Sara Noemí Mata


Bandazos en la micropolítica
14/Noviembre/2011
Esta semana que se presentó el informe de la asociación no gubernamental mundial Human Rights Watch (HRW), ha quedado claro que la actual política de seguridad para combatir la criminalidad del narcotráfico y la asociada a él está en un duro predicamento, pues con una realidad acumulada de cinco años no sólo han aumentado las muertes y hechos violentos, sino que el castigo a los culpables no parece salir de nuestra tradicional estadística de impunidad y, además, cada vez son menos irrebatibles, y van en aumento, los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de nuestras autoridades de seguridad.

“Ni derechos, ni seguridad” ha titulado la organización HRW a su reporte de investigación disponible en Internet (www.hrw.org), pero más allá de que la indagatoria se circunscribe a cinco estados del país, aquellos que lideran la narcoviolencia, diversos analistas han concluido, Usted mismo puede corroborarlo al revisar el documento de once páginas, que las instituciones de seguridad no pueden siquiera emitir un reporte con datos congruentes entre sí; por el contrario, responden con estadísticas y registros diversos y sin posibilidad de conciliarlos con la realidad.

Pensaba en la gravedad de esta revelación pero el indicio de la incoherencia que en políticas de seguridad pública y violencias vivimos a nivel federal no es aislado de lo que ocurre en lo local.

Hace unos meses acudí a una reunión vecinal convocada por el comité de colonos reconocido por el Municipio. Entre otros puntos, estábamos reunidos por la preocupación compartida por los robos a casas en nuestra colonia y la falta de patrullajes de los policías. Corría el mes de mayo y en dicha reunión tuvimos la visita del Comandante de policía adscrito a la zona, quien había sido convocado por la presidenta del comité de colonos. El mando policíaco comenzó con una explicación sobre el área de colonias que le toca vigilar y la complicación logística de estar con frecuencia en una misma avenida o fraccionamiento. En seguida señaló lo que, en su opinión de experto y autoridad responsable, obstaculizaba el que los propios vecinos se proveyeran de un ambiente vecinal más seguro y habitable: ¿en esta zona cuántas empresas y guardias habilitados tienen? En efecto, en una colonia de unas mil 500 casas había casi una decena de “servicios privados” de seguridad, que actuaban cada uno por su lado, cuidando sólo las casas que entregaban la cuota, con escasa preparación técnica y nula comunicación con las autoridades.

Esto es un problema, argumentó el comandante, porque nadie verifica si estas empresas tienen los permisos para operar; se contrata a cualquier desempleado y, a veces, son los mismos que obstaculizan la labor de la policía porque toleran a los que se meten a robar o ellos mismos les avisan cuando ciertas casas están solas.

El diagnóstico me pareció una colección de supuestos que sonaban muy bien a oídos de algunos vecinos y aunque no aportaba ninguna evidencia, el comandante zanjó la exposición y las preguntas que muchos vecinos tenían, anunciando lo que sería la política del Municipio en la materia: en cosa de unas semanas se van a prohibir totalmente los vigilantes habilitados, vienen sanciones para los que ejerzan el servicio de seguridad privada sin tener los permisos y, de antemano, se les pide a los comités como Ustedes que vayan contratando empresas de seguridad privada con permisos o que contraten a elementos de la policía auxiliar.

Asuntos críticos para los vecinos como el contrato de una empresa privada cuando resulta más caro que pagarle a un vigilante, o el saber distinguir qué empresas privadas son confiables o están autorizadas, se quedaban en la asignatura que cada quien por su cuenta debía resolver cuando los vigilantes habilitados “fueran prohibidos”.

Desde aquél entonces en mi colonia pocas cosas cambiaron: los vecinos de algunas calles intentaron, con muchas dificultades, migrar del esquema del vigilante autorizado por ellos, a contratar a una empresa de guardias capacitados y que, supuestamente, tiene comunicación por radio con la policía. En menos de seis meses volvimos a tener una reunión vecinal con motivo de la seguridad, agravada por el hecho de que una porción del fraccionamiento que no está municipalizado le han cortado el alumbrado y está en penumbra cada noche.

De nueva cuenta acudió un Comandante de la Policía Municipal a charlar con nosotros. Ya era otra persona y eso sería irrelevante si no fuera por lo que nos explicó: “ahora se ve menos a la policía porque ya no tenemos a los policías que andaban en bicicleta y los queremos invitar a que se organicen, a que entre Ustedes, de sus mismos conocidos, contraten a sus vigilantes; es mejor que sus guardias sean personas que vivan aquí mismo, que los conozcan…”

Nuestros funcionarios de seguridad pública habían pasado de sembrar la desconfianza sobre los vigilantes habilitados criticando su falta de capacitación y vinculación con la oficialidad policiaca y de prácticamente anunciar que iban a ser prohibidos, se pasó, en cuestión de medio año, a recomendar ese esquema de informalidad en la seguridad vecinal, como el más viable y el único que puede dar resultados.

Ambas posibilidades en la política municipal de seguridad vecinal tienen razonamientos en pro y en contra, pero preocupa que no se articulen y que de cara a los directamente involucrados, los residentes de barrios y colonias, se planteen cambios sin explicación.

Una, como observadora cotidiana del acontecer municipal, puede ligar este tipo de bandazos en una política pública en la decisión repentina del alcalde de eliminar la policía auxiliar a raíz de la muerte de un elemento de esta corporación que no iba armado, pero faltan muchas explicaciones a esta decisión y una calibración más precisa de sus consecuencias a ras de tierra.
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