Sara Noemí Mata


Documentar el pesimismo
14/Abril/2014

Hace una semana comenté en este espacio que lo más grave de la crisis de la basura de las últimas semanas era que no se vislumbraba un modelo de manejo integral del manejo de los residuos domiciliarios. Lo afirmé señalando varias razones, una de las cuales era que no contaba con el Acuerdo del Ayuntamiento votado para lanzar la licitación ni con las Bases mismas de dicho procedimiento. Ahora que he podido revisar ambos documentos y de escuchar con atención los argumentos expuestos en dos foros celebrados entre el regidor ecologista Eugenio Martínez y dos liderazgos panistas en los programas Zona Franca y Televisa Bajío, estoy más cerca de confirmar mis afirmaciones antes que de cambiarlas. Expongo los datos principales en que se fundan mis dichos:

El principal es que prácticamente todas las condiciones del servicio deben ser propuestas por las empresas interesadas en quedarse con los contratos, tales como horarios, frecuencia, derroteros de las rutas, método de recolección y fórmulas para actualizar el precio por tonelada de recolección, con lo que el Municipio parece sujeto a lo que le propongan sin dictar directrices de política para el manejo. Por ejemplo, respecto del método de recolección de la basura, dice la licitación: “deberá incluir al menos la recolección separada de residuos, así como la aplicación de las políticas públicas que en materia de gestión integral determine el Ayuntamiento” sin mencionar siquiera a cuáles políticas se refiere, si es que ya están dictadas para que puedan ser consideradas o están por dictarse, lo cual hace inviable que desde ahora los empresarios que buscan la concesión las consideren en sus propuestas técnicas o económicas.

No obstante lo anterior, al describir los vehículos de la recolección, el municipio pide que sean con “caja compactadora, (…) con sistema de recolección de lixiviados (…) y equipados con los accesorios requeridos facilitando la recolección separada de los mismos”. En mi lectura esto indica que la recolección separada no es una obligación y compactar los residuos revueltos, aunque lo haga un brazo mecánico más potente que varios brazos humanos, condiciona negativamente la siguiente fase de un aprovechamiento integral que es la clasificación más fina y el tratamiento de residuos susceptibles de reprocesamiento.

En mi opinión, resulta preocupante que según la licitación en curso, el concesionario pone los horarios de recolección y ni siquiera se unifica el tema de frecuencia (supongo que eso abre la posibilidad de que a ciertas colonias les recojan la basura a diario, a otras terciado y a las menos pobladas o de marginados, una vez a la semana), ni el sitio donde hacer la recolección (lo cual abre a que haya rumbos en que la sigan recogiendo afuera del domicilio y en otros se tenga que llevar a “la esquina”, a 50, 100 o 500 metros distantes de la casa), ni qué hacer si una familia (o porcentaje de la colonia o la cuadra) no entrega la basura separada.

Otro punto flaco de la licitación es que, pese a que tenga por objetivo “recolectar los residuos generados en el Municipio”, luego se hace mención del concepto “centro de población” pero en la descripción de las tres zonas en que se dividirán los contratos de concesión, mencionan únicamente vialidades urbanas, por lo que no se precisa si se abarca a la zona rural y tampoco el estatus de servicio para la recolección en las colonias irregulares y en las no municipalizadas.

A propósito de la división zonal en que se entregarán los contratos de concesión, resulta muy llamativo que no se expliquen, especialmente en el Acuerdo de Ayuntamiento, las razones de hacer tres zonas (norte, suroriente y sureste) y sobre todo los criterios de división. El documento parece seguir la idea de dividir “equitativamente” la población de la ciudad en tres, pero erra al tomar como base la población municipal en lugar de sólo la citadina que en el 2010 se contabilizó en 1.3 millones de personas. Lo defectuoso de esta simplificación es que aunque los cálculos estadísticos de generación de residuos usualmente se hagan “per cápita” la realidad es que la producción de basura está lejos de ser igualitaria sino que está sujeta a la edad, la condición económica y los patrones de consumo; además, todo servicio de recolección no se basa en personas, sino en domicilios cubiertos y el costo de recolección está sobre todo en relación a la distancia que existe desde los hogares hacia el relleno sanitario.

Ciertamente, la licitación posibilita que, al concursarse las zonas geográficas de modo independiente, se podrá fijar una tarifa por tonelada distinta en cada área, pero volviendo al principio, al dejar todos los puntos de oferta en manos de las empresas interesadas incluso éste al afirmar: “el concesionario establece y comunica el régimen tarifario y la fórmula de actualización según haya presentado en su sobre de capacidad financiera”, estimo que se nulifica la capacidad que tuviera el Municipio de aplicar la eficiencia del sistema de división zonal, en favor de la ciudad.

Como no contamos de parte del SIAP información sobre la demanda de recolección real que trae cada zona, creo que a la suspicacia de fijar el plazo de la concesión a 20 años –otra decisión sin explicación en los documentos oficiales- hay que sumarle ésta de la división zonal.

Un elemento más en que los términos de la licitación no amarran con las exigencias que las autoridades dicen perseguir como política en materia de residuos, es que se pide a las empresas “comprometerse a que en la ejecución de los trabajos concesionados no se realicen operaciones de separación, segregación, reciclaje o reuso de residuos”, pero no se explicita que esto sería una causal de terminar la concesión como tampoco lo es si incumple con la cobertura de seguridad social a sus cuadrillas recolectoras.

Con todo, hay una excepción a tantas malas señales: la licitación obliga a los futuros concesionarios a pagar un refrendo anual de su contrato por el equivalente al 1% de lo que efectivamente haya cobrado en el año previo por la recolección, para cubrir gastos de supervisión y de ¡educación ambiental!  Bueno, algo es algo.
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