Sara Noemí Mata


La cultura virtual
12/Agosto/2013

Desde hace unas semanas, circula en las redes sociales locales un documento elaborado por ciudadanos interesados en el desarrollo cultural de la ciudad. Bajo el título en León herido, que puede y quiere curarse, se dirigen a la alcaldesa y al secretario del Ayuntamiento y le solicitan alguna intervención en ciertos aspectos de la gestión del Instituto Cultural de León (ICL).

La iniciativa ha recabado firmas electrónicas para ampliar el respaldo a las peticiones y, según se expone, se planea entregar físicamente el documento. Aunque no está claro qué tipo de respuesta dejaría satisfechos a los firmantes, el esfuerzo es relevante porque intenta poner a un grupo de ciudadanos interesados en diálogo e incidencia sobre tópicos que les preocupan y, se trasluce en el escrito, les afecta profesionalmente.

Bajo el subtítulo de Un instituto enfermo, los promoventes diagnostican que el ICL cuenta con un director y un consejo directivo no aptos para dirigir la política cultural municipal, precisamente porque se carece de un perfil para dichos cargos, que tiene un área editorial con dudosos criterios de publicaciones y una débil vinculación institucional con instituciones universitarias y empresariales de la región; finalmente, identifican la necesidad de contar con mecanismos formales de diálogo entre la ,comunidad artística profesional y los funcionarios de la cultura.

En lo personal, tengo diferencias con algunas premisas que motivan las propuestas, como suponer que en ese instituto deben trabajar sólo personas que hayan estudiado cuestiones relacionadas con el arte y la cultura o que la profesionalización de tales cargos (el perfile) se valida únicamente cuando estén al frente de ellos (o en relación estrecha), creadores o artistas, pero me ha cuestionado mucho cómo este tipo de diagnósticos o propuestas ciudadanas tienen cabida en una institución que tiene en su máximo órgano directivo precisamente a ciudadanos y creadores artísticos.

Lo que es un hecho, es que pese a ser el ICL una entidad paramunicipal ciudadanizada, enfrenta un déficit de relación con grupos sociales, núcleos de interés o ciudadanos líderes en segmentos de su acción, muy probablemente porque los ciudadanos que son invitados a ser consejeros muy pronto son encapsulados en la lógica burocrática y adoptan acríticamente las prioridades o limitaciones que han sostenido los funcionarios públicos que ven pasar a un Consejo directivo y a otro, y tratan de salvar su imagen ante ellos, de justificar carencias u omisiones en condicionantes externas como las presupuestales o las legales.

Algunos otros consejeros son lanzados por sus instituciones o por la propia ambición al protagonismo más mediático o de relaciones públicas, pero que no le aporta mucho a la institución a la que el Ayuntamiento encargó dirigir o aconsejar, aunque por su propia trayectoria o liderazgo social mucho pudieran contribuir. Un caso así ha sido expuesto por el activismo de otro ciudadano, Ricardo Ibelles, que llevó ante la Contraloría Municipal, la queja de que en el Consejo Directivo del ICL se tolera que sus consejeros no asistan a las reuniones mensuales y en su lugar acudan asistentes personales en calidad de ) representantes. La irregularidad de esto es que los nombramientos del Cabildo son una responsabilidad que recae en una persona, en teoría, por la calidad de su trayectoria profesional o social y no puede ser reemplazada, a menos de que no pueda responder con el encargo, en cuyo caso, hay ya también las personas nombradas como suplentes. En otras palabras, ser consejero en los consejos municipales constituye un cargo honorífico que no admite representación, porque, incluso, si se recibe el nombramiento a propuesta de una cámara empresarial o institución educativa, la distinción se hace a la trayectoria profesional de la persona nombrada, no de las siglas que lo promovieron o propusieron.

A partir de asistir con regularidad a las sesiones del ICL y de consultar sus Actas, Ibelles documentó que esta situación se daba ilegalmente con varios de sus integrantes. El más notorio, porque ya era consejero desde la administración pasada, fue el de Andrés Govela, rector de La Salle, que en 5 de 6 reuniones envió a .su representantes. Es comprensible que una persona con la responsabilidad de una de las mayores universidades locales tenga complicaciones de agenda para atender las reuniones a que es convocado por un Consejo ciudadano, pero si éstas que son reuniones mensuales, es mucho menos probable que participará y aportará en las juntas de Comisiones que se deben de dar entre una sesión ordinaria y otra, para hacer avanzar los trabajos sustantivos de Instituto.

En el fondo de este caso radica una de las dificultades políticas y operativas de diversos consejos ciudadanos que a veces cuentan con consejeros de trayectoria y capacidades incuestionables pero con limitada disponibilidad de tiempo como para involucrarse y aportar. Lo que logró el ciudadano Ibelles fue evidenciar la simulación que hacen los Presidentes de los Consejos, los funcionarios que hacen operativa la vida de los órganos colectivos y los propios consejeros de registrar como asistencia, las presencias virtuales con representantes o las ausencias que se justifican informalmente con que tal o cual consejero se reporta por teléfono para enterarse de lo que ocurrió en la sesión o revisa y da comentarios o votaciones por correo electrónico.

Esto no debe repetirse porque poco a poco va minando la integración del Consejo, limita la fuerza con que el colectivo puede actuar frente a la propia estructura burocrática, desdibuja la calidad moral o profesional con que el Consejo o los consejeros pueden dialogar y hacer acuerdos con los representantes de Cabildo y, finalmente, incidir en un mejor desempeño institucional o eficacia de las políticas públicas en las materias que les toca dirigir.

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