Sara Noemí Mata


Gratuidad a los mayores
12/Mayo/2014

La semana anterior critiqué el aumento en las tarifas del transporte público de León por el manejo electorero de la Presidencia municipal al enfatizar que se instauraba la gratuidad a los adultos mayores como una “ayuda con cariño”.

Dije, y lo sostendré en esta ocasión, que no estoy en contra de los beneficios tarifarios a este grupo de población o al también numeroso segmento de los estudiantes.

Las diferencias tarifarias son un buen invento para reconocer que socialmente hay muchas desigualdades y que la gestión de las cosas y servicios públicos debe reconocer esas capacidades diferentes de pagar por lo mismo a lo que tenemos derecho todos y todas, con independencia de nuestra edad o condición social. Más recientemente,  diferenciar las tarifas de un servicio se ha aplicado para potenciar ciertas políticas públicas.

Hay tres formas para uno u otro objetivo: que se subsidie con recursos públicos, es decir, presupuestarios, la parte de descuento de quienes no pueden pagar. La segunda opción es que se apliquen recursos obtenidos de impuestos específicos o multas para financiar la tarifa preferencial de los sectores que se quieran apoyar. La tercera alternativa son los llamados subsidios cruzados, en que quienes liquidan su tarifa completa pagan una fracción de lo que se deja de recaudar por los que reciben beneficios tarifarios. En nuestro sistema de transporte, siempre se ha usado, únicamente, la tercera vía de financiar las tarifas bajas para los estudiantes y menores y, ahora, la gratuidad para adultos mayores.

El problema con este esquema es que en una sociedad como la leonesa en que se pagan bajos salarios, tanto en el sector formal como en el informal, y los ingresos de una familia recaen en uno o dos personas que sostienen un promedio de cinco a seis personas, el gasto en transportarse, incluso a los sitios más elementales como el trabajo o la escuela, absorbe una parte importante de los ingresos familiares a veces igual o mayor a lo que una familia dedica para alimentarse o para pagar la renta o hipoteca de su casa.

Aunque el beneficio inmediato de la gratuidad a los mayores es un alivio a ese grupo de población, que está entre los de menores ingresos, al mismo tiempo va a encarecer la movilidad de las personas de recursos más limitados, pues el ahorro que tengan porque la abuelita se traslade no compensará los costos elevados para cubrir las necesidades de transporte del resto de la familia.

Entre sectores importantes de la ciudad se da actualmente una marginación por movilidad, es decir, cientos y miles de personas que no tienen posibilidad de ir al Centro de la ciudad, o al Parque Metropolitano o a realizar su abasto en un lugar más conveniente, en resumen de disfrutar los bienes de la ciudad, simplemente porque no pueden pagar los pasajes del camión, y menos si desean ir con los integrantes de su familia.

Lamentablemente calibrar estos sectores de población es difícil porque los instrumentos de planeación o de evaluación del transporte se suelen basar en “encuestas de origen-destino” o en cuestionarios a usuarios del servicio que capta invariablemente a los que sí se mueven, incluso si lo hacen con grandes sacrificios.

Pero una muestra de que este fenómeno existe y ya es digno de tomarse en cuenta en las políticas municipales se ha revelado precisamente con la gratuidad de los adultos mayores. Las autoridades han reconocido que les rebasó la expectativa de personas que acudieron a solicitar la tarjeta para obtener el beneficio de no pagar. Si había 7 mil personas mayores de 60 años acreditadas como usuarias que ya disfrutaban una tarifa reducida en el transporte, y en quince días se sumaron 2 mil  adultos en dicha categoría, lo que representa un 28.5%, es altamente probable que eran 2 mil ciudadanos que omitían trasladarse, soslayando sus necesidades o deseos y posponiendo oportunidades de esparcimiento, atención médica o formación, simplemente porque el costo del pasaje, de 3.70 pesos, era incosteable. Seguramente una fracción de esos 2 mil mayores hacían viajes ocasionales, tan esporádicos que preferirían pagar la cuota completa en lugar de tener desde un principio su tarjeta de tarifa reducida.

En esta línea, queda pendiente observar cómo evoluciona la movilidad a partir de la gratuidad, pues hay que saber finalmente en qué porcentaje se estabiliza cada tipo de usuarios del transporte.

En un estudio presentado en septiembre de 2011 se identificó que un 29% de usuarios tenía entre 21 y 30 años; un 24% entre 31 y 40 años; un 18% menos de 20 años mientras que los adultos mayores de 61 años sumaron un 6.4% del total. Importa también que se revele cuántos viajes hace cada tipo de pago porque eso nos irá dando pauta de cuánto y a qué velocidad presionará la gratuidad a la tarifa general. Es previsible que los miles de adultos mayores que salieron de las sombras de la inmovilidad urbana y los que ya pagaban tarifa preferencial incrementen sus viajes, aunque no sabemos con qué frecuencia, distancias a qué destinos y cuándo se estabilizará dicha tendencia.

Ojalá que estas estadísticas se socialicen y discutan con seriedad en el marco de fortalecer una política local de movilidad; con ellas sería útil explorar que las tarifas preferenciales del transporte se fondeen con recursos públicos (por ejemplo, de los impuestos a los autos como refrendos o verificaciones) o que la gratuidad se asocie a franjas horarias o días de la semana donde la ocupación de los buses sea más baja; en fin, las posibilidades de la política de transporte son diversas pero exigen abandonar el camino fácil de “hacer la gratuidad en los bueyes de mi compadre”.
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