Sara Noemí Mata


Basura: la oposición ausente
21/Abril/2014

Puede parecer obsesivo para un espacio semanal, abordar por tercera ocasión consecutiva el tema de la basura en León. Lo hago aunque ya se resolvió oficialmente la crisis de recolección temporal al regresar los contratistas de toda la vida y seguir el curso de la licitación, pues el episodio ofrece dos cuestiones más que considero relevante abordar.

La primera tiene que ver con la naturaleza de los servicios públicos municipales y las capacidades operativas y políticas que la entidad facultada para prestarlos tiene y quiere asumir.

El Acuerdo de Ayuntamiento por el cual se aprobó que el servicio de recolección de basura se preste concesionado a 20 años, en lugar de permisionado anualmente, consiste en ocho páginas que relatan una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Cabildo.

Como es sabido, para que un servicio municipal se concesione se necesita declarar que el Municipio está imposibilitado de prestarlo directamente, como es su obligación constitucional y uno de sus fines esenciales de existencia legal y política. Así que el Acuerdo de Ayuntamiento dedica la mitad de sus páginas a soltar un rosario de datos sobre costos de mantenimiento de las unidades (20) y los empleados directos (60) que el sistema municipal tiene y de lo que mensualmente se liquida a través de las 118 rutas contratadas a permisionarios.

De tanto oír afirmaciones del tipo “el Estado es tan ineficiente que todo lo deben hacer los particulares”, una aprende a oler las argucias en esta clase de discursos. En este caso es llamativo que los redactores del Acuerdo les haya bastado datos del año 2013 para sostener “la imposibilidad de prestar por si mismo los servicios públicos de recolección y traslado de residuos urbanos”. No hay en el documento ningún dato histórico, verificable, que permita evaluar que en efecto, el municipio ha llegado a una situación límite de no poder ofrecer con oportunidad el servicio de recolección, de no prestarlo con mínimos de calidad o uniformidad a todos los leoneses, o de estar en quiebra o en severas dificultades financieras el órgano paramunicipal encargado del servicio. Vaya, no dice una palabra sobre los ingresos propios que el SIAP tiene por los servicios que presta y las proyecciones de los que podría tener si su administración se profesionalizara. Al contrario, revuelve peras con manzanas. Por ejemplo, al decir que si esta administración quisiera concretar “la excelencia” en la prestación del servicio tendría que invertir 180 millones de pesos en adquirir 130 nuevas unidades para el servicio permisionado actual, en que sabemos que los camiones recolectores no son propiedad municipal sino precisamente de los contratistas.

El apartado clave está en hilvanar con base “en un estudio” (así sin nombre ni autoría ni fecha de realización) que, de prestar el servicio con personal propio, con una plantilla de 470 personas entre operadores, ayudantes y supervisores, el gasto anual se iría a 151 millones de pesos, un costo promedio por tonelada de 433 pesos.

¿Para un municipio como León son prohibitivos estos montos y los de las inversiones en unidades, patios de maniobras, equipos de mantenimiento y supervisión de un sistema totalmente manejado por una entidad pública? ¿Podemos invertir 600 millones en un puente vial y no 180 ó 300 millones de pesos en un sistema público de manejo de residuos? Sinceramente creo que no y el Acuerdo de los ediles leoneses no da para concluir ello a menos que pida ser leído como auto de fe.

De hecho, en la ley orgánica municipal se contempla la figura de “empresa pública municipal” pero inexplicablemente no se ha explorado su aplicación ni para este caso ni para el del transporte público en que claramente hay una actividad productiva en que el interés público debiera primar sobre esa imposibilidad manifiesta del Ayuntamiento para prestar los servicios de todos.

El segundo, y último ángulo sobre el que quiero llamar la atención es lo costoso que resulta tener un cabildo sin contrapesos reales y actuantes.  La reunión de comisión de  regidores cuyo acuerdo he comentado fue celebrada el 26 de marzo, unos cuantos días antes de la sesión del pleno donde se validaron los términos de la concesión. Dicha comisión está integrada por cinco ediles: lo preside la ecologista Beatriz Manrique, los priistas Verónica García, Jacobo Cabrera y Luis Gómez y el panista Javier Ayala. A la citada reunión sólo asistieron los tres primeros, pero fue válida porque los regidores Gómez y Ayala justificaron su inasistencia.

La ausencia de Javier Ayala que fue líder del grupo panista de regidores, antes de la actual Martha Hernández, pudo ser ocasional, pero si se encadena a que en el pleno del Cabildo la fracción azul votó en contra no por un trabajo político y técnico propio sino advertidos por los contratistas de que la convocatoria a concesión los estaba dejando fuera del negocio, habla de que los regidores panistas no presentaron contraargumentos ni en las sesiones anteriores de comisiones, ni tuvieron capacidad de interlocución o negociación antes de llegar al pleno donde perdieron la votación sin siquiera ganar el debate.

La oposición de juguete con que contamos en el Cabildo se evidenció aún más en los días posteriores a la crisis por los fallos de la recolección. Quienes salieron a debatir en foros o atender entrevistas en medios de cara a los promotores de la concesión fueron el ex alcalde Ricardo Sheffield, la ex edil Mayra Enríquez, o el diputado Diego Rodríguez pero lo hicieron “a título personal”; los percibí tan apenados de su propia representación partidista en el Ayuntamiento como decepcionada se siente una ciudadana que confía en que los contrapesos de la democracia funcionen. Pero, después de todo, estos casos sirven para recordarnos qué tan vacuo es hurgar en los “valores familiares” de los y las candidatos para definir nuestro voto o en desestimular la participación con la cantilena de que “todos los partidos son iguales”. Aquí se ve que no, que los partidos y las personas importan, más allá de lo que internamente representen en sus respectivas instituciones políticas.
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