David Herrerías Guerra


Una buena y muchas malas
05/Mayo/2010
La semana pasada recibimos casi simultáneamente dos noticias, una buena y otra mala. Las dos tienen que ver con los derechos humanos de los y las indígenas: Por un lado, con muchísimo gusto, escuchamos de la liberación de Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres del pueblo ñhä-nhú a quienes les habían fabricado el delito de secuestro de unos indefensos y bondadosos agentes de la desaparecida AFI, en Mexquititlán, Querétaro, el 26 de marzo de 2006. Pero también nos enteramos del ataque armado a una caravana de paz que se dirigía a San Juan Copala, pequeña población de 700 habitantes triquis, que ha estado sumida los últimos años en una disputa violenta azuzada principalmente por los intereses de los grandes acaparadores de café y otras cosechas de la zona y por el Partido Revolucionario Institucional.

Todos saben que los culpables del asalto a la caravana en que murieron dos personas y fueron heridas unas 15 más, son los miembros de la organización UBISORT (Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui) que funciona desde los noventa y es la continuación del Consejo Supremo Triqui, típica organización priísta creada para controlar y obtener votos en zonas indígenas. Para sacudirse ese control del PRI y del gobierno, se creó la MULT, que ha recurrido también a la violencia para posicionarse. Entre ambas organizaciones se han disputado el control de la zona, recibiendo alternadamente apoyos del gobierno y los partidos. Parte de esos “apoyos” son armas que les ayudan a intimidar a sus rivales.

En los últimos meses, la comunidad de San Juan Copala, gobernada por el MULT estaba prácticamente sitiada por la UBISORT. Los niños no podían tener clases y la entrada de alimentos estaba muy restringida. Es por esta razón que se organizó la caravana que pretendía romper el cerco y vigilar las violaciones a los derechos humanos en la zona. En una de las últimas curvas antes de llegar al pueblo, fueron recibidos a balazos. Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, había amenazado con detener a toda costa la caravana, y durante las primeras horas posteriores al hecho, dicha organización dio órdenes a la policía para que esta no entrara a la zona del conflicto.

Han muerto decenas de campesinos en la zona, pero ahora es noticia nacional porque entre los que iban en la caravana estaban periodistas, y miembros de organizaciones de derechos humanos. De estos últimos, una mujer de Huajuapan y un finlandés perdieron la vida.

Quizás lo más indignante de este caso lamentable, fue la reacción del inefable gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que en lugar de escandalizarse con el suceso, aprovechó para inculpar al opositor en la lucha electoral y anunció una investigación, no para ver quiénes eran los asesinos (que bien los conoce él) sino para averiguar qué hacían en Oaxaca los extranjeros de la Unión Finlandesa por la Paz.

La Comisión Civil Internacional ha documentado 62 asesinatos políticos en Oaxaca del 2006 al 2008 y la Suprema Corte de Justicia responsabilizó al gobernador de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los conflictos que asolaron a la capital Oaxaqueña en 2006, con la APO. Pero Ulises Ruiz sigue tan campante y se dedica en cuerpo y alma a preparar su sucesión, aprovechando las más viejas y rancias prácticas de compra y corrupción del voto, especialmente en las zonas indígenas, que en Oaxaca son mayoritarias.

Los dos casos, el de las indígenas ñhä-nhú, como el de la caravana, están unidos no sólo por su coincidencia en las mismas páginas de los periódicos, sino por la impunidad que las atraviesa. La impunidad que impera en nuestro país, no sólo tratándose de criminales convencionales, sino, especialmente, cuando se trata de criminales vinculados al poder del Estado. Alberta y Teresa salen después de cuatro años, y es muy remota la posibilidad de que reciban la reparación del daño, si con esto se entiende recibir alguna compensación económica por algo que en realidad nadie podrá restituirles. Pero ¿y los judiciales que fabricaron las pruebas? ¿Y el juez que tan alegremente las sentenció? Juez Cuarto de Distrito que, por cierto, había también condenado a Doña Conchi. Si usted lo recuerda, ella era una defensora de los migrantes que fue acusada por ejercer la caridad con migrantes centroamericanos dándoles algo de comer. Como en cualquier otro crimen que no se castiga, ese juez sigue no sólo libre, sino dictando sentencias absurdas y perversas. ¿Cree usted que vaya a pagar? ¿Cuándo? ¿Cuándo encierre en la cárcel a cuántos más inocentes? ¿Pagará la UBISORT y sus dirigentes afiliados y proveedores de votos del PRI en Oaxaca? Al menos no antes de las elecciones. ¿Y pagará Ulises Ruiz todo lo que ha hecho? ¡Ni siquiera la destitución del cargo o la inhabilitación! Pronto lo veremos de diputado de el nuevo y renovado PRI. david@propuestacivica.org.mx

Publicado en Milenio Diario, León, 5 de mayo del 2010
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