David Herrerías Guerra


Deschatarrización de las escuelas
14/Julio/2010

En el mundo moderno, si usted quiere convencer a alguien sobre la importancia de cualquier asunto, le tiene que demostrar lo caro que es para nuestra economía.  Si alguien quiere justificar las medidas para establecer zonas libres de humo, no tiene que apelar a la salud de los no fumadores que se compran posibles enfermedades, sino a lo costoso que es para nuestro sistema de salud atender a tanto fumador empedernido con pulmones agujereados. Por eso no nos debe extrañar que el Doctor Córdova, para justificar la normativa que pretende regular la venta de alimentos en las escuelas, no sólo nos recuerde que en México 42.5 millones de adultos mayores de 20 años padecen obesidad y sobrepeso, sino que esto “representa una inversión directa para el sector salud de 42 mil millones de pesos, debido a la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas vinculadas con esta pandemia, a lo que se suman 25 mil millones de pesos adicionales en gastos para las familias”. 

No creo que el Doctor Córdova piense que lo importante en el problema de la obesidad infantil es el dinero que nos cuesta, sino los problemas que los millones de gorditos tendrán cuando sean gordotes; su dolor y limitaciones. Aunque nos saliera gratis, la salud de cualquier niño es una razón suficiente para intentar algo. Me imagino que pensará eso el Doctor, o eso espero. Pero hay que entender que los datos que dio nuestro Secretario de Salud eran respuesta a las objeciones de las compañías que producen los ahora indiciados alimentos chatarra y de la Coparmex que aseguran que las medidas  afectarían “severamente a la industria de alimentos procesados, de la que depende aproximadamente 4.5 por ciento del producto interno bruto y 13 por ciento de los empleos en el país”. También alegan estas empresas que las medidas de todos modos son insuficientes y que el problema está en la educación, no en prohibir los alimentos que ellos producen y venden.

Ciertamente, el problema de la obesidad es mucho más complejo y la prohibición no lo resolverá por sí misma. Tienen razón las empresas en que la parte medular del problema es educativa. Lo que les falla a estos señores, es que imaginan que se puede mostrar a los niños en el aula el plato del buen comer y hablar de las bondades de las frutas y verduras y afuerita, apenas saliendo a recreo, compartir con su profe exactamente todo aquello que el plato del buen comer no incluye. Precisamente porque hablamos de educación, es tan importante que sean las escuelas las que lideren un cambio, que deberá desde luego estar acompañado por los cambios en las familias. Un cambio que no tiene que ver con los contenidos a enseñar que desde hace muchos años se vienen dando, sino con el ejemplo y la congruencia.

También es verdad que eso no basta. Pasa también por los hábitos de ejercicio y porque habrá que regular pronto el correcto etiquetado y publicidad de muchos productos. Es claro que son los padres los que podrán meter en la lonchera de los hijos esos productos engordantes, en muchos casos, porque algunos de estos se presentan como nutritivos y saludables cuando no lo son. Los cereales e incluso productos de soya con altos contenidos de azúcar son vendidos a los niños como alimentos que los harán más fuertes sin que nadie regule esto en la publicidad. Cada año la televisión emite 20 mil anuncios dirigidos a la población infantil; en 8 mil se promueve el consumo de productos con alto contenido calórico, como las golosinas. Cada día, en promedio, un niño ve en la tele 61 anuncios, muchos de los cuales mienten, pues no producen los efectos milagrosos que prometen.

Tiene razón la Coparmex en que esto podría afectar los empleos de sus industrias, pero como contraparte, al fomentar el consumo de alimentos más naturales, estos empleos se recuperarán en lo local: ganarán más los productores de alimentos más cercanos a los centros escolares, lo que ayudará a que los recursos de los niños no salgan de su comunidad. Se seguirá consumiendo, por lo que no habrá pérdidas generales, sino un cambio en el destino de los recursos.

Como sea, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) está recibiendo opiniones sobre la Norma que elaboraron conjuntamente la SEP y la Secretaría de Salud. Pepsico, Coca Cola, Danone, Unilever, Nestlé, Bimbo y Kraft, entre otras están intentando bloquear la iniciativa porque es evidente que durante muchos años han hecho un buen negocio vendiendo alimentos y bebidas que en una sola ración cubren casi totalmente el requerimiento diario de azúcar de un niño. Este caso ilustra algo que es frecuente en México: no logramos establecer leyes de beneficio colectivo porque los intereses de unos cuantos las bloquean. Es importante que los ciudadanos impulsemos estos cambios, por pequeños o insuficientes que parezcan. En la página de la organización El Poder el Consumidor podemos encontrar mucha información al respecto y escribir desde ahí a la Cofemer, que seguirá recibiendo comentarios hasta el 18 de julio.

 
 (Publicado en Milenio Diario, León, 14 de julio del 2010)

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