Sara Noemí Mata


¿Consejero ciudadano = servidor público?
04/Abril/2011
Es un secreto a voces, un supuesto muy extendido que no se cuestiona y hasta se ve con naturalidad. Se trata de las ventajas o beneficios que se obtienen al ser nombrado consejero de alguna entidad paramunicipal.

Hasta hace un par de años yo no tenía un acercamiento tan intenso y constante con el ser y quehacer de los Consejos ciudadanos; me resultaba enigmático por qué había Consejos tan codiciados y otros tan desdeñados: los empresarios peleaban con determinación sus nombramientos en consejos como los de SAPAL y la Feria Estatal y las señoras de sociedad vivían como un alto honor ser consejera del DIF. Pensaba que era una vía de satisfacer el lucimiento personal con un cariz de servicio a la comunidad muy legitimado en nuestra sociedad.

Estudiando un poco más, a partir de un Monitoreo a estas instancias de participación ciudadana publicado por Propuesta Cívica, logramos documentar cómo los ciudadanos en Consejos reciben un trato y posición equiparable a los de representantes populares electos o funcionarios públicos de cierto nivel.

Convertirse en Consejero puede no pasar de ser convocado a formalistas sesiones carentes de sentido pero, casi siempre, acarrea una mayor visibilidad pública de los ciudadanos involucrados (los medios de comunicación los entrevistan, acuden a reuniones con funcionarios de alto nivel), además que les permite adquirir acceso a un nivel de información más detallado o neurálgico y sus peticiones y requerimientos, personales o gremiales, son atendidos de manera especial.

Los ciudadanos que participan en Consejos son servidores públicos en toda forma, aunque haya políticos que quieran cuestionar este hecho o matizar su definitividad (por ejemplo, sosteniendo que sólo Presidente, Secretario y Tesorero tienen responsabilidades legales en la marcha de un consejo directivo), porque con ello se releva a los ciudadanos participantes, de responsabilidad y por ende, se promueve un espacio de indefinición y opacidad en el que se cultivan negocios, prebendas y concesiones.

“Conocí a un empresario que quería estar en el Consejo Directivo de un organismo porque pensaba que así podía convertirse en proveedor y es muy sabido que a los consejeros de la Feria Estatal les facilitan entradas al Palenque”, me contó uno de los más de doscientos ciudadanos que participa desde hace años en Consejos.

Un ejemplo de otras pequeñas ganancias es el caso de Explora. En su última sesión pública, la correspondiente a marzo, su Director, Moisés Macías, me abordó para contestar una afirmación hecha aquí el 14 de marzo, relativa a lo bochornoso que habría resultado para el actual presidente del Patronato de Explora, Julio César Mojica Solís que nadie le advirtiera sobre la irregularidad de aceptar becas de cursos de verano para sus hijos provenientes de la institución que él lidera.

Me explicó que no había irregularidad sino que era práctica corriente desde 1997 que los Consejeros de Explora y sus familiares en primer grado tuvieran acceso gratuito al Centro de Ciencias; incluso me proporcionó una copia de esta política aprobada por el propio Consejo en su momento. Pregunté por qué si el acceso gratuito se refería al Centro, al actual Presidente se le había extendido el beneficio de que sus hijos acudieran sin pagar a los cursos de verano; entrar al Centro no equivale a inscribirse al curso de verano o cualquier otra actividad alterna al recorrido de las exposiciones de Explora, de hecho, las tarifas son siempre separadas. El Director insistió en su interpretación, que en lo personal me sigue pareciendo torcida, resaltando que quien había hecho el señalamiento –el regidor priísta y antiguo Contralor de Explora, Arturo Sánchez Castellanos- conocía la política, nunca la había cuestionado y probablemente alguna vez se habría beneficiado con ella.

¿Por qué un acuerdo tan aparentemente intrascendente como éste funcionó durante catorce años y un día causó problemas –personales para ciertos funcionarios y políticos y de credibilidad institucionalidad? Sostengo que fue porque se mantuvo en un espacio de legalidad opaca, es decir, tenía la autenticidad de un acuerdo tomado por una instancia facultada para hacerlo pero se prefirió mantenerlo como “política interna” porque con ello se facilitaba la interpretación y negociación del mismo.

Llegado el destape mediático de este microescándalo en Explora, el ciudadano venido en Presidente del Consejo decidió reembolsar lo disfrutado, es decir, pagar a posteriori los cursos de sus hijos, pretendiendo con ello “parar el golpeteo político”, a decir del Director. Hacerse de delito no me parece la mejor respuesta si es que la razón y legalidad te asistieran, contesté, pero lamentablemente son los reflejos políticos a los que de tanto acostumbrarnos incluso como ciudadanos los hemos interiorizado.

Imagino que como éste hay decenas de Acuerdos de los Consejos que no conocemos, que se mantienen sólo en la intranet –las redes internas institucionales- de las paramunicipales; los ciudadanos que los protagonizan lo aceptan porque no hacen conciencia que es un privilegio, disfrutable y apetecible sí pero que no construye ciudadanía ni gobernanza, sino que reproduce los modos burocráticos tradicionales.

Personalmente me apena el desliz que tuvo el Presidente de Explora y no resuelvo, porque no lo conozco y me atengo a lo publicado en medios, si lo suyo fue una muestra de inocencia o un exceso de confianza. Sea como sea, creo que como ciudadano que acepta el rol de servidor público honorífico no debió haber padecido eso si nuestro Ayuntamiento se tomara en serio hacer una revisión integral a la reglamentación de los Consejos y a la parte del Reglamento Interior de la Administración Pública que versa sobre las paramunicipales, a fin de abordar con claridad el tema de las responsabilidades de este tipo de servidores públicos.

Las reformas mencionadas no tienen la categoría de urgentes, pero sí de prioritarias y espero que este Cabildo lo comprenda y las emprenda.

Adendum. En la cabeza de integrantes de Consejos ronda desde hace meses una inquietud: cómo “bajar” recursos privados, de fundaciones nacionales o mundiales o de fondos públicos destinados a organismos civiles. Varios, entre ellos Explora y el Parque Metropolitano, se han planteado la idea de crear una A.C. paralela a las dependencias paramunicipales. Sin solución legal aún, se abre otro reto para la revisión integral de la reglamentación sobre los consejos municipales.
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