Arturo Mora Alva


Problemas de Gobierno
01/Diciembre/2014

El anuncio hecho el pasado jueves por parte del Presidente de la República, para informar sobre las estrategias para fortalecer la legalidad y la justicia en México, son sin duda buenas intenciones, pero a su vez que quedan fuera de foco, al no reconocer con una mirada de Jefe de Estado que los problemas que tenemos son de diversos órdenes y naturaleza y que se requieren medida de y acciones de Estado, de amplio y profundo impacto y en un horizonte de mediano y largo plazo, con una clara convicción en la democracia.
Las medidas presentadas se dan en el contexto social de descontento social y ante un amplio reclamo de seguridad y justicia. A las que se suma el tema de la desconfianza y la critica que ha sufrido ante la falta de transparencia. El escándalo de la “casa blanca”, a la par de la torpe estrategia de comunicación social seguida desde Los Pinos,  del cual se le van encontrado más conexiones con el dueño de la constructora Higa con claros  tintes de un conflicto de intereses ha puesto en escrutinio a la figura presidencial.
Son claros los problemas que se tienen. La impunidad por ejemplo: 2 de cada 1000 delitos denunciados llegan a sentencia en el sistema judicial. No hay un aparato de administración e impartición de justicia que funcione profesionalmente, que cuente con sistemas de información, bases de datos, con procesos de investigación forenses de alto nivel, con sistemas y protocolos para las investigaciones de criminales que por oficio le corresponde realizar, no se tiene un sistema integral de información nacional confiable sobre delitos, personas sentenciadas, procesadas, antecedentes penales, un registro de los policías dados de baja después de no aprobar  las pruebas de confianza, etc. Poner la culpa de lo que pasó en Iguala en los municipios y en las policías municipales es negligencia e ignorancia.
Si nos acercamos al tema  de la readaptación social de presos y sentenciados, sabemos de las historias de corrupción y de maltrato que se dan en los diversos reclusorios, estatales y federales, sabemos también que más 75%  de la extorsiones telefónicas se realizan desde los centros penitenciarios. Esa es una realidad que por ahora el ejecutivo dejó de lado en la estrategia anunciada.
La desconfianza en las instituciones del estado mexicano, en los políticos, en las y los legisladores, sean las y los  diputados o senadores, está documentada en muchos diagnósticos, el último que es el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, es contundente, y pareciera que se difunde y se promueve el conocimiento de los datos que arrojó, pero se percibe que no es leído y mucho menos entendido por la élite política que gobierna el país, además de estar sobre diagnosticado como lo afirmó el propio Presidente hace ya dos años cuando tomo posesión en el cargo.
Así, las medidas anunciadas son propuestas que están fuera de la realidad. Hay sin duda buenas intenciones, pero lo que está ausente por donde se quiera ver y evaluar, es la autocrítica por parte del gobierno y general de los funcionarios públicos de alto nivel, así como de los propios partidos políticos, que han entrado en un juego de intereses que no les permite ver y sentir los problemas del día a día de la población.
El sistema económico impulsado con especial fuerza desde 1988, va mostrado que lejos de atender el problema estructural de la pobreza, del desarrollo social y económico de México, el país se encuentra sumido en la pobreza, con severos agravios a la población de zona geográficas muy amplias del país, el mismo gobierno federal actual, ha tenido que volver a maquillar los programa sociales de transferencias monetarias focalizadas y ahora presentarlos como el programa “Prospera”, que “ahora sí” va remediar las grandes y groseras brechas sociales del desarrollo.
Es claro que se requiere un Estado fuerte, sólido, profesional, honesto, transparente y que rinda cuentas de cara al pueblo. Es claro que se requiere que la Constitución se respete y de certeza jurídica a la población y está claro que los derechos consagrados en la Carta Magna, son eso derechos, no son favores o privilegios para unos. Está claro que participar en el gobierno es ostentar el poder, sino asumir la responsabilidad del servicio público en favor del bien común y de los intereses y necesidades de la comunidad nacional. Está claro que la democracia tiene su componente electoral, pero si no va acompañada de una democracia participativa desde la basa, la democracia representativa, pierde su sentido social y político.
Así, las medidas de esta estrategia, nacen estigmatizadas por la duda y la desconfianza. Nacen sin tener una argumentación efectiva y sustentada, pasando a ser de alguna manera, “refritos” de programas e iniciativas hechas por anteriores gobiernos en los últimos 30 años. Otros son ideas fugaces propias de la ocurrencia, otras más son medidas obligadas que el gobierno ya había asumido a través de la firma de diversos convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y que ahora ante las tristes circunstancias el gobierno  se ve precisado a poner en práctica.
El presidente puede iniciar con el ejemplo y con ello empezar a tejer algo de confianza en él y en su gobierno. Podría por ejemplo explicar el origen de su patrimonio con claridad. Podrías explicar el uso de los apoyos y recursos del Grupo Higa, cuyo dueño es el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Podría por ejemplo explicar las razones de la cancelación del contrato de la construcción del tren rápido México-Querétaro.
Si el presidente quisiera podría poner el ejemplo, así como todo su gabinete y con ello demostrar todo lo que hemos alcanzado como sociedad y economía como lo afirmó,  entonces podría poner el ejemplo, así toda la clase política viajaría de forma cotidiana en el transporte público, podría recibir atención médica en las clínicas del IMSS o del Sector Salud y enviar a sus hijos e hijas a que asistan a escuelas públicas a recibir educación.
El gobierno está haciendo una mala lectura de la realidad social, económica y política. La ausencia de evaluación y autocritica es la constante. Se ve que está siendo un gobierno que se encapricho en sacar como fuera las reformas estructurales como única estrategia para el desarrollo del país y como referente del éxito político, y que ahora, si vemos con atención los discursos de la clase política, lamentablemente, se llena de soberbia y con ello se confirma la ceguera y se da paso al autoritarismo.
Nos falta mucho por resolver,  pero si se quiere resolver parte de los problemas que tenemos como nación, sólo desde el gobierno, sin un ejercicio social de construcción de soluciones desde la base, sin  un fin social de servicio y bienestar para la población abierto y transparente, y con la ausencia de la responsabilidad de las y los servidores públicos y de las y los legisladores, de las y los jueces y magistrados, los problemas seguirán y serán más graves.
 
 
 
 
 
 
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