Sara Noemí Mata


¿Quién engaña a quién?
13/Junio/2011

La lluvia que refrescó la ciudad el pasado viernes no alcanza para mitigar los calores ni clarear las condiciones que nos han llevado a ser una ciudad con escasa sombra. Tampoco fue suficiente para regar algo de esperanza, que en León, el verde de los follajes pierda ante el gris del asfalto o al café claro de los terrenos polvosos, yermos.

Unos días antes conocimos un caso más de destrucción de un área verde vecinal: la de un conjunto residencial al norte de la ciudad llamado Las Acacias, en el área conocida como Villas del Juncal.

Es encomiable la reacción de los vecinos que trataron de detener la tala, hacer la denuncia a las autoridades y organizarse para obtener la restitución de esa área que ya mantenían y disfrutaban.

Su acción ha puesto a la vista varios engaños, los principales cometidos o consentidos por nuestras autoridades y representantes populares, pero finalmente, padecidos únicamente por los ciudadanos.

El primero fue enunciado por el regidor ecologista (electo por el PVEM) Daniel Olaf Gómez en un reporte del periodista de Milenio, Edmundo Meza. El edil se quejó de que el municipio no detalló las condiciones que tenía el predio del fraccionamiento Las Acacias, que le fue canjeado a un empresario.

“No se nos informó bien, no se pusieron elementos importantes como que era un predio que era ya un área verde, con árboles y que estaban sembrados. Desarrollo Urbano hizo un dictamen que fue el que nos entregaron en el que se especifica que no tiene utilidad, y se nos hace ver que no hay problema en venderlo, cuando en realidad ya era cuidado por los vecinos”, declaró el regidor que con su voto en el Comité de adquisiciones y en el pleno del Cabildo, avaló la permuta del terreno.

Probablemente el regidor fue mal informado por interesados funcionarios municipales pero ¿se atreverán a investigar esta mal información?; ¿es falla de Desarrollo Urbano, que amerita sanción a funcionarios que entregaron información falsa? En mi opinión, es mayor el engaño que nos perpetran nuestros representantes populares del Ayuntamiento cuando se toman su trabajo como uno burocrático, que consiste en firmar lo que les presentan sin pedir siquiera una foto de los bienes que están a punto de vender, ya no digamos de pasar por el lugar y preguntar a los vecinos qué relación o demanda tienen respecto a ese bien.

Algunos funcionarios del partido gobernante han dado otras muestras de restringir, ocultar o “administrar” cierta información clave a los regidores; por ejemplo, habría que recordar el “olvido” que tuvieron al nombrar como titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública a una persona que había sido candidata a un puesto de elección popular y que, por tanto, estaba inhabilitada para ocupar el puesto. Por experiencias como la anterior resulta naif la excusa-engaño del regidor verde en este caso y, me parece, quiere ocultar que falló en su obligación de representar el interés público.

El segundo engaño en esta trama fue expuesto por la Secretaria del Ayuntamiento, Mayra Enríquez al alimón con el alcalde Ricardo Sheffield. En una declaración que recogió la periodista Evlyn Cervantes, del diario a.m., la funcionaria negó que los vecinos hubieran sido despojados de un área de donación con uso comunitario de área verde, pese a que los residentes presentaron mapas avalados por la autoridad.

Sheffield y Enríquez sostuvieron que los vecinos que habitan en esa colonia fueron engañados por los desarrolladores en dos sentidos: el primero, que les vendieron la idea de que la donación era para el disfrute de ellos como compradores y no legalmente, como se hace, para el Municipio; y en segundo, porque les hicieron aparecer como áreas verdes lo que simplemente eran áreas de donación que podrían ser usadas para cualquier equipamiento urbano y no exclusivamente de parque o área jardinada.

El Alcalde se dio una enjuagada de manos en este engaño que, como él reconoce, es bastante común: les dijo a los vecinos de Villas del Juncal: “Su demanda que se la lleven al fraccionador por mentiroso, hay muchos fraccionadores que a la hora que enseñan los planos de su desarrollo pintan de verde las áreas de donación y las explican a los clientes como áreas verdes, es falso. No dudo que los haya engañado quien les vendió, no sería la primera vez”. Probablemente el desarrollador inmobiliario cometió ese engaño a los futuros residentes del área pero suena decepcionante que el Alcalde envíe a los ciudadanos a demandar a quien los engañó, en lugar de preguntarse si el municipio que él comanda ha sido omiso en revisar la publicidad o condiciones de venta y oferta de fraccionamientos sobre los cuales el Municipio tiene plenas facultades a través de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento mismo.

Ayer y hoy los desarrolladores de vivienda juegan muchos engaños a los ciudadanos aprovechando la confusión de términos urbanísticos como usos y destinos; áreas de donación, áreas verdes, áreas de equipamiento; con diseños de vialidades que están proyectadas en la planeación pero que se eximirán de construir o con prometidas áreas de circulación restringida (las cerradas o clusters) que proporcionarán seguridad pero que legalmente no son aprobadas por la autoridad del desarrollo urbano.

Esos engaños ocurren por la tolerancia de nuestra autoridad municipal y la acción o inacción de nuestros ediles que es más común que intercedan para destrabar asuntos de los fraccionadores, que para evitar de modo estructural que estos engaños se sigan perpetrando o para sancionar oportunamente las violaciones de este tipo.

Pero hay un tercer engaño es el que me parece más lastimoso y se relaciona con la conceptualización política que existe entre gobernados y gobernantes, y que fue enunciado por la Secretaria Enríquez: ella dijo, con pleno convencimiento, que por ley la donación de terreno de todo desarrollo habitacional se debe ceder al Municipio y no a los colonos; por lo tanto, éstos carecen de cualquier legitimidad para sentirse despojados o reclamar el disfrute del área. Su interpretación de la ley le lleva a concluir que el Municipio es una cosa y los vecinos, la gente, nosotros, los ciudadanos, otra. Ella se identifica con el Municipio cuando dice: “(…) Es un asunto que ellos (los vecinos) tendrán que revisar con quien les vendió; nosotros no podríamos vender algo que no es propiedad del Municipio”. La Secretaria Enríquez olvida y se engaña: el Municipio no es ella, ni el Alcalde, ni la reunión de ediles, ni el gobierno. Nuestra Ley orgánica municipal define al Municipio como: “una institución de orden público (…) constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, dotado de personalidad jurídica (…)”.

Son demasiados engaños para salir indemnes, pero no son tan finos como para que no se puedan desmontar. Confío en que la investigación periodística y la participación ciudadana pueda contribuir a ello.

DEJANOS TU COMENTARIO
1456374297.png
1321493145.gif
1381429645.jpg
1321493278.png
1321493200.png