Sara Noemí Mata


Compras legales pero innecesarias
17/Junio/2013

Releo las informaciones sobre la cancelación de la deportiva al norte del parque metropolitano, que precisó una multimillonaria adquisición de un predio de 25 hectáreas a partes iguales entre el gobierno municipal y estatal, durante 2010, en tiempos de Ricardo Sheffield y Juan Manuel Oliva.

La actual alcaldesa, la priísta Bárbara Botello, canceló el proyecto de la deportiva pues su ejecución nunca obtuvo los permisos ambientales, aunque ya hasta le habían dado anticipos a la constructora. Sobre la compra del terreno, la alcaldesa afirma que se trató de una “transa” de los anteriores alcalde y gobernador, al conocerse que entre el precio con que el señor Eduardo Medrano Lozano adquirió el predio en 2003 (31.6 millones X 25 Has.) y al que lo vendió al municipio en 2010 (119 millones X 12 Has.) hubo un sobrevalor inexplicable.

La trama ha dado lugar a valiosas aclaraciones de parte de Sheffield que pueden ser contrastadas con documentos y a esperadas críticas hacia la decisión de cancelar la deportiva a cargo de algunos panistas que señalan que hubo ineficiencias en la gestión de los fondos federales para el proyecto, lo que ocasionó su cancelación. En todo caso, se minimizan las irregularidades que se traslucen en la millonaria e innecesaria compra del terreno.

Un análisis de la sucesión de hechos y dichos –y también de las omisiones- plasmados en documentos oficiales me permiten dar crédito a la sospecha de corrupción en esta trama (adelante explico por qué), me permiten verificar con qué falta de rigor de planeación o prioridades nuestros ediles deciden sobre los recursos y proyectos públicos y lamentar la pobrísima vigilancia que nuestros representantes en el Ayuntamiento pasado pusieron en la operación de marras.

La compra del terreno a Residencial Villamagna, del empresario constructor Eduardo Medrano se aprobó en la sesión de Ayuntamiento de 13 de mayo de 2010, la misma donde se analizaron las condiciones e instituciones financieras con las que se contrataría el crédito de 800 millones de pesos. No obstante que el monto de la compra representaba el 15% de lo que se discutía para adquirir vía crédito, los ediles no levantaron ni la ceja, no hubo comentarios ni preguntas y el tema del terreno al norte del Metropolitano se pasó como un punto más de Asuntos Generales. Debemos entender que el asunto ya había sido discutido por el Comité de Adquisiciones presidido por el síndico panista Braulio Monreal, pero donde tenía voz y voto el entonces líder de la bancada tricolor, regidor José Arturo Sánchez Castellanos. La compra de dicho predio se les presentaba como “una oportunidad” y los ediles no repararon si el precio ofertado era adecuado, qué se podía hacer allí o qué restricciones podría tener el predio mismo.

La compra no respondía a una necesidad. El ex alcalde ha dicho en sus declaraciones publicadas en a.m. que el terreno tenía el objetivo principal de ampliar los espacios verdes del Metropolitano; otros han agregado que la demanda de más terreno venía de los organizadores del Festival internacional del globo (FIG) para crecer la capacidad de recibir visitantes. Una revisión a las Actas de sesión del Consejo Directivo del Parque Metropolitano disponibles en la página web del municipio (si bien faltan algunas del trienio anterior y TODAS de la administración actual) permiten concluir que el Metropolitano nunca expresó necesidad de ampliarse e, incluso, estaba advertido de las crecientes exigencias de los organizadores del FIG y de los costos –y disminución de ganancias- que ello acarreaba al propio parque. Además, los terrenos del señor Medrano, ya se usaban para el FIG (como estacionamiento de patrocinadores y globeros) y el Parque no veía rentable ni oportuno siquiera enmallar o empastar el predio.

La posterior propuesta de implantar allí una deportiva tampoco tenía asidero en los planes municipales ni en el de las paramunicipales (COMUDE y Parque). Si bien el Metropolitano colinda al oriente con colonias populares con déficit de infraestructura, ellas no hacen parte de los polígonos de pobreza donde se debería priorizar una inversión de la magnitud que suponía tan sólo la compra de la tierra. Además, por esa zona, no hay vialidad de acceso al parque y la deportiva, según se ve en la imagen conceptual de IMPLAN revelada hasta finales del año pasado, por lo que su desarrollo supondría construir un bulevar nuevo.

El Parque, que fue decretado en 2001 como área natural protegida cuenta con un programa de manejo que durante años se habló de actualizar hacia un Plan maestro, pero para marzo de 2012, es decir, dos años después de la compra de los terrenos del señor Medrano, en el Consejo directivo todavía se hablaba de que habría una reunión donde se presentaría el trabajo de planeación realizado por el IMPLAN donde se comunicaría “lo que sí se podrá hacer y lo que no se puede realizar dentro de las instalaciones del Parque”.

Si el municipio tuviera como fin ser un negocio inmobiliario tal vez tendría algo de explicación la adquisición de un predio a precio u ocasión de oportunidad, pero como esto no es así, a mi ver esta compra sin ninguna explicación de su necesidad o del proyecto al que estaba vinculado, es el primer rasgo de corrupción, de la invención de una necesidad pública para justificar una compra. Otros documentos públicos que he revisado sobre este caso trataré en la siguiente entrega.

Reponerse a la muerte

En las últimas semanas hemos tenido una reiterada presencia de la muerte. El caso de la viajera leonesa muerta en Egipto y el fallecimiento del político priísta. Por lo azaroso de este encuentro con la muerte, las familias de Leticia Muñoz y de Juani Torres Landa seguramente tendrán condiciones de elaborar su duelo, despedir a los suyos, atesorar sus memorias y continuar la vida.

Pienso, sin embargo, cuán distinto es este trance para los cientos de familias y amigos de los pequeños 49 niños que esta misma quincena de muerte, cumplieron 4 años de fallecidos en la Guardería ABC, de Hermosillo. Un accidente injusto que, a diferencia de los Leti y Juani, estuvo rodeado de una negligencia criminal que a cuatro años de ocurrido no ha dado con los responsables penales de esta fatalidad, no ha brindado a los padres y hermanos de esas 25 niñas, 24 niños muertos y más de 70 con lesiones, una pizca de justicia, una razón para despedirse en paz de sus pequeños; para ellos no hay modo de reponerse a la muerte, para ellos el Estado Mexicano, sus instituciones de justicia y una buena parte de la sociedad, les sigue condenando a cargar con la muerte de sus hijos e hijas.

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