David Herrerías Guerra


¡Ya bájenle!
10/Marzo/2010
La semana pasada escribíamos en este espacio sobre las coincidencias y discrepancias en las propuestas de los partidos políticos para la reforma electoral. Me faltó nombrar una gran coincidencia en todas las propuestas, que tiene mucha importancia y que quise tratar aparte: no aparece, en ninguna de ellas, el asunto de la disminución de sus prerrogativas.

Los más de 3 mil millones de pesos que se otorgarán a los partidos en el 2010 podrían utilizarse, por ejemplo, para incluir a 500 mil familias más en el programa oportunidades o para 600 mil en el seguro popular. Es más del doble de lo que se otorga para 300 mil becas a jóvenes de escasos recursos para educación superior, más de 5 veces el presupuesto de los Institutos Nacionales de Cancerología, Cardiología, Pediatría o Perinatología.

Se ha dicho que el financiamiento público a los partidos es indispensable para el funcionamiento de la democracia. De hecho, cuando el sistema se empezó a abrir a otras alternativas electorales, el financiamiento jugó un papel importante, porque permitió a las fuerzas políticas de oposición competir contra el partido de estado. Pero el crecimiento del financiamiento de 1996 a la fecha ha sido desproporcionado.

Los dos países que tienen un mayor costo por voto en América Latina son la República Dominicana, 89 pesos mexicanos por voto y Panamá 68. México casi las triplica con 224 pesos. Pero si usted cree que la comparación no vale por ser países muy diferentes al nuestro, podemos compararnos con Brasil, 4 pesos; Argentina, 5; Ecuador, 14; o Colombia, 25. Varios de estos países tienen una democracia tan buena o imperfecta como la nuestra.

Varias organizaciones ciudadanas, impulsamos en el 2007 campañas para reducir estas prerrogativas. En la reforma de ese año, los partidos nos dieron atole con el dedo. Cortaron los flujos excesivos de dinero que paraban en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo elevaron a rango constitucional una fórmula para asignarse su porción del pastel que no ha hecho sino aumentar: En 2007, antes de la reforma, recibieron $ 2,704 millones; en 2008, $ 2,718 millones; en 2009, $ 3,633; y en 2010, $ 3,012 millones. Lo peor del asunto es que esto ya no incluye los gastos del IFE en medios electrónicos y lo que se les entrega además en los 32 estados de la República.

La fórmula que fijaron el Constitución, para que no estuviera sujeta a los vaivenes de los ajustes presupuestales dice: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”. Baste recordar que el padrón electoral, de casi 78 millones de mexicanos es mayor que la cifra que reporta el INEGI de mayores de 18 años. Como esta fórmula está en la constitución, puede castigarse el presupuesto para salud, educación, prevención de desastres; pero nunca el de los partidos.

Más allá de lo inmoral de una desproporción de esta naturaleza en un país con 40 millones de personas en situación de pobreza, vemos que el dinero no ha servido para tener partidos fuertes y confiables, sino que ha fomentado la corrupción y la perversión de sus fines.

En el 2009, a iniciativa de Alianza Cívica, Propuesta Cívica y la Asociación Nacional Ciudadana (ANCA), se relanzó la campaña para pedir a los diputados la reducción de este financiamiento, enviando más de 30 mil correos a diputados y senadores. En noviembre de 2009 el Senador del PRD Tomás Torres, introdujo una iniciativa que retomaba lo que las organizaciones de la sociedad civil proponían recibiendo inmediatamente adhesiones de varios legisladores de distintos partidos.

La propuesta de modificación a la Constitución es una fórmula muy simple: Que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fije anualmente, multiplicando el número total de votos válidos de la elección anterior por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El cambio es sencillo: tomar los VOTOS VÁLIDOS en lugar del padrón electoral como medida. De aprobarse, se reduciría el financiamiento a cerca de la mitad de lo que reciben actualmente, pero además los partidos estarían más comprometidos con vencer la abstención y el voto nulo tendría un mayor peso político como vía de expresión de la ciudadanía.

La iniciativa está en el Senado. Si queremos que prospere tenemos que actuar como ciudadanía. ¿Qué hacer? Escribir a sus legisladores pidiéndoles que apoyen la iniciativa y entrar a la página http://www.yabajenle.org.mx y adherirse. Nadie suelta prenda sin un poco de presión. david@propuestacivica.org.mx

Publicado en Milenio, León, 10 de marzo 2010

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