejora y mantenimiento y en definitiva, al pensamiento de que la organización social va a surgir espontáneamente, como una planta natural que sin regarla, crece.

Hoy lo que uno ve, deprime: los andadores nunca fueron forestados adecuadamente, las jardineras que se construyeron para el descanso o encuentro de los vecinos se caen a pedazos e incluso las áreas peatonales que no han recibido la carga de los autos presentan fracturas o baches. La pintura de los edificios luce el deslavado continuo de dos décadas y el grafitti artístico que se ha instalado en algunos frentes de edificios apenas evita voltear de vergüenza para otro lado.

Pero lo que me parece más grave es la apropiación indebida y probablemente ilegal, que los dueños o renteros de las viviendas en primera planta y con vista a los bulevares han hecho en detrimento de todos los vecinos e incluso del paisaje urbano. Lo que empezó como una pequeña tienda de abarrotes o una vulcanizadora que algún vecino necesitado abrió al ceder parte de su vivienda al negocio familiar, ahora se ha desbordado. Hay departamentos enteros que abandonaron su uso habitacional, o incluso se fusionaron con otros colindantes en la planta baja, para poner cervecerías, restaurantes o minisupers.

El agandalle del área común llega al colmo de abrir el negocio más allá de las paredes o límites originales de la vivienda y extenderse, por ejemplo, al límite de la calle; o en pintar con publicidad todo lo que fue una vivienda popular en primera planta (por supuesto, dejando en el abandono al resto del edificio).

Se me dirá que los dueños de un casa en “Los Ángeles” que les tocó en suerte ejercer su crédito en el primer piso tienen ahora todo el derecho sacarle jugo a su posición estratégica para el negocio estando sobre dos avenidas muy transitadas. Esto es parcialmente cierto pues aunque allí esté permitido el uso comercial, o los usos mixtos (habitacional y comercial), aquello era parte de un conjunto habitacional, en que el condominio era obligado y por tanto, el usufructo de las áreas comunes y aún de las particulares está condicionado en muchas formas.

Este actualizado “dejar hacer, dejar pasar” no es benéfico para la colectividad vecinal de esta área, ni para la ciudad misma, pues fortalece una cultura de convivencia vecinal en que todo se puede mientras no haya uno que se te adelante, o uno más fuerte que te saque de la jugada; también, que se vale “privatizar en los hechos” lo que era para uso común (así se trate de un metro cuadrado que alguien techa para dar mejor acceso a su vivienda, o que enreja para mejorar su negocito o habilitarles estacionamiento a sus clientes) y que no habrá freno a dicha práctica por autoridad alguna, ni mucho menos, sanción.

En esto pensaba cuando hace unos días la fracción el PRI en el Congreso del Estado propuso crear una Ley de Condominios que pretende regular esta forma de la propiedad privada, precisando los derechos y obligaciones de los condóminos, las funciones del administrador del condominio y en general de favorecer una cultura de la vida condominal que como aceptan los diputados, no se practica.

Encuentro algunos aspectos positivos en esta propuesta sobre los que verteré también una proposición para enriquecerla:

1) La propuesta de Ley se abre a condominios mixtos, quiero pensar específicamente en los mixtos de habitación y comercio pues, aunque el artículo inicia con el caso deplorable de “Los Ángeles”, conozco ejemplos exitosos en ciudades como Estambul, Turquía y Bogotá, Colombia, donde se ha ensayado una solución para la vivienda popular y media que combina un edificio de departamentos entre diez y quince plantas en que los primeros uno o dos pisos se reservan para los usos comercial o de oficinas. La clave es que esta previsión se da desde el inicio (con lo cual ningún propietario de las primeras plantas “sorprende” a sus vecinos cuando convierte su vivienda en negocio), el acceso y por tanto manejo arquitectónico y logístico de las fachadas y convivencia de los residentes se separa amigablemente de lo comercial y además se garantiza que el uso comercial de alguna manera subsidie el uso residencial. De este modo, se suavizan las explicables y recurrentes tensiones entre los usuarios de diversos usos del inmueble y lo más importante, la rentabilización del uso comercial apuntala las usualmente gravosas cuotas de mantenimiento de los residentes: la ciudad sale ganando.

2) La propuesta de ley acepta que un administrador condómino reciba una retribución similar a la de un administrador profesional; esta es una permanente disputa entre condóminos que nuestra escasa cultura de convivencia democrática casi nunca salva sin ruidosas críticas o chismes de vecinos en contra de quien “voluntariamente” cobra las cuotas de mantenimiento o servicios públicos. La objeción que encuentro es que no aventura soluciones de corte más social, que precisamente refuercen las capacidades organizativas y autogestivas de los vecinos, o incluso que genere una economía solidaria o vecinal –tan necesaria en las zonas populares- sino que se va con la solución de “contratar un administrador” y pagarle lo que se debe. Esto parece viable en una torre de condominios de Gran Jardín pero tal vez no sea la mejor solución para la colonia de Infonavit “Los Ángeles”.

3) La ley propone la creación de una procuraduría del régimen de condominio que actuaría como organismo estatal descentralizado. Es lógico que una ley tenga una autoridad que vigile su aplicación o resuelva disputas entre actores de la misma norma. Sin embargo, creo que dicha propuesta limita las cuestiones que podría atender si sólo atiende a los propietarios en régimen de condominio. Todas las colonias de nuestra ciudad son hoy un gran campo de disputas entre vecinos, entre una colonia y otra, entre vecinos y autoridades que necesita ya una procuraduría social especializada; otras ciudades y países ya la tienen, nosotros nos estamos tardando pero no creo que sea útil pensarla sólo para condóminos, a menos que todos nos reconozcamos “condóminos de una misma ciudad”
DEJANOS TU COMENTARIO
1456374297.png
1321493145.gif
1381429645.jpg
1321493278.png
1321493200.png