Sara Noemí Mata


Comprando terrenos...
09/Septiembre/2013

En esta semana se concretó la adquisición de la Plaza de gallos, una finca histórica en el centro de la ciudad. Me resultó llamativo que los regidores panistas objetaron unos días antes de autorizar la compra, que el Municipio no tuviera un proyecto concreto que justificara la adquisición y que la finca tuviera adeudos en el predial.

La posición de los regidores de oposición era atendible y totalmente justificada pero tan extraña de que se presentara que me da pie a divulgar datos y documentos que he rastreado a partir de otra compra de terrenos hecha con recursos municipales. Me refiero a la compra de 24 hectáreas al norte de la Presa del Palote, que fue pagada en 220 millones de pesos a partes iguales por el gobierno del Estado y el Municipio, en mayo de 2010.

¿Por qué volver a escribir sobre ello? Parto de la convicción –no superficial ni partidista sino documentada- de que la adquisición de este predio se dio a un precio y bajo un proceso en que se depusieron todos los posibles controles democráticos, institucionales y políticos que hay para que los negocios, o intereses personales, de los gobernantes en turno, se sometan a una racionalidad o interés de la colectividad. En mis artículos de 17 y 24 de junio pasado (consultables en www.propuestacivicagto.org.mx/articulos), he expuesto los principales indicios que tengo para ello; luego he solicitado otros documentos a través de la ley de acceso a la información y he sostenido entrevistas con funcionarios clave de esa trama que me interesa compartir.

Lo primero fue conocer el Acta del Comité de Adquisiciones en que se autorizó la compra antes de que ésta pasara, por unanimidad, en el pleno del Cabildo el 13 de mayo de 2010. Pensé encontrar el asunto tratado algunas semanas antes; pero no, con una agilidad de trámite que asombra, el Comité de Adquisiciones autorizó esta compra el día antes, en sesión del 12 de mayo, a las 13.30 hrs. Si los regidores son convocados con al menos 24 horas de anticipación a una sesión de Ayuntamiento, ¿no es llamativo que un asunto de la víspera se haya alcanzado a procesar, con elaboración, revisión del Acta y notificación de sus contenidos para el día siguiente?

La sesión del Comité de Adquisiciones muestra cómo prácticamente ninguno de sus integrantes cuestionó la oportunidad, condiciones de precio, estado físico o cualquier otro tópico relacionado con adquirir un terreno en más de 100 millones de pesos.

Presentes el ex tesorero, Antonio Obregón, los ex síndicos Braulio Monreal y Raúl Márquez y los ex regidores Ernesto Dávila, José Arturo Sánchez y Daniel Olaf Gómez, la minuta no indica de quién parte la solicitud de adquisición, lo cual es asunto corriente en otras compras: saber quién solicita que el Ayuntamiento apruebe el gasto. Del relato no se desprende que los regidores haya tenido a la vista uno o varios avalúos del bien a adquirir o algún otro elemento para su decisión y únicamente el regidor del PVEM interviene para señalar: que conforme a la tabla que se presenta en este momento el costo por metro cuadrado es más caro, que tiene conocimiento que el Gobierno del Estado adquirió en un total de $900.00 novecientos pesos por metro cuadrado, por lo que proponer que la adquisición sea bajo el mismo costo, como de hecho se autorizó.

El secretario del Comité, José Ángel Macías, no tuvo el cuidado de adjuntar a la minuta la tabla a que hace referencia y cuando solicité revisar el video de la junta, resultó que el archivo ya se había perdido por falta de respaldo del cúmulo de sesiones que se videograban y porque, a diferencia de otros documentos oficiales, no están obligados a conservar los de formato electrónico.

La duda sigue vigente: ¿cuánto pedía originalmente el vendedor y qué decía el supuesto avalúo sobre el terreno que el ex alcalde Sheffield ha dicho que lo elaboró Alejandro Pohls? Mi sorpresa es mayúscula cuando oficialmente me contestan que ni en los archivos de Secretaría de Ayuntamiento ni en los de Tesorería municipal obra el citado avalúo.

Así que pregunté al ex regidor Sánchez Castellanos, quien me confirmó que en el Comité de Adquisiciones no se presentó avalúo, sino que él conoció por parte del vendedor (el señor Medrano) la estimación comercial con que había firmado a inicios de abril de 2010 la compra de la otra mitad del terreno con el gobernador Juan Manuel Oliva.

La fundamentación de por qué adquirir ése predio a tal precio es casi una calca en los documentos de compra del Estado y del Municipio y no abarca más de un párrafo: llevar a cabo la construcción de una deportiva en beneficio de las colonias aledañas, así como crear más área recreativa en el Parque Metropolitano. En el ambiente de aquel Comité de Adquisiciones se resaltaba que era un acuerdo de compra hecho por el Gobernador Oliva al cual el Alcalde Sheffield se sumaba y que el Cabildo debía aprobar. Envuelto en la necesidad de una deportiva y en la oportunidad de comprarle a Medrano, la aprobación fue unánime. Nadie preguntó si era la reserva territorial más urgente de crear en el municipio, cuánto había invertido el gobierno en otras reservas territoriales (como la que sirvió para hacer Villas de San Juan), de qué partidas del ajustado presupuesto municipal iban a salir 110 millones para destinar esta compra, si tenía sentido que el terreno para una deportiva costara diez o veinte veces más que construirla, porqué Oliva había amarrado al Municipio con esta compra cuando para otras infraestructuras deportivas en lugar de adquirir terreno había exigido que el Municipio le cediera un pedazo de la deportiva de León I, o por qué los supuestos rivales partidistas, que eran Oliva y Sheffield, para el caso se ponían tan fácilmente de acuerdo.

La compra de este terreno ha sido calificada públicamente por la alcaldesa Botello como “una transa”. Supongo que ella tendrá la duda, como la tengo yo y muchas personas con las que he compartido mis pesquisas, de si “la transa” fue para pagar un favor electoral de Oliva al señor Medrano o para pactar un retorno de dinero público a los caudales personales del gobernador o alcalde, o ambos, cuando ellos dejaran los cargos públicos.

Mi aflicción como ciudadana es que no vislumbro más que una entidad que pudiera investigar lo ocurrido en esta trama: la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, como lo hicieron con las cuentas de Elba Esther Gordillo. ¿Se animará la alcaldesa Botello a pedirle a su correligionario Luis Videgaray que le ayude a probar y castigar esta “transa”?

DEJANOS TU COMENTARIO
1456374297.png
1321493145.gif
1381429645.jpg
1321493278.png
1321493200.png