Sara Noemí Mata


Los retos de la observación ciudadana
Observar también cambia la realidad (2)
02/Mayo/2011
Hace dos semanas, a propósito de comentar la presentación pública de los resultados de la verificación que el Observatorio Ciudadano de León (OCL) hizo a inicios de año al gobierno municipal, expuse los principales logros que hay que acreditar a este ejercicio ciudadano.

Resumí como tales cuatro hechos: el primero que la evaluación de los indicadores recayó en ciudadanos, no en consultores o expertos contratados; lo segundo que se exigió en las verificaciones un “criterio de territorialidad”, es decir que la información que las autoridades presentaran se refiriera de forma completa del municipio de León y todos sus habitantes, sin recortes de acuerdo a la condición de su propiedad inmueble, al estatus legal de su colonia frente al municipio o a su circunstancia de rural o urbano. El tercer logro fue mostrar la desvinculación de áreas de gobierno local que atienden problemáticas comunes y el cuarto mostrar la necesidad de contar con mínimos de información común para la planeación y que de ahí se deriven diagnósticos y metas de los programas y presupuestos públicos.

Me propongo ahora apuntar lo que considero que son algunos de los principales retos en cuanto a la metodología que aplica el OCL, IWA-4 ó TIA-4 por sus siglas en español, Taller Internacional de Acuerdo y en general, a los esfuerzos ciudadanos por observar a nuestra sociedad y gobierno.

El primero es avanzar hacia la constitución de un gabinete de evidencias con los documentos que se presentan para solventar la verificación del OCL. Son todos ellos, información pública, por la misma naturaleza de los indicadores y subindicadores que implican unos diez tipos de evidencias entre reglamentos, datos y bases estadísticos, programas, convenios y otros.

Esta propuesta, planteada al Municipio por parte del OCL, enfrenta objeciones de algunos funcionarios municipales, principalmente de los del equipo de la directora de Desarrollo Institucional Rebeca González, que piensan que podría haber restricciones de la Ley de transparencia y/o de la Unidad de Acceso a la Información Municipal, UMAIP, para que estas documentales se pongan a disposición del público.

Sostengo que no es viable argumentar que se está ante información reservada, pues ninguna de la información mostrada en la verificación del TIA-4 se refirió a datos personales o confidenciales de ciudadanos o personas morales. Además, de tratarse de información que no puede estar a la consulta pública debió contar con un Acuerdo de Reserva que fije el periodo de clasificación y, lo más importante, la fundamentación legal para imponerse esa clasificación y la especificación de personas que pueden tener acceso a dichos documentos. Es más, de tratarse de “información reservada” ni siquiera debió haberse mostrado a los ciudadanos verificadores el OCL pues los funcionarios habrían incurrido en falta o delito. Obviamente esto no ocurrió y, más allá del desafío técnico que presenta poner en línea o hacer público mediante un mecanismo expedito más de 250 pruebas, considero que el gabinete de evidencias de la verificación del OCL es lo que podrá dar en el mediano plazo –a observadores y observadores- una credibilidad más sólida.

El segundo reto es construir un mecanismo de evaluación de la opinión y percepción de los ciudadanos que exceden los términos del propio instrumento TIA-4, basado mayormente en verificar “procesos” y no en comparar indicadores parametrizados o analizar su evaluación con series históricas de datos.

Ana María Carpio, la presidenta del OCL, ha planteado la idea, tomada y vista en operación en Colombia, de hacer una encuesta de percepción ciudadana. Este ejercicio supone una inversión económica fuerte y un trabajo técnico multidisciplinario que el Observatorio ya estudia cómo resolver.

Un esfuerzo parecido ha sido realizado por el IMPLAN desde hace varios años, con la notable deficiencia de que esta encuesta anual a ciudadanos rinde sus resultados meses o hasta más de un año después, y su difusión es apenas institucional y no tiene ningún impacto en la evaluación de instancias municipales de contacto y servicio a la gente. Así que, en mi opinión, el OCL podría hacer mancuerna con el IMPLAN y con universidades locales que han desarrollado estudios demoscópicos para impulsar esta indispensable herramienta de evaluación ciudadana.

El tercer desafío en la tarea de observación ciudadana es la necesidad de contar con escalas de análisis distintas al total municipal. Si bien, el criterio de territorialidad fue un logro importante que deberá volverse a exigir y cumplirse, la realidad de nuestro León ya no da para seguir mirando sólo promedios o índices municipales. La cobertura de servicios municipales no es pareja por distintos rumbos de la geografía municipal como tampoco lo son los niveles de desarrollo, de cobertura educativa o acceso a servicios públicos; incluso problemas como los embarazos adolescentes, la calidad del aire o la incidencia en consumo de drogas o la incidencia delictiva debe estar muy diferenciada a lo largo y ancho de León y necesitamos hacer visibles esas diferencias.

El problema aquí es que ni para fines de planeación, de gestión o de evaluación se tiene en León una división del territorio comprensible, manejable, útil. Cada dependencia o área de gobierno maneja sectores, gerencias, barriadas, polígonos de actuación y zonas distintas, con delimitaciones que no permiten hacer cruces informativos ni análisis pormenorizado de cómo hay áreas más rezagadas que otras.

El IMPLAN divide al municipio en 27 sectores y luego en subsectores, pero la verdad es que las dependencias en lo operativo no siguen esta propuesta (quizá muchos ni siquiera la conozcan), sino elaboran la suya y algunos, no tienen nada. Además, está el problema de que no se ha hecho nada para que estas escalas territoriales intramunicipales se socialicen, es decir, sepamos y exijamos un desarrollo menos inequitativo al interior de nuestro León.
Finalmente, un reto que probablemente no compete únicamente al OCL pero que sí le concierne, es la multiplicación de esfuerzos y proyectos ciudadanos de observación a la gestión y desarrollo locales: No creo útil alimentar la idea de que con el OCL ya esta cumplida la tarea. Esto también exige una reflexión por parte del Ayuntamiento para que en el futuro la canalización de recursos públicos a tareas ciudadanas de observación, monitoreo de la gestión y control social debe abrirse a otras organizaciones y actores sociales.
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