David Herrerías Guerra


Un pacto, un acuerdo, pero con otros pactantes
06/Noviembre/2014
La semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a construir un nuevo pacto, “orientado a fortalecer a las instituciones del Estado Mexicano”. “Un Pacto que permita concretar – dijeron –  avances en asuntos tan relevantes como la seguridad, el Estado de Derecho, la justicia, el combate a la corrupción e impunidad y la democracia”. De entrada los Partidos Políticos y hasta el Presidente de la República se sumaron – con sus acentos – a la idea. Sin embargo, muchos analistas no han recibido la iniciativa con tanto entusiasmo. Y es natural: apenas escuchar en voz de las dirigencias partidarias y el Presidente la palabra “pacto”, como que da – cuando menos – flojera. 
 
No me queda la menor duda de que la crisis que estamos pasando pide una reacción de la sociedad que debe trascender las manifestaciones de repudio o la petición de renuncias. Hace falta algo – que no quiero llamar pacto por lo barata que resulta hoy esa palabra – pero que nos debe ayudar a encontrar caminos diferentes. Una asamblea nacional... un acuerdo... llamémosle provisionalmente “Acuerdo”.
 
¿Quién puede o debe convocar a ese Acuerdo? ¿Quién debe formar parte? ¿Quién debe dirigir el proceso? Es claro – para la mayoría de los mexicanos – que los partidos políticos y el gobierno, en casi todos sus niveles, son ahora parte del problema. En todas las encuestas sobre confianza en las instituciones, los últimos lugares los ocupan los partidos, los diputados y los senadores; aún antes de Iguala. La convocatoria para un Acuerdo Nacional no puede provenir de ellos, porque sería un Acuerdo que nacería muerto el mismo día en que César Camacho, Ricardo Anaya y Carlos Navarrete se tomaran la foto con el Presidente. Po otro lado, en el grupo de las instituciones mejor evaluadas en la mayor parte de las mediciones, están el ejército (que por obvias razones no puede convocar) las universidades, las iglesias y la Radio. Me gustaría ver a Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui, por ejemplo, sentados en la misma mesa, convocando juntos, ya que al ponerse de acuerdo podrían empezar a dar el ejemplo. También algunas universidades públicas podrían trascender los actos y paros simbólicos para convocar y guiar un proceso de análisis y construcción de propuestas.
 
Los partidos políticos, el Congreso, el Presidente, por supuesto que deberán formar parte de un trabajo colectivo como éste. Pero la convocatoria y la conducción deberá estar en manos de otros y otras. Debe ser una discusión que pueda poner en la mesa de disección a las instituciones actuales, con la libertad necesaria para profundizar en el proceso democrático que no hemos sido capaces de llevar a cabo hasta ahora.
 
Un proceso que debiera ser financiado con fondos públicos (los partidos generosamente pueden ceder parte de sus prerrogativas para tal efecto) y con la garantía de que los acuerdos serán respetados por las instancias públicas encargadas de llevarlos a cabo y el compromiso de las organizaciones civiles, empresariales, gremiales, sindicales, de trabajar en tal sentido. Al final las propuestas se deberán concretar en acuerdos sociales y quedar sedimentadas en leyes a través de nuestros representantes formales.
 
Tal acuerdo nacional debiera escoger un pequeño grupo de temas, los centrales, los que pongan la base para una nueva forma de funcionar. Corrupción, impunidad, democracia, justicia y equidad, pueden ser un punto de partida, pero definirlos será la primera tarea de los convocantes. Lo importante es que se abarquen pocos temas y que parte del acuerdo, de entrada, sea posponer las luchas particulares de las organizaciones y actores políticos. Un Acuerdo de mínimos: se trataría de reconstruir las reglas para tener un terreno más parejo en el que se puedan dar las otras luchas en una arena realmente democrática, equitativa y segura. Se tiene que evitar a toda costa que el espacio se convierta en una disputa por conquistas temáticas, de grupo, por muy legítimas que estas sean. Tendremos que ser capaces de posponer nuestras otras urgencias para construir los cimientos que las hagan posibles en el futuro.
 
No se puede llamar Acuerdo Nacional si es un arreglo cupular y mucho menos si lo deciden los que nos han llevado a la situación actual. Tampoco pueden ser ideas de cambio cosméticas, listados de buenas intenciones. Tienen que ser compromisos que surjan de discusiones profundas y que puedan remover las raíces de nuestros desencuentros. Tienen que incluir, especialmente, la visión de las víctimas. No sólo de las víctimas recientes de la violencia armada, sino de las víctimas de las decisiones político económicas que las mantienen en la pobreza y la marginación.
 
Desde el principio se deberá contar con el compromiso de los gobernantes actuales de garantizar que, acuerdos así construidos, no de la noche a la mañana sino madurados y discutidos con suficiencia, puedan convertirse en leyes y obligaciones concretas para los que, por nuestro mandato, gobiernan.
 
Y al final, cuando haya cesado la violencia: el perdón. El perdón que no es olvido ni impunidad pero nos aleja de la venganza y la justificación de la nueva violencia. Se perdona, incluso lo imperdonable, porque sólo desde ahí se puede construir la paz duradera, la interior y la comunitaria.
 
Vamos por ese gran Acuerdo; desde la sociedad civil, con el gobierno. ¿Por dónde empezamos?
 
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