Sara Noemí Mata


Cuidar el Centro
27/Enero/2014

A unos días de vencerse el plazo de tres meses que el 29 de octubre pasado se dieron los integrantes del Ayuntamiento para aprobar a los integrantes del Consejo Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, finalmente, el pasado viernes quedó listo su nombramiento e instalación.

Se trata de nueve ciudadanos y seis funcionarios públicos que hacen parte del mecanismo consultivo “único” con que el actual gobierno municipal intenta aglutinar las tres instancias que en administraciones pasadas habían surgido para canalizar la participación de comerciantes y propietarios de fincas en el centro histórico.

Los ciudadanos nombrados son empresarios prominentes de la ciudad que en el Centro tienen intereses inmobiliarios fuertes como David González Flores, Gerardo Pons Zepeda, Eduardo Lomelín, Roberto Plascencia, Eduardo Castro, Luis Felipe Velázquez Verdad, Enrique Aranda y María Elena Aranda, además del historiador y notario público Mariano González Leal.

Ninguno es nuevo en instancias de participación como la que nos ocupa: David González se ostentaba como Presidente del Patronato Ciudad histórica que en la administración shefieldista tuvo una actuación fantasmal; uso este símil porque existía legalmente pero no sesionaban con formalidad debido a que nunca pudieron destrabar la obtención de subsidio municipal y, por tanto, tenían una presencia incorpórea y misteriosa, útil sólo para ciertas menciones públicas.

Roberto Plascencia, por su parte, es propietario de varias fincas y negocios entorno a la Plaza Expiatorio y también era integrante, desde mayo de 2013, del Comité Plaza Expiatorio.

La familia Velázquez Verdad es otra conocida de la zona centro: Luis Felipe ha sido representante de los comerciantes y su hermana María Dolores fue  integrante del Comité Plaza Expiatorio hasta su disolución.

Los Lomelín, Castro y Aranda, son nombres tan relevantes para el Centro como el del historiador González Leal, aunque por distintas razones no necesariamente peleadas: dinero y saber.

A pesar de que en perfiles públicos de los ciudadanos invitados a cuidar del centro histórico no hay novedades que anunciar, conviene saludar que el Consejo por fin se instale para salir de la indefinición que los organismos previos habían dejado a esta riquísima parte de la ciudad. Hay que hacerlo, sin embargo, advertidos de las limitaciones que reglamentariamente le impusieron los regidores del actual Cabildo y de los aspectos confusos que siguen en el aire.

Dice el reglamento que lo rige que este Consejo es “órgano de opinión y consulta obligatoria del Ayuntamiento y la administración pública en la promoción y protección del patrimonio histórico del municipio” y asigna cuatro atribuciones relevantes que resumo: 1) Proponer al Ayuntamiento mecanismos de coordinación con otras autoridades, 2) Proponer y opinar sobre los proyectos que tengan impacto en su área de competencia, 3) Proponer y asesorar en la formulación de estrategias de protección del patrimonio histórico y 4) Realizar estudios y publicaciones relacionadas con su objeto.

El primer problema es que este reglamento define como patrimonio histórico “aquellos bienes muebles e inmuebles, espacios naturales o urbanos y los elementos que lo conforman que tengan para la población un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia”. Más allá de lo discutible, conceptualmente hablando que resulta esta definición, a priori podríamos aceptar que los edificios patrimoniales o de mayor valor histórico están “en el Centro Histórico” (en otras colaboraciones hemos revisado los variados derroteros que se le han impuesto a nuestro Centro) pero el presente reglamento no indica si el Consejo también cobrará acción en las zonas con edificios coloniales catalogados en los barrios, en ciertas haciendas o comunidades rurales o bien en los entornos arqueológicos que también existen y cabrían en la definición dada de patrimonio histórico.

Otro punto confuso es que entre los funcionarios nombrados parte del organismo están los titulares de Economía, Turismo, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ésta última en dos personas: el Director General, Oscar Pons, y la Directora del Centro Histórico, Celina Padilla; pero el reglamento previene que funja como Secretario técnico el Director de Control del Desarrollo, también dependiente de DU y, sin embargo, se ignoró la participación de un integrante del IMPLAN, como si pudiera darse alguna estrategia eficaz en el Centro obviando el concierto de desarrollo del resto de la ciudad, o como si hubiera alguna política urbana global –que en teoría proyecta y dirige el IMPLAN- que no afectara al Centro o las áreas patrimoniales.

Esta falta de congruencia en el diseño institucional no es menor: una de sus señas es que en las actuales obras de remozamiento en calles del Centro que tanta preocupación ha causado a comerciantes por la afectación en ventas, es que se trata de un proyecto liderado por la Dirección de Turismo pero los afectados por los retrasos se tienen que entender con los de Obra Pública mientras que la Dirección del Centro Histórico no sabe absolutamente nada y para cualquier dato remite con las anteriores. Las mantas que avisan de las calles para acceder al Centro histórico son un reflejo de la pobreza de visión que se tiene de esta intervención urbana y de la oportunidad perdida para comunicar que algo está pasando en el Centro. Ahora habremos de esperar a ver si el recién constituido Consejo Consultivo del Centro histórico considera que este proyecto y estas obras le conciernen y la posición que toma respecto de su gestión y avances.

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