Pablo López Fosado


El derecho a la corrupción
21/Enero/2015
Hasta el día de hoy y desde hace mucho tiempo la clase política junto con la élite empresarial de este país han formado una compacta pero fuerte amalgama que convierte relaciones de facto en beneficios de todo tipo para ambas partes. Esta aleación no es en absoluto nueva.
 
En el México de las “instituciones”, ese que empezó a administrar el PRI con Plutarco Elías Calles en 1929 como instrumento de control político y no como pionero democrático para granjearse el voto ciudadano a cambio de buenas políticas públicas,  comienza una nueva historia de beneficios, de favores, de encubrimientos, de fraudes, de plena corrupción entre políticos, más políticos y la élite empresarial.
 
La naturaleza de los sistemas poco o nada democráticos es la imposición de la voluntad de una minoría que se establece como clase dominante frente a las mayorías utilizando diversas formas de sometimiento. En México la mejor fórmula ha resultado en mantener las instituciones autoritarias de siempre maquillandolas con apenas destellos de democracia.
 
Para la clase político-empresarial mantener sus privilegios se ha convertido en un derecho natural, es decir, la corrupción es un bien común aceptado en el gremio político, por lo que, debe explotarse al máximo. Ganar una elección o recibir parte de los votos, en primera instancia, representa la legitimación de su antisocial derecho. La victoria que han conseguido radica en maquillar la forma en que se corrompe y no de manera alguna en la forma de gobernar.
 
La aplicación del derecho a la corrupción de la élite político empresarial es un riesgo permanente para todos. Debido a su alcance fractura desde la economía popular, la educación, el derecho a los servicios públicos, la procuración de justicia y hoy, en particular, ha desbaratado la seguridad humana de los mexicanos.
 
El Fobaproa, los amigos de Fox, el Pemexgate, la estela de luz, el río Sonora, los cambios de uso de suelo en el D.F, el Monexgate, las casas y licitaciones del grupo Higa. Acteal, la guardería ABC, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los culpables de tamaños delitos nunca aparecen. Cuando hay algún implicado gordo (de la elite política-empresarial)  encuentran salvoconductos descarados y su responsabilidad termina en sanciones institucionales como multas, recomendaciones o citatorios a declarar en el mejor de los casos.
 
La población mexicana en general ha perdido derechos fundamentales como la seguridad humana (que es el ejercicio integral de 58 derechos humanos suscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de estos, 44 son violados como práctica cotidiana  en México, esto de acuerdo con Buscaglia en su libro Vacíos de Poder en México), la clase político-empresarial por otro lado, ha impuesto y ganado derechos ilegítimos como el derecho a la corrupción.
 
¿Qué contrapesos efectivos existen contra ese derecho de facto que la clase político-empresarial ha impuesto? En términos reales no hay poder sancionatorio legal que conduzca a la investigación y condena del conflicto de interés. Los políticos corruptos que hoy están presos, se les aplicó la disciplina del régimen en turno y no una ley universal contra la corrupción que castigue a cualquiera sin importar nombre, apellido o pertenencia a grupos políticos y empresariales.
 
PRI, PAN, PRD y sus partidos satélites tienen la principal responsabilidad de la imposición del ilegal y destructor derecho a la corrupción. Estos deberían estar sujetos a la sociedad civil, no a la sociedad civil mal hecha y camuflada (al fin y al cabo empresarios) como la que organiza foros nacionales a lado de los gobiernos en turno. Son necesarios grupos sociales con demandas claras no negociables frente al gobierno y partidos políticos, Omar García (normalista de Ayotzinapa) y el grupo social que dirige, por ejemplo, ha dado buenas señales de propuestas y acción no sujetas al visto bueno del gobierno ni de los partidos.
 
2015 con sus elecciones y campañas políticas (como lo dijo Sergio Aguayo, “el festival del cinismo”) pinta difícil para los ciudadanos hartos del derecho a la corrupción de políticos y empresarios, este Leviatán no ha sucumbido ni ha sido dañado en su estructura fundamental pese al descontento social multitudinario, solo ha salido a la superficie para seguir defendiendo su fuente de control, su fuente patrimonial y su conquista, el derecho a la corrupción.
 
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