Sara Noemí Mata


Los ausentes
15/Noviembre/2010
Esta semana cuando se empiece oficialmente a discutir el aumento a la tarifa estaremos frente a uno de esos arreglos legales e institucionales en que los ciudadanos, en especial, los usuarios del servicio de transporte público han sido dejados fuera.

Desde que el transporte público pasó a ser una responsabilidad del gobierno municipal (antes era del estatal) la aprobación de los aumentos son hechos por una Comisión Mixta Tarifaria en la que participan autoridades y representantes de los mismos concesionarios que piden y disfrutarán el aumento.

La Comisión tiene nueve integrantes a saber: tres son transportistas, dos regidores y cuatro miembros del equipo (o en línea de mando) del Alcalde, incluido éste que la preside.

Se trata de una Comisión sui generis porque en ella participan con voz y voto los empresarios que manejan el transporte, a diferencia de otros servicios públicos, como el de la recolección de basura, en que a los particulares que prestan el servicio no se les otorga este “derecho”.

Es particular además porque la aprobación de la tarifa, a diferencia de otros servicios públicos que el Municipio tiene la obligación constitucional de prestar, su aprobación definitiva no pasa por el Ayuntamiento; como se recordará, anualmente las tarifas de agua y saneamiento, las de ingreso a las deportivas o las de los servicios asistenciales, por citar algunas, son aprobadas primero por los consejos directivos de sus instancias como SAPAL, COMUDE y DIF, pero luego son integradas y aprobadas (o corregidas) por la máxima autoridad que es el Ayuntamiento. Incluso hasta el inconstitucional cobro por el alumbrado público es aprobado primero por el Cabildo y luego pasa por un “filtro” adicional que es el Congreso del Estado.

En el caso del transporte público esta jerarquía se subvierte en detrimento de los ciudadanos. La marginación de los usuarios del transporte no es sólo en la integración de la Comisión Mixta Tarifaria, sus intereses también están legalmente ausentes en los mismos principios que la Comisión está obligada a revisar para dar el aumento.

El artículo 153 del Reglamento de Transporte Municipal menciona once aspectos en que deberá basarse el estudio técnico para fijar las tarifas pero en ninguno se contemplan alguna suerte de indicadores de la calidad del servicio (desde la percepción de los usuarios) ni se toman en consideración las posibilidades económicas de los habitantes a quienes se dirige el servicio.

El estudio técnico analiza estructura de costos (administrativos, depreciación de las unidades, capacitación y pagos a los conductores, etc.), el impacto de la tarifa a dicha estructura, la estimación de la demanda por rutas, longitudes de recorrido, el diagnóstico del servicio en relación a la oferta y demanda, entre otros.

Contrario a lo que se publicita, legalmente el aumento a la tarifa no está amarrado al cumplimiento de compromisos de modernización, pues aunque éstos son parte del estudio técnico y se firman a la par del incremento a la tarifa, su incumplimiento no prevé sanción o restricción para un nuevo aumento y por cierto, ni siquiera se publican en el Periódico Oficial, de modo que no es fácil rastrear qué compromisos han quedado sin cumplir en los últimos años o se vuelven a prometer con cada aumento.

La negociación de la nueva tarifa del transporte comienza y es importante que en el proceso se nos clarifique no sólo los costos de los transportistas que suben, algunos inexorablemente como para el resto de los habitantes, y otros que suben por su falta de competitividad; también necesitamos saber cómo ha evolucionado el porcentaje de utilidad que se les ha permitido a los concesionarios y la relación que tiene con los siempre castigados ingresos familiares en la región.

Un punto inicial sería conocer el porcentaje de los últimos aumentos de lo que llamaremos “tarifa unificada”, es decir, aquella que resulta de promediar los distintos tipos de tarifa en la proporción en que cada tipo compone la movilidad general en el sistema integrado y en el convencional. No es suficiente saber cuánto subirá la tarifa general y cuánto la preferencial, pues en nuestro sistema de cobro los subsidios no los pone ni el gobierno ni los transportistas, sino los mismos usuarios de tarifa general, pero es con ellos con los que ambos juegan en la negociación.

Se podrá decir que a los usuarios los representan los regidores y el Alcalde que integran esta Comisión y que ellos velarán por los intereses de la población, pero esto es improbable a juzgar porque ninguno tiene por norma usar los camiones o las orugas y porque en el pasado aumento uno de los regidores (Eugenio Martínez) era transportista antes que representante popular: así que también en este ámbito se necesitan ciudadanos organizándose y pidiendo cuentas.

De la botica

El pasado sábado participé en la 4ª Marcha del orgullo gay en León. La manifestación discurrió nutrida, con emotividad y orden. Los espectadores en las banquetas miraban, la mayoría, en silencio pero cada vez con menos rareza a los gays y amigos y familiares de gays que íbamos en la marcha.

Lo sorprendente fue que al llegar a la Plaza principal, las autoridades dividieron la Plaza y pusieron vallas para contener a los manifestantes justo frente a la tienda Coppel. Lo primero que pensé es que quisieron evitar la foto de homosexuales y lesbianas con el telón de fondo de la Presidencia Municipal, pero luego vi que el cercado era completo pues también había vallas municipales “protegiendo” el paso hacia el frente de la Parroquia del Sagrario. Además de su simbolismo, ese manejo del espacio público representó un verdadero riesgo para los manifestantes y asistentes pues sólo se dispuso una entrada-salida y en caso de haber existido una agresión o la necesidad de un desalojo, habría sido imposible hacerlo rápido y con seguridad.

Si en ninguna manifestación política o ciudadana se divide la plaza y se confina a los manifestantes sean cuales sean sus ideas u opciones, ¿qué quisieron mostrar las autoridades municipales con esta acción? ¿qué los gobernantes prefieren a los gays enclaustrados para que los demás los vean sin mezclarse con ellos? No sé si esta decisión fue tomada por las altas autoridades políticas que nos gobiernan o por un perdido burócrata que trabajó en sábado, pero el hecho simboliza lo que aún nos falta por avanzar en la tolerancia hacia los gays y homosexuales.
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