OSC´s trabajando


Chemours y la democracia de cianuro
Por Geovanna Dávalos y Gustavo Lozano / Acción Colectiva A.C.
03/Enero/2017
Las injusticias socioambientales no son fortuitas, implican la concurrencia de actores y circunstancias que las hacen posibles. Surgen al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces, cuando no corruptos; emergen de la imposición de intereses particulares sobre el interés colectivo. Son consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a las minorías en una situación de vulnerabilidad.
Estas injusticias, además, no serían posibles sin un entramado institucional que, frente a la satisfacción de necesidades, opta por la reproducción, acumulación y centralización del capital.
En Guanajuato esas circunstancias -o algunas de ellas- parecen concurrir. Desde hace poco más de un año The Chemours Company pretende instalar una planta para producir al año 65,000 toneladas de cianuro de sodio (NaCN), uno de los venenos más potentes del mundo, que esta empresa produce desde 1952 para la violenta industria minera de extracción de oro y plata, en todo el mundo (http://ow.ly/eykD3079P5B).
La Chemours fue a Salamanca y encontró la oposición del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera; desde agosto del 2016 lo intenta en San Luis de la Paz, al norte de Guanajuato, donde la  Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano ha logrado plantar cara al Proyecto San Luis de la Chemours. Desde entonces, la organización ludovicense ha desplegado un amplio repertorio de acciones colectivas que ha estimulado entre la comunidad un vínculo identitario fuerte que les permite interpretar la posible instalación de la planta de cianuro como algo injusto e intolerable y por lo tanto, merecedor de una acción correctiva.
A pesar de la amplia y contundente oposición social la Chemours insiste. No tiene el favor de la comunidad ludovicense pero cuenta con una aliado importante, el gobernador Miguel Márquez. La motivación ludovicense para oponerse a la Chemours no es el miedo o la ignorancia -como ha dicho el gobernador- es la profunda convicción de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos, es la firme creencia de que su intervención en asuntos públicos les permitirá garantizar el control sobre su territorio y sobre su propia vida. En este contexto, la participación ciudadana es, además de un derecho, un vehículo para alcanzar la dignidad humana.
A medidados de octubre el Delegado de la SEMARNAT en Guanajuato  declaró en algunos medios de comunicación que The Chemours Company había desistido de instalarse en el Estado (http://ow.ly/K8y7307tJnX); no obstante, los miembros de la Organización Ciudadana Ludovicense interpretan estos dichos como una estrategia para desmovilizar a la comunidad pues formalmente el proceso ante la SEMARNAT en relación a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto esta en "evaluación" y el 23 de noviembre obtuvo una ampliación del plazo. En lo local, el Ayuntamiento no ha otorgado el permiso de cambio de uso de suelo a favor del proyecto pero la Organización Ludovicense permanece atenta a los posibles cambios en los trámites e informando a la sociedad sobre los riesgos, sobre todo por las declaraciones del gobernador Marquez, a inicios de diciembre (http://ow.ly/beXr307tLt8).
La lucha ludovicense debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio; es contra el conjunto de la industria minera pues el cianuro de sodio es uno de los químicos que más se utilizan en los procesos de minería “a cielo abierto”. Los daños asociados a esta técnica -cada vez más común en México- son notables: militarización del territorio, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades, atentados contra la integridad de defensores y luchadores sociales, criminalización de la protesta social, contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de biodiversidad y del paisaje, altísimas contribuciones al cambio climático, daños a la salud y empleos precarios.
Por su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. The Chemours Company es parte importante de esta industria.
En un contexto de conflicto como éste, los gobiernos suelen validar las relaciones de poder entre los diferentes grupos de una sociedad. Mediante declaraciones o decisiones de política, los gobiernos suelen justificar, legitimar y priorizar los valores e intereses de las élites e influir en la determinación de quién o quiénes son los ganadores y perdedores de una contienda. Hasta hoy, el gobernador Marquez parece colocarse al lado del capital transnacional ¿En Guanajuato, la democracia realmente existente será la del cianuro?
Una mirada a los conflictos socioambientales en México parece confirmar que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones incluso en contra de los órganos estatales, al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.
 
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