David Herrerías Guerra


Una nueva Ley de Participación Ciudadana
21/Febrero/2013
Cuando el padre de familia se entera de que su hija ya empezó a salir con un mozalbete –indigno de ella, por supuesto – decide entonces establecer las reglas: “antes de las 10 de la noche, por favor, y te acompaña tu hermanita; sólo tres veces a la semana, y me dicen qué película van a ver”. Toda la normativa, frente al hecho consumado, está pensada más para inhibir la relación que para fomentarla, desde luego. Trata de encausar algo que, muy a su pesar, ya está sucediendo.
Así nos pasa en la sociedad con las leyes: hay unas pensadas para regular y a la vez fomentar alguna actividad social, pero las hay también que parecieran rendirse de mala gana ante lo que sucede y sólo atinan a encausar y si se puede, obstaculizar un poco.  Tal es el caso de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. Se hizo porque había que dar cause a las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, pero no está interesada, en lo más mínimo en fomentar la participación.
Por ejemplo, establece que si usted como ciudadano quiere presentar una iniciativa popular para que el Congreso del Estado la vote, deberá presentar las firmas de un número de ciudadanos equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, que en estos momentos serían unos 120 mil. Pero además, cada firma ¡debe ir acompañada de la fotocopia de la credencial de elector! Este número es absurdo, porque ningún diputado en el congreso local tuvo tantos votos. El que más obtuvo, distrito 4 de León, contabilizó la mitad – 64 mil votos – . El que menos, de Acámbaro y anexas, sólo una cuarta parte, 29 mil. Estos diputados pueden presentar iniciativas y votar en el congreso sin necesidad de presentar copia de la credencial de elector de sus sufragantes.
Respecto al plebiscito, se establece que para que el resultado sea vinculante, debe tener, a nivel estatal, casi 2 millones de votos, el doble de los que Miguel Márquez necesito para vencer a sus contendientes. Pero el problema principal está en lo que no está. La ley no define ni reglamenta la participación ciudadana en otros espacios, como la contraloría social, los derechos humanos, el desarrollo social, etc.  
Tampoco establece lineamientos que puedan crear un marco normativo más homogéneo para los Consejos de participación en las instancias descentralizadas. En la legislatura anterior se hicieron reformas a la Ley Orgánica Municipal, pero evitaron entrar a fondo en su revisión. Propuesta Cívica entregó a la administración municipal anterior un análisis, pidiendo que el Ayuntamiento lo discutiera y nos ayudara a impulsarlo a nivel estatal. Ahí planteábamos que debiera dedicarse en la LOM o en su caso en la Ley de Participación, un capítulo específico para los consejos ciudadanos.  La falta de definición de esta figura de participación ciudadana, distinta de las asociaciones de habitantes o comités de colonos sí contempladas en la actual LOM, ha llevado con el paso de los años a un muy dispar desarrollo de estas instancias en cuanto a sus ejercicios o experiencias de planeación, gestión de recursos y transparencia, y en casos extremos a la captura de estos espacios de participación por sectores específicos de la sociedad como los empresarios en detrimento de otros organismos o ciudadanos.
Se necesita regular, respetando las especificidades de cada consejo y las diferencias de escala municipal, los criterios de elección y renovación de sus integrantes para fomentar relevos escalonados y elección de consejeros pública y transparente. Se debe normar la renovación para que la duración de los consejeros en su encargo se estandarice y de preferencia no coincida en su totalidad con los tiempos de una administración municipal, a fin de que los Consejos ayuden a la transición de programas y políticas públicas entre una administración y otra. Se debe establecer con claridad en la Ley normas mínimas de funcionamiento que garanticen su autonomía, capacitación a consejeros, representatividad social, contacto efectivo con los ciudadanos y transparencia de decisión. Esto abarca desde la obligatoriedad de difundir las fechas y temáticas de sus sesiones, registrar y hacer públicos sus debates y votaciones y rendir informes de sus trabajos. Así mismo se deben establecer con claridad cuáles son las responsabilidades, derechos y limites a los que se sujetan los Consejeros. 
Tampoco está normada en la Ley la responsabilidad del Estado y Municipios respecto al fomento de organizaciones de la Sociedad Civil. Aunque algunos tienen municipios tiene programas específicos, no hay nada que los obligue.
El martes pasado se instaló el Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato, el máximo Consejo Ciudadano de Evaluación Gubernamental de nuestro Estado. Este ambicioso proyecto busca integrar, promover y coordinar la participación ciudadana, evaluar a los múltiples consejos ciudadanos que ha creado la administración estatal, determinar acciones de contraloría social y apoyar a la Secretaría de la Transparencia, entre otras cosas. En la presentación invitación que nos hicieron llegar a quienes fuimos invitados a formar este nuevo consejo se establece la necesaria modificación a la Ley de Participación Ciudadana. Si uno de los subproductos del Consejo fuera el impulso a una nueva Ley en el Estado, con eso, valdría la pena participar. (david@propuestacivica.org.mx)
 
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