David Herrerías Guerra


Poco raiting, mucha importancia
02/Junio/2010
No me cabe la menor duda que el potencial lacrimógeno de la injusta baja de Jonathan Dos Santos es mucho mayor. Tampoco que la octava vuelta al caso Paulette pueda todavía cosechar algunos puntos de rating más. Ni qué decir de todo lo que se pueda hablar sobre el mundial y sobre cómo la patria completa se encuentra vestida de verde y comprometida en las inhóspitas tierras sudafricanas. Pero, humildemente, hay otro partido que se va a jugar en el Congreso del Estado en estas fechas y que merecería un poco de nuestra atención: la reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (LOM).

La Comisión de Asuntos Municipales abrió un espacio para recibir aportaciones que permitan reformar esta ley. A pesar de que la mayor parte de la ciudadanía ignora su existencia, esta ilustre desconocida reviste muchísima importancia. Los municipios son, a fin de cuentas, el contacto más real y cotidiano del ciudadano con sus gobernantes. Es el Ayuntamiento y las dependencias de este nivel las que en muchos sentidos procuran los servicios que nos hacen la vida llevadera en la vida diaria. Y la LOM es el documento que establece la estructura básica; funciones y obligaciones; límites y atribuciones de los funcionarios de estos municipios.

En esta reforma podemos avanzar hacia municipios más democráticos, cercanos a la gente o acentuar el verticalismo y la lejanía de las necesidades populares. En la página del Congreso podemos consultar tanto la LOM actual como tres documentos más. Dos son las propuestas de PRI y PAN y un tercero, las propuestas de unos foros de consulta llevados a cabo por la comisión.

Los documentos de los partidos presentan sendas modificaciones en puntos específicos, mientras que el documento de los foros resume propuestas que tocan ítems diversos con sentidos diferentes.

La propuesta del PRI tiene que ver con la representatividad en los Ayuntamientos. La actual LOM ubica a los municipios en tres grupos diferentes, de acuerdo a su tamaño y a su importancia económica y con base en ello define el número de regidores y síndicos que debiera tenerse. Pero esa forma ha generado una sobrerepresentación en algunos municipios y en otros, como León, una subrepresentación. El PRI propone entonces establecer un criterio más claro en función del número de habitantes. De aprobarse esa moción, León aumentaría de 12 a 16 regidores. Si se sigue la forma de elección actual, eso podría abrir la representación a partidos minoritarios en el Ayuntamiento, aunque los acuerdos y decisiones con un grupo mayor se podrían complicar.

La propuesta del PAN es mucho más discutible, porque propone modificar la forma en que se nombra el Contralor Municipal. En la LOM actual, la primera minoría propone una terna y el Ayuntamiento elige entre ellos. La razón de esta forma de elección es obvia, porque si un contralor es el encargado de examinar las cuentas y los gastos municipales, conviene que no sea un incondicional del presidente. Pero los diputados del PAN ven en la función del contralor más la de un aliado del edil en turno que lo prevenga cuando se empiece a salir de la raya. Visto así, mejor que nombre a alguien de su confianza, pero visto desde la ciudadanía perderíamos un elemento de fiscalización que no es poca cosa. Arguyen los diputados que su nombramiento, como el de otros funcionarios, debe caer “en la esfera estrictamente administrativa, desvinculándolos del contenido político que no les es propio”. Aquí habría que recordarles, que lo administrativo y lo político, en una entidad pública nunca se pueden separar. Puede ser que se deban discutir las funciones estrictas del Contralor de forma que, en la línea de lo que ellos arguyen, no se convierta en un instrumento lastre, que se empeñe más en obstaculizar que en garantizar que las cosas se hagan con limpieza. Pero de ahí a convertirlo en un asesor jurídico del Presidente hay un salto grande.

Sorprende hasta ahora que sólo esos dos aspectos estén presentados por los partidos, pero en las propuestas de los foros hay muchos más a discutir. Desde nuestro punto de vista hay un gran vacío en la LOM respecto a los consejos ciudadanos. No aparecen claramente ni se establece su obligatoriedad. Siguen sujetos a la buena voluntad de los Ayuntamientos, y no se reglamenta nada sobre su funcionamiento. Es un tema complejo por la desemejanza de los municipios, pero se podría establecer la exigencia legal de abrirse a la participación y contraloría social en al menos algunas áreas de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Como en otros casos, la discusión está abierta, pero hace falta que los ciudadanos empecemos a decir lo que pensamos y a presionar para el marco legal obedezca a nuestros intereses. Dígales algo, entre a la página del Congreso y participe.
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