Sara Noemí Mata


Trancas a la transparencia
22/Noviembre/2010
Cuando “la transparencia” empezaba a entrar en nuestro lenguaje público se veía como un mecanismo de rendición de cuentas, de acercar al ciudadano la información para que evaluara a sus gobernantes, para que se acotara la corrupción a través de mostrar la información más esencial de todo el entramado burocrático y del poder; también se valoraba que “el acceso a la información” redundaría en una mejor gestión pública, que metería a los funcionarios públicos y los representantes electos en una lógica de apertura a la sociedad, que ordenaría los archivos del gobierno, en fin. Además se pugnó porque el acceso a la información fuera mediante mecanismos ágiles que dieran poder a los ciudadanos, que fomentaran la organización y la participación civil.

Hoy los mecanismos están puestos, pero las instituciones han sido, en muchas ocasiones, copadas por funcionarios, procedimientos y criterios por completo ajenos a lo que apenas hace unos años “todos” esperábamos de “la transparencia”.

Aquí unos botones de muestra.

A finales de 2008 interpuse varios recursos de inconformidad ante el IACIP. Alegaba que alguna información me había sido negada sin bases en la ley y otra la considerábamos incompleta. Si bien estaban cerca las vacaciones de fin de año, los tiempos de resolución de los recursos se alargaron asombrosa e inexplicablemente y fue hasta el finales de abril del 2009 cuando el IACIP notificó su resolución.

Aun cuando la ley de acceso a la información que nos rige, en el párrafo tercero del artículo 48, indica que el Director General del IACIP (en este caso, la antigua funcionaria del ámbito cultural Alicia Escobar) “resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes confirmando, revocando o modificando el acto recurrido” tardó más de tres meses para cumplir con su obligación.

En estos casos, la dilación no provino del Municipio, cuyas respuestas eran el motivo de inconformidad, pues rindió sus informes justificados en tiempo, sino una trampa o argucia que aplica el IACIP para alargar sus resoluciones.

Ésta consiste en que el IACIP “no acuerda” inmediatamente o en un plazo prudente la entrada de los informes de la autoridad emplazada, sino que alarga a placer lo que en la ley no se contempla siquiera como una parte o fase del trámite de los recursos.

Así aunque se selle oficialmente de recibido un informe, el IACIP “acuerda su entrada”, es decir los da por recibidos, hasta dos meses después y es entonces que empieza a contar su plazo para resolver.

Otro caso vivido en carne propia ocurrió en septiembre pasado. Solicité el “Programa Operativo Anual” a un organismo paramunicipal de León. La Unidad de Acceso a la Información sin hacer la mínima revisión de la información que sus enlaces le turnan para solventar las solicitudes, entregó documentos que no correspondían con lo pedido.

Ante mis observaciones sobre la inconsistencia entre lo solicitado y lo entregado, en tres ocasiones la UMAIP agregó documentos distintos para satisfacer la solicitud y evitar el litigio. Como quien pide peras y le dan manzanas y no tiene modo de hacer ver a su tendero que no le está entregando la información solicitada, me vi obligada a interponer un recurso de inconformidad ante el IACIP.

En el trámite, la UMAIP mencionó uno de los documentos electrónicos que me había entregado en el tercer chance de responder mi solicitud. El título del documento era “Estado del gasto presupuestal programático” y consistía en 43 páginas mal digitalizadas, ilegibles después de título. El IACIP hizo una notificación del periodo que tiene el solicitante para agregar alegatos a su recurso. Omití decir algo más que lo expuesto en el recurso pues para mí era obvio que era “Estado del gasto presupuestal programático” no se correspondía para nada con “Programa Operativo Anual” que solicité y que, para colmo, era ilegible.

Mi sorpresa fue que el IACIP, ahora bajo la firma del Director Eduardo Hernández Barrón, decidió sobreseer (abortar, dar por terminado) el caso sin entrar a revisarlo, simplemente porque decidí no usar el plazo para alegaciones extras y él lo asumió como que me daba por satisfecha con los ilegibles archivos electrónicos enviados por la UMAIP.

El IACIP me ha dado muestras de peculiares trampas legales para no favorecer la transparencia, o simplemente para no trabajar en lo que le toca.

Para quienes, antes de que se legislara en México y en Guanajuato sobre la transparencia y acceso a la información, comenzamos a difundir que éste era un derecho que le faltaba a los ciudadanos en nuestro país y a la democracia mexicana, es crudo ver cómo se ha institucionalizado este anhelo. Por supuesto, ha habido avances innegables pero cada día surgen signos de estancamiento –y aún de retroceso- en esta materia y hay que mostrarlos.

Ahora que conocemos del nombramiento de Pilar Muñoz en el Consejo del IACIP, una empresaria por completo ajena al tema de la transparencia, me parece tan importante señalar que ignorancia no se traduce en independencia, como que los vicios en los procedimientos para resolver los recursos por parte del IACIP, vienen firmados por sus abogados y que es más preocupante la falta de calidad de las argumentaciones del IACIP para mantener opacos numerosos tópicos de nuestra vida pública.
DEJANOS TU COMENTARIO
1456374297.png
1321493145.gif
1381429645.jpg
1321493278.png
1321493200.png