David Herrerías Guerra


¿A qué se comprometen?
23/Abril/2015
La semana pasada la organización civil Observatorio Ciudadano de León llevó a cabo un evento que resulta todavía inusual en la política mexicana: convocó a los candidatos a la alcaldía a firmar un documento que contiene una serie de compromisos de los aspirantes con León, en caso de resultar electos. (www.ocl.org.mx/destacado/compromisos-por-leon/)
 
En esta democracia inmadura en la que los políticos, más allá de la retórica, están acostumbrados a decidir y hablar más que a escuchar y obedecer, la propuesta pareció a muchos comentadores desmedida o cuando menos, extraña.  ¿Tiene un grupo de personas la potestad de sentar a los candidatos en una mesa y conminarlos a firmar esos compromisos? ¿esos ciudadanos representan a toda la ciudadanía? Cualquier mexicano tiene, desde luego, el derecho de invitar a los candidatos y la fuerza que puede tener esta convocatoria tiene que ver, desde luego, con la capacidad de gestión, peso y habilidades políticas del grupo de ciudadanos convocante. Desde luego que ningún grupo de la sociedad civil se puede sentir representante de toda la sociedad, pero eso no le toca decidirlo a la agrupación en sí, sino a los demás ciudadanos y ciudadanas que se sentirán o no representados por ellos en esta petición. En este caso, el Observatorio logró una gran notoriedad en amplios grupos sociales, en los medios y una respuesta muy positiva de los candidatos: solo faltó el candidato del PRI-Verde-Nueva Alianza.
 
La carta en la que el Doctor Córdova se niega a firmar el documento es un poco farragosa, pero en resumen expresa que no se puede comprometer a firmar cosas que ya están contempladas en la ley: nadie debería firmar – según esta línea de argumentación – que se compromete a no matar a nadie, porque daría la impresión de que para cumplir con ese mandato básico se deben firmar compromisos extra. A esta argumentación tan débil se añadieron algunas explicaciones que dio uno de sus abogados en el portal de internet Zona Franca: mencionó algunos excesos de la propuesta, como el hecho de pedir la promesa de durar los tres años en el cargo; pedir un “número récord en obras de infraestructura social” y la propuesta #3de3, que se toma del movimiento nacional que exige a los candidatos declaración patrimonial, declaraciones de impuestos de 5 años y declaración de conflictos de interés. En esas tres cosas que mencionó el abogado están seguramente las razones de la negativa. Ninguna de las cuales, por cierto, está contempladas en la ley.
 
Respecto a la propuesta de estar tres años, hemos hablado en otras ocasiones: tres años de gobierno es tan poco tiempo que hasta se vio bien la reelección de los alcaldes; en dos años las cosas quedan truncas. Es bueno saber si una persona quiere usar la alcaldía para brincar a la gubernatura o a una diputación, o si en verdad se quiere comprometer con el municipio. Más allá de la firma o no del documento, y dado que legalmente puede aspirar a solo dos años de presidencia, el Doctor debiera aclararnos eso, para incorporarlo como un elemento de decisión. Respecto al compromiso con las construcción de obras sociales, es claro que nadie se puede comprometer a romper un record de inversión cuando gran parte de esos recursos dependen del dinero de la Federación y del Estado. Pero se entiende que, de lo que se trata, es de priorizar las obras en los polígonos de pobreza por encima de otras menos urgentes. Si se necesita precisar sería bueno que el Doctor nos dijera a qué sí se compromete en este sentido.
 
La declaración #3de3, ha sido impulsada por Transparencia Mexicana y el IMCO y pide tres cosas, que aunque no estén estipuladas en la ley, deberían estarlo en el corto plazo. Hay mucha resistencia a presentar estas declaraciones, pero las personas que aspiran a un puesto público deben entender que, dado que van a vivir del dinero público, gran parte de su actuar y de su persona se convierten también en públicos. Nadie los está obligando a luchar por esos puestos. Si quieren vivir en lo oscurito, están a tiempo de poner un negocio personal en el que no le tengan que rendir cuentas más que a su cónyuge, y eso no siempre... cada quien.
 
La declaración patrimonial es esencial para poder vigilar que el patrimonio de los servidores públicos crezca en correspondencia con el salario que les pagamos. A la fecha, solo 8 gobernadores en el país han hecho pública su declaración patrimonial. Las declaraciones de impuestos sirven para ver si el servidor que va a vivir de nuestros impuestos, ha pagado también sus contribuciones, una forma elemental de legalidad y justicia. Solo se les pide el acuse de recibo del SAT. No creo que haya un solo ciudadano que aspire a dirigir un municipio que no sea un contribuyente cumplido... ¿o si?
 
Finalmente la declaración de intereses: se trata de indicar qué conflictos de intereses pudieran surgir en el ejercicio del cargo, por la pertenencia a consejos directivos de empresas, por inversiones que se tengan, por propiedades, relaciones, etc. Los convocantes a la iniciativa #3de3 ofrecen formatos claros y sencillos que pueden ser llenados por los aspirantes.
 
Es verdad que firmar estos compromisos es más fácil para los candidatos que tienen pocas probabilidades de ganar que para los posibles triunfadores. Y también que la tribuna que ofreció el Observatorio no es el único lugar para hacer públicos los compromisos con la ciudadanía. Pero si no se hizo ahí, valdría la pena expresar en otro lugar su posición al respecto.
 
Tenemos derecho como ciudadanos a exigir compromisos de trabajo y conducta, como se los pediríamos a cualquier persona a la que le fuéramos a confiar la conducción de algo tan preciado como nuestra ciudad y a la que estuviéramos dispuestos a pagarle tanto dinero.
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