Sara Noemí Mata


Consejeros ciudadanos frente a la corrupción
14/Marzo/2011
En las últimas semanas se han ventilado públicamente detalles de un presunto “fraude” en el manejo la cafetería del Centro de Ciencias Explora. La irregularidad detectada consiste en que se emitían pagos para insumos de la cafetería a empresas inexistentes y cuyos cheques en realidad eran cobrados por empleados del mismo Explora.

Aunque la información disponible no explica cuál es la conexión de las autoridades directivas del Explora con esta práctica presuntamente corrupta realizada por empleados de bajo nivel, los datos consignados en la prensa, hablan que el daño al patrimonio de Explora equivaldría a un millón y medio de pesos.

La prensa ha enfocado el interés público de esta trama en la responsabilidad política del regidor priísta Arturo Sánchez Castellanos, contratado en la fecha de los hechos como “contralor externo” de las finanzas del Explora, pero ha dejado de lado el contexto mayor que tiene que ver con el Consejo Directivo del Patronato de Explora en donde hay ciudadanos y miembros del Ayuntamiento con facultades para revisar a detalle, entre otros asuntos, los pagos, los contratos, los convenios y los demás aspectos financieros de la institución.

Es llamativo que en este caso no se le pregunte a los ciudadanos Luis Fernando Gómez Velázquez, Luis Rafael Palacios (en su papel de Tesorero), Luis Rodrigo González Fuentes o Miguel Hernández Malo, todos representantes del Consejo Coordinador Empresarial o a Daniel Malacara y Octavio Obregón, que como profesores de la Universidad de Guanajuato fueron representantes del sector educativo ante el mismo Consejo, sobre cómo ejercían la facultad de revisar las cuentas de Explora. Es probable que contesten que aprobaban los estados financieros de modo mecánico sin imaginar que detrás hubiera prácticas corruptas. Por cierto, lo mismo también debería cuestionarse a los entonces regidores panistas Diego Sinhué Rodríguez (hoy diputado local) y Esther Becerra quienes también hacían parte de este Consejo.

Un segundo caso, también ventilado hace pocos meses, es la denuncia de que el DIF rentó sus siglas a un organizador de bailes masivos para eludir el pago del impuesto de espectáculos por unos 350 mil pesos a cambio de recibir un donativo por 50 mil pesos. Aún sin aclarar la forma en que se legalizó esta negociación pero teniendo a la vista la irregularidad de prestarse a que un particular eludiera el pago de un impuesto al municipio, el hecho no se ventiló en el máximo órgano del DIF, su Consejo Directivo. Incluso, en la sesión siguiente a que se conociera públicamente este caso, pregunté a la Tesorera del DIF, señora Martha Hernández de Quirós si ya se había ingresado el “donativo” del organizador del baile y me contestó que no tenía conocimiento de nada sobre ese hecho.

Ni teniendo encima los cuestionamientos vertidos por ciudadanos y políticos a través de los medios de comunicación sobre la legalidad y el valor público de una negociación de ese tipo, las ciudadanas consejeras Ma. Eugenia González (esposa del Alcalde Sheffield), Marcela Franco, Rita González, Celina Hernández, Melissa Vieyra o Mercedes Fox pidieron una explicación sobre ese donativo desviado de impuestos (a esa sesión no acudieron las también consejeras Angélica Morales ni Gabriela Gallardo), como tampoco lo hicieron las regidoras Lucía Sánchez, del PAN, ni la priísta Julia Lira. El hecho pasó como si no tuviera implicaciones para las finanzas del DIF y para la calidad moral con que esta institución se allega de recursos y negocia, incluso, contra los intereses de las arcas municipales.

Casos como los retomados líneas arriba ocurren, entre otras causas, porque a nuestras diamantinas instancias de participación social, los Consejos municipales, les falta una integración e identidad de “servidor público ciudadano” y una capacitación elemental pero rigurosa a quienes se integran a ellos.

Cada mes, los consejos directivos de instituciones como DIF, IMUVI, SAPAL, Instituto Cultural de León, el Instituto de la Mujer, los parques Metropolitano, Explora o Zoológico, votan los Estados Financieros de sus organismos sin reparar en las implicaciones que hay detrás de su aprobación. Pareciera que para los consejeros ciudadanos la aprobación de los Estados Financieros fuera únicamente un trámite más en el que se les presentan cifras y formatos que la mayoría de ellos no entiende, sobre los que no formulan preguntas ni hacen observaciones. La ignorancia o desatención de los ciudadanos, ya no digamos de los representantes populares del cabildo, banaliza un importante momento del control social de las instituciones o, ilusoriamente, se les descarga a auditores externos.

Aunque algunos Consejos envían con antelación los Estados Financieros a aprobar, a lo más que se llega en las revisiones que ocurren en las sesiones, es a que algún consejero haga sumas y algunas cifras no cuadren, pero en general no hay un desmenuzamiento de lo que las cuentas significan, de la relación que tienen con el ejercicio presupuestal (en sus diferentes capítulos de gasto) y su avance o retraso mensual o dónde hay que prender el foco para detectar corruptelas.

A todo esto podríamos preguntarnos si ser ingenuo o inexperto sobre cuestiones contables exime a los consejeros ciudadanos de alguna responsabilidad legal o moral frente a actos corruptos o pifias al erario municipal.

Sostengo que no pues, aunque los ciudadanos no cobren un salario o estipendio del presupuesto, son servidores públicos, exentos sí de algunas obligaciones como la de presentar declaración patrimonial pero totalmente responsables de ejercer con rigor y conciencia el resto de sus facultades.

Lo que falta, insisto, es una formación mayor al ciudadano, la cual debe provenir de dos cauces: por una parte, quien acepta el nombramiento de Consejero debe comprometer no sólo tiempo para asistir a las sesiones sino preparase en el marco legal y práctico que rodea la validación del ejercicio de presupuestos y programas públicos y, por otra parte, el propio Ayuntamiento debe proveer mecanismos formativos a los ciudadanos a quienes llama a integrar los Consejos.

Si no lo hacemos pronto, van a seguir ocurriendo casos tan graves por su cuantía o su valor de moral pública como los comentados de Explora y el DIF, o tan penosos personalmente como el del actual presidente del Patronato de Explora, Julio César Mojica Solís a quien nadie le advirtió que era una irregularidad que aceptara becas de cursos de verano para sus hijos provenientes de la institución que él lidera.
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