Sara Noemí Mata


Se guardan niños
20/Junio/2011

A los 49 niños y niñas que no debieron morir en la guardería ABC
Al personal de la guardería Mundo Mágico que trabaja
por nunca vivir una tragedia como la del ABC

Pasan los meses y me es imposible volver a sentir el corazón oprimido, la garganta hecha nudo y los ojos a punto de inundar cuando repaso alguna noticia o novedad que se publica respecto a la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo.

El anuncio de una detención, un voto de la Suprema Corte de Justicia, una marcha de los padres, la realización de un juicio ciudadano, todo obliga a repasar los rostros de los pequeños que no debieron morir aquel 5 de junio de 2009.

Sus nombres son tan exóticos y comunes como los que reviso en el cuaderno de asistencia en la guardería de mi hijo, pero sobre ello, los rostros y muecas que se plasmaron en las últimas fotos en que sus familias los guardan se parecen tanto a las que cualquier familia atesora de los descubrimientos en los primeros años, las sonrisas inocentes, los disfraces preferidos, los juegos inolvidables.

Es esa conexión de un dolor ajeno y un poco lejano con la probabilidad de que la tragedia migre a nuestro entorno más cercano y alcance a la estancia donde van mis sobrinos, a la guardería de mi hijo o al cendi donde asisten los hijos de mis amigas, lo que apremia a unirse no sólo a la exigencia de justicia por este crimen accidental de 49 pequeños muertos y decenas más lesionados, sino a buscar que la mala fortuna no se vuelva a cruzar con la corrupción y negligencia que potenció grandemente esta tragedia.

No ha sido fácil para el movimiento de los padres de familia de la guardería ABC sostener los procesos jurídicos para que la muerte y lesiones de sus hijos no queden impunes y, a la par, empujar acciones que nos lleven a un marco legal e institucional unificado y eficaz en proporcionar seguridad y un entorno favorable para el desarrollo de los primeros años de un menor (un sitio para informarse y ayudar es www.movimiento5dejunio.org).

En mi opinión este es el quid del asunto: la desigualdad en atención y seguridad que se otorga a los niños dependiendo de si les toca asistir a una guardería del IMSS, a una estancia de SEDESOL o a un kínder privado, como si su vida valiera distinto o tuvieran derechos diferentes.

Como mamá de un pequeño que asiste a una guardería del IMSS puedo testimoniar el esfuerzo de este sistema de seguridad social por hacer más rígido el control sobre los aspectos de protección civil de cada unidad y el compromiso directivo de ciertas guarderías por llevar a cabo simulacros de evacuación, por mantener a su personal capacitado en manejo de accidentes con menores o primeros auxilios y por garantizar que los equipos de seguridad funcionen adecuadamente.

La guardería de mi hijo, por ejemplo, desde el año pasado entró en un mecanismo de participación social, desarrollado a nivel nacional por Transparencia Mexicana A.C. y el IMSS, consistente en una visita de un grupo de padres sorteados que incluye una revisión documental de la guardería (como el programa interno de protección civil, los registros de simulacros de evacuación realizados mensual o bimensualmente, constancias de capacitación en protección civil de su personal, entre otros), la presentación de la brigada de protección civil y la revisión de las instalaciones (alarmas, iluminación de emergencia, detectores de humo, extintores, rutas de evacuación, estado de las instalaciones eléctricas y de gas), así como la presencia en un simulacro de evaluación completa de los menores en menos de 3 minutos.

Los padres llenan un formulario que luego es exhibido en los pizarrones de la guardería y colgado en Internet (www.imss.gob.mx/guarderias); cada mes se sortea la participación de 10% del total de guarderías en la delegación y como los dueños se saben comprometidos a lograr buenos resultados hay una preparación previa, que podríamos decir es uno de los objetivos del mecanismo: activar la cultura de prevención.

Hace un mes se presentaron a nivel nacional los resultados de este programa en el que han pasado la mitad de las guarderías subrogadas del IMSS, 737 de 1,500 existentes; en 98% se obtuvieron resultados satisfactorios, con más del 80% de los reactivos calificados favorablemente.

Aunque a nivel estatal o local (en León hay 28 guarderías subrogadas del IMSS) no se han desglosado resultados del programa, los datos contrastan dramáticamente con la situación que el fin de semana difundió el alcalde Sheffield: en un reporte de la periodista Mariana Nieto, el munícipe nos alerta que menos del 10% de las 178 estancias infantiles de la SEDESOL cumplen con los requisitos de seguridad y por tanto no pueden obtener una constancia de Protección Civil.

Sabemos que una estancia de SEDESOL atiende muchos menos niños que una guardería del IMSS pero su diseminación en las colonias populares es mayor, por lo que cubren a una población con mayor vulnerabilidad; además, tienen una estructura financiera menos soportada que la del IMSS y su supervisión se pierde entre la dependencia federal que las norma y la autoridad municipal.

Un terreno aparte, más incierto, es el de las guarderías privadas. Aunque están obligadas a contar con dictámenes de Protección Civil, lo cierto es que esta dependencia municipal no cuenta con un área para darles supervisión constante y no tiene facultades para ordenar su cierre cuando incumplen. La cosa se maneja como en cualquier negocio o edificio que puede tener extintores caducos o salidas de emergencia bloqueadas y no pasa nada, siguen abiertos.

Derivado del movimiento de padres afectados por la tragedia del ABC se promovió y se aprobó en el Senado una Ley General de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, llamada también “Ley 5 de Junio”, que vendría a garantizar a todos los niños, sea que asistan a una guardería pública o privada, reciban una atención integral y segura en su guarda, custodia, aseo, alimentación y recreación. Esta ley distribuye competencias entre gobiernos, y crea algunas instancias para coordinar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de guarderías, independientemente de su modalidad, pero falta que sea aprobada por la Cámara de diputados y entre en vigor.

Como ciudadanos podríamos pedir a los diputados federales por Guanajuato que agilicen la discusión y aprobación de la ley enviada por el Senado y, mientras tanto, que nuestro Ayuntamiento promueva mecanismos de participación social como el que desarrolló Transparencia Mexicana aplicados al grueso de guarderías que no son del IMSS; el DIF Municipal podría ya empezar a desarrollar un eje estratégico de atención a la infancia que acude a guarderías, pues la “Ley 5 de Junio” ya prevé un involucramiento central de este sistema.

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